La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, se ha visto obligada a dirigirse formalmente al Gobierno ante la reiterada falta de respuesta de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, la Isabel GarcíaTejerina, a determinadas preguntas escritas formuladas por la oposición parlamentaria.
García Tejerina viene pasando olímpicamente de contestar diversas cuestiones planteadas por el diputado de Equo y antiguo presidente de Grenpeace, Juantxo López Uralde, entre otras las relativas a la gigantesca mina de uranio a cielo abierto que la multinacional australiana Berkeley pretende explotar en los municipios salmantinos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, que antes de contar con autorización ya se ha llevado por delante miles de encinas centenarias de esa zona del campo charro.
Los ministros disponen de dos meses para contestar las preguntas, periodo que ha dejado transcurrir la titular de Medio Ambiente sin molestarse en pedir la prórroga que está prevista al respecto. El asunto resulta especialmente vidrioso para la ministra una vez que se destapó que un ex alto cargo del propio Ministerio, el ex Subsecretario de Agricultura, Manuel Lamela, fue contratado por Berkeley con el fin de mediar a favor de la consecución de la preceptiva autorización de la Unión Europea.
A tal efecto Lamela, que se inscribió en el registro de lobbies de la UE, ha desplegado sus buenos oficios ante la Comisaría de la Energía, que casualmente ocupa un viejo conocido suyo: el antiguo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, el mismo que en el año 2000 le confirmó en el cargo de Subsecretario. En esta etapa Lamela coincidió como alto cargo con García Tejerina, que ha sido secretaria general del departamento en los dos periodos en los que Arias Cañete ha ocupado la cartera.
Equo tiene impugnado el proyecto ante la Audiencia Nacional, al tiempo que la plataforma Stop Uranio tiene denunciada ante la Fiscalía de Salamanca las talas de encinas, consentidas por la Junta de Castilla y León, realizadas para desviar de una carretera y construir una balsa. Por su parte, la organización ecologista WWF ha denunciado tanto el proyecto global como las talas parciales ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid.