En el último ejercicio emitió 991 resoluciones; de ellas, en el 62% de los casos se incluían sugerencias y de éstas, el 79% fueron aceptadas parcial o totalmente
El Procurador del Común ha hecho entrega a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, del informe anual en el que se recogen las quejas de los castellanos y leoneses para su tramitación parlamentaria. La entidad que preside Javier Amoedo, protectora y defensora de los derechos ciudadanos, deberá tramitar un 41% de quejas e intervenciones menos que en 2015.
Se han iniciado 42 expedientes de oficio correspondientes a 2.527 quejas, sumando 2.569 actuaciones. La mayor parte de las quejas se han producido en el área de fomento, con 938 quejas que suponen un 37%; le siguen el área de bienes y servicios municipales, con 355 quejas, un 14% del total.
En cuanto a la naturaleza de las mismas, no varían en demasía con respecto a años precedentes: educación, sanidad, conservación del patrimonio cultural y rural, servicios sociales y atención a colectivos en riesgo de exclusión y desfavorecidos. También se ha percibido preocupación por la contaminación acústica, creciente en los meses de verano y hasta cierto punto causada por los transportes públicos, según el Informe.
Hasta un 21% de las quejas proviene de fuera de Castilla y León, gran parte relacionadas con la carretera de Porto de Sanabria a Galicia. La provincia con más reclamaciones presentadas fue Zamora (515), seguida de León (403) y Valladolid (260).
Sobre las quejas y las actuaciones de oficio, el Procurador del Común emitió 991 resoluciones; de ellas, en el 62% de los casos se incluían recomendaciones y sugerencias para la Administración competente; de éstas, el 79% fueron aceptadas parcial o totalmente. Ante esto, Silvia Clemente ha destacado el alto nivel de colaboración interinstitucional, manteniéndose las cifras de años anteriores.
La información reunida se ha obtenido por medio de la presentación de quejas por parte de los ciudadanos y entrevistas directas con castellanos y leoneses o colectivos, para lo que son necesarios desplazamientos por la Comunidad. En esta ocasión, se han mantenido 839 entrevistas presenciales en las que participaron 1.174 personas.
Desde 2015, el Procurador Común ostenta el título de Comisionado de Transparencia y es por tanto responsable de resolver las reclamaciones de los ciudadanos en cuanto al acceso a información pública. Existe una página habilitada dentro de la web del Procurador con el proceso a seguir para presentar denuncias en materia de transparencia. Hasta el momento se han atendido 101 reclamaciones, cinco denuncias sobre publicidad activa, y una consulta presentada por los ciudadanos, reflejándose en 66 resoluciones el año pasado.
Para comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales sobre publicidad activa, se han remitido cuestionarios a Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a las Universidades Públicas de la Comunidad, a la Consejería de Presidencia de la Junta y a una muestra aleatoria de entidades locales relacionadas con la Administración Regional.
La Mesa de las Cortes recibirá el Informe y lo remitirá, para su posterior publicación, al Boletín Oficial del Parlamento, tras lo que será tramitado en Pleno. Según la presidenta Silvia Clemente, el Informe es una garantía de que las administraciones "realizan su trabajo de forma eficiente".
Equiparable al Defensor del Pueblo, figura recogida en la Constitución, el Procurador del Común se encarga de recibir las quejas de los ciudadanos; desde 2016, tanto la presentación del Informe como la sesión plenaria que se celebra con motivo de la misma, se llevan a cabo antes de la mitad de año con el objetivo de que los temas tengan la máxima vigencia y actualidad.