Las ramificaciones de la "operación Lezo" en Castilla y León ya no se limitan al conocido empresario burgalés Jesús Arranz Monje, apoderado del grupo Arranz Acinas, cuyas oficinas fueron registradas la pasada semana por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la GuardiaCivíl. Según fuentes de la investigación, las pesquisas se centran en la actividad de una de las empresas del grupo, la denominada J Dos Tres A, de la que Arranz Monje es consejero y su pariente Ángeles Monje Gutiérrez administradora. Ambos figuran en la relación de 57 personas a las que el juez Eloy Velasco ha decidido investigar por su vinculación mercantil con el entramado de empresas manejado por Ignacio González, el ex presidente de la Comunidad de Madrid.
Otra empresaria de esta comunidad, la salmantina Carmen Pazos Bejaranos, promotora del grupo "Mis pollitos", integrado por guarderías y otros centros infantiles, también figura en dicha relación. El motivo es su reciente asociación con dos sobrinas de González y otras personas de su entorno en la sociedad "Chickies S.L.", sospechosa para el juez de haber sido constituida con intención de blanquear dinero procedente de negocios ilícitos del ex presidente madrileño. En dicha sociedad, que apenas ha iniciado su actividad, aparece Alberto Pérez de la Sal, consejero de la inmobiliaria que vendió a González su mansión en Aravaca.
Fundado en 2007, el grupo "Mis pollitos" ha ido experimentado una importante expansión, apoyándose en el sistema de franquicias. Aunque ha extendido su presencia a otras comunidades, su principal actividad sigue centrada en Salamanca, donde dispone de una decena de guarderías y aulas integradas distribuidas entre la capital y en su alfoz (Villares de la Reina, Castellanos de Moriscos y Carbajosa de la Sagrada). En Valladolid gestiona tres centros infantiles ubicados en el barrio de Covaresa, el municipio de La Cistérniga y el polígono industrial de San Cristóbal. Su expansión le valió el pasado año uno de los premios "Castilla y León emprende" que anualmente concede "El Norte de Castilla".
Y otro de los investigados es Luis Vicente Moro Díaz, quien durante el gobierno de José María Aznar estrenó el cargo de subdelegado del Gobierno en Palencia. Pese a haber sido condenado en 2008 por un delito de revelación de secretos, Moro Diaz asesoró después a González en su delirante pretensión de crear unos servicios secretos en la Comunidad de Madrid.