Profesor de Derecho Penal de la Usal
Durante estos días se está votando en el Congreso de los Diputados la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Con un enorme retraso, debido a que el grupo mayoritario de la Cámara Baja, el PP, no ha tenido los apoyos suficientes para aprobar las cuentas del Estado del presente ejercicio económico.
Esto, que suele ser normal en países donde no existen mayorías absolutas en las cámaras legislativas, en España es algo nuevo (sobre todo para el PP, acostumbrado a gobernar con holgadas mayorías absolutas). Y, hasta cierto punto, es infinitamente más democrático y respeta mejor la diversidad de los distintos grupos parlamentarios que representan la voluntad de los ciudadanos españoles. Rajoy, que no se cansa de proclamar que están llegando a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, parece que ha olvidado que hace tan sólo dos años y durante todos los ejercicios presupuestarios de la legislatura 2011-2015, despreciaba sistemáticamente las aportaciones de los grupos políticos de la oposición, imponiendo su criterio en función de sus intereses exclusivamente partidistas, no teniendo en cuenta las exigencias de una parte importante de la ciudadanía que no le había prestado apoyo electoral.
Lo sorprendente de la tramitación y aprobación de los presupuestos de este año es que el apoyo de los cinco diputados del PNV puede ser excesivamente oneroso para el Estado y notablemente perjudicial para las inversiones en otros territorios del país diferentes a Euskadi. Las cantidades que beneficiarán al País Vasco en relación con otras Comunidades Autónomas y Regiones son notablemente elevadas (se habla de 4.245 millones de euros) que es, por ejemplo, la mitad de todo el presupuesto de la Xunta de Galicia para 2017. Pero las cantidades no se quedan ahí, puesto que también han acordado las autoridades del Estado y del PNV rebajar el denominado "cupo vasco". Recordemos que el cupo vasco es la aportación de esta Comunidad Autónoma (que recauda todos sus impuestos) al Estado por los servicios que la Administración Central presta en Euskadi, es decir, por las competencias no transferidas. Esta rebaja del "cupo vasco" supondrá un ahorro considerable para las arcas del País Vasco. No sólo va a recibir más dinero esta Comunidad Autónoma de los presupuestos del Estado, sino que también va a aportar menos dinero a las arcas públicas del Estado. Le van a salir muy caros al gobierno de Rajoy los cinco votos que el PNV le presta al PP para la aprobación, en la Cámara Baja, de los presupuestos de 2017.
En cambio, algunas provincias, como la de Salamanca, recibirá migajas, como siempre. Ni siquiera habrá dinero para terminar los 7 kilómetros que faltan en la Autovía A-62 en Fuentes de Oñoro para llegar a Portugal. No hubiera estado mal que los diputados y senadores del PP de nuestra provincia hubieran negociado con su propio partido, presionando con su voto para que se destinaran más inversiones en la provincia de Salamanca. Pero esto es impensable, porque la disciplina de voto no la van a romper unos parlamentarios, que lo harían si tuvieran mayor interés por las necesidades provinciales que por las exclusivamente partidistas que les imponen desde Génova 13. Además, estamos a las puertas de la celebración del octavo centenario de nuestra Universidad de Salamanca, en 2018, motivo más que suficiente para que las inversiones del Estado en Salamanca fueran muy superiores a las de otros años.
El Sr. Rajoy, su gobierno, los parlamentarios del PP y los ciudadanos que han apoyado a este partido deberían reflexionar y recordar que en los años del gobierno Zapatero salían a las calles en concentraciones masivas denunciando que el gobierno de turno estaba "vendiendo España" a los intereses de Cataluña y del País Vasco. No olvidemos las grandes manifestaciones convocadas por el PP contra la entrega de papeles del archivo de la Guerra Civil a Cataluña o en contra de las negociaciones con ETA, en las que se acusaba al gobierno de ser más condescendiente con los terroristas que con las víctimas y que se estaba entregando España a los intereses secesionistas vascos y catalanes.