Los desterrados totales de la memoria son aquellos de quienes no se tiene noticia alguna, víctimas que pasaron por la vida como si no hubieran existido
Se dice de la memoria en general que es frágil, pero también agradecida, cuando se ejercita. Tanto es así que, para los entendidos, su ejercicio parece ser el mejor remedio para no perderla del todo cuando empiezan los achaques de la vejez, con el estímulo de actividades que requieren atención (juegos de mesa, pasatiempos, lectura, participación activa en encuentros y seguimiento de programas radio-televisivos culturales, escritura, etc., algunos de los cuales antaño no estaban al alcance de todo el mundo, a diferencia, por ejemplo, de "la partida", que aún hoy día tiene más adeptos que la lectura). En lo que atañe a la memoria histórica republicana, conforme se viene exponiendo, lejos de haberla estimulado, las instancias democráticas, a excepción de los moderados esfuerzos de los gobiernos de J. L. Rodríguez Zapatero (2004-2011), han hecho lo posible por amordazarla y últimamente incluso descalificarla, mediante un discurso que explícita o implícitamente nutre el mito de que tratar del pasado es fomentar "el odio", argumento exclusivo y cantinela siempre de moda entre los trasnochados salvapatrias que pululan en el franquismo sociológico, al que dan pábulo algunos ex gobernantes y opinantes, escritores e historiadores promovidos en periódicos de referencia nacional, uno de los cuales acaba de proclamar el "deber de olvidar" (El País, 19/03/2017). Es lo que faltaba por ver a los herederos de los represaliados, a quienes prioritariamente atañería esta aberrante obligación, porque la memoria histórica, debido a la política seguida por el gobierno del país antes y especialmente después de la ley que debía regular su aplicación (informe de la ONU, "Secuelas", 23/02/2017), ha sido asunto privado de las familias castigadas y de quienes las apoyan. Recordar u olvidar son comportamientos básicos y antagónicos frente a los hechos traumáticos vividos o conocidos como vivencia ajena (Iglesias 2016: I). Las viudas (o viudos), los padres y los descendientes de víctimas unas veces han cultivado la memoria de éstas, a pesar de la oposición del entorno, y otras no lo han hecho, pero no por "deber", sino por razones diversas: la propia vivencia dolorosa, el miedo, la culpabilización fomentada por los beneficiarios de la represión, la dispersión de los grupos de parentesco.
A propósito de los "exilios", se apuntaba la semana pasada (16/03/2017) que se conocen mal porque resulta muy laboriosa la obtención de información, bien porque, de forma voluntaria o no, haya sido deficitaria la transmisión o bien por la dificultad de acceder a ella, debido a la falta de colaboración de las autoridades locales y de encargados de archivos (en La Alberca, Gallegos de Argañán, juzgado de Ciudad Rodrigo, etc.). Dicho de otro modo, el encuestador no siempre ha encontrado los informantes adecuados en el caso de que existieran, porque éstos no han querido romper el silencio, condicionados por las razones apuntadas en el párrafo anterior o porque haya interferido en ese sentido su entorno familiar y local, actitud a menudo comprobada (en Robleda, Peñaparda, Casillas, Bodón, Ciudad Rodrigo, etc.). Estos condicionantes han surtido los efectos buscados con la damnatio memoriae o castigo post mortem, que los promotores de la sublevación de 1936 tenían prevista para los más señalados (o tenidos por) adversarios del Movimiento, como se hacía en la Antigüedad con los enemigos de la patria y con los grandes "traidores" a la Sociedad (asesinos), el Estado (enemigos de la Monarquía) o la Comunidad (herejes) en el antiguo Régimen hasta el siglo XVIII, como señalaba X. Arzallus en un informe (deia, 30/10/2007). Ese castigo, que incluía la desmembración y exposición de cadáveres antes de su abandono en lugares infames, alcanzaba al reo y a sus familiares, según se ha verificado también sobre todo con las víctimas mortales de la represión extrajudicial de este territorio (Iglesias 2016: II.10, "Croniquillas", 05/08/2016). Aquellos republicanos fueron castigados más allá de la muerte, siendo privados de la memoria y de un entierro en lugar sagrado, al tiempo que sus familiares tampoco tenían la posibilidad de manifestar el duelo ritual y de aceptar así la pérdida del ser querido, "desaparecido" (asesinado no reconocido) e injuriado. No se libraron de este cruel tratamiento (o no del todo) los que fueron ejecutados por sentencias de consejos de guerra, así como los condenados a presión y otras categorías de víctimas, todos ellos culpabilizados por la propaganda nacional-católica mediante fabulaciones que no por falsas dejaron de lograr el efecto buscado ("tú calumnia, que algo queda") y, de rechazo, afectaron a sus familias, algunas de las cuales, ante esta memoria mancillada de los muertos y de los antiguos presos, han reaccionado tratando de ocultar el parentesco y, de puertas afuera, desterrarlos de su memoria, pues no otra cosa es "el olvido" real o aparente al que han sucumbido.
La consecuencia de todo este complicado proceso es que, desde la perspectiva actual, se percibe un amplio abanico de "desterrados de la memoria republicana" en quienes se ensañaron los responsables franquistas y principalmente sus relevos a nivel local. La parte que en la deriva amnésica haya tenido la dispersión de la memoria en la emigración o la impericia de la encuesta es difícil de establecer. En los resultados de este estado de la cuestión se puede establecer cierta gradación.
1. Los desterrados totales de la memoria son aquellos de quienes no se tiene noticia alguna, víctimas que pasaron por la vida como si no hubieran existido, por no dejar constancia de ello la documentación oficial (registros civiles y archivos militares) ni la información oral (testimonios) hasta ahora conseguida. A esta categoría pertenecen los hombres y mujeres anónimos hallados cadáveres, cuando el cotejo de las diversas fuentes no permite una razonable identificación de los "desconocidos" señalados en los registros civiles de La Alberca, El Bodón, Carpio de Azaba, Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo, El Payo, Peñaparda, Robleda y Villar de Ciervo. Los testimonios orales señalan desconocidos de este tipo en Castillejo de Martín Viejo, Fuenteguinaldo, Navasfrías, El Payo, Robleda y otros lugares (Iglesias 2016: 570-582).
Las familias quizá nunca tuvieran conocimiento del paradero de aquellos "desaparecidos", pero, si no llegaron a desinteresarse por ellos, cabe la posibilidad de que estas víctimas ignoradas dejen de serlo, como ha sucedido con frecuencia en otros casos análogos, si se recupera la presumible memoria oral y los archivos municipales que no se han podido consultar se vuelven más accesibles. Se comprueba en el caso de uno de esos desconocidos cacereños de difícil identificación que, gracias a las instancias de su viuda, se tramitaría en el juzgado de Hoyos: Esteban Sánchez Hernández, de 38 años, natural de Trevejo y vecino de Cilleros (Chaves 2008). Es posible que hubiera error en la ubicación de la ejecución y del enterramiento, que, respectivamente, no habrían tenido lugar en un sitio despoblado y el cementerio de El Bodón. Por los indicios que Julián Chaves señala, más bien cabe suponer que Esteban Sánchez era uno de los tres varones que fueron asesinados en La Jernandilla de Robleda, uno de los cuales, según Cipriano Ovejero, uno de los empleados municipales encargados de recoger los cadáveres, creía recordar que se apellidaba Sancho, quizá por Sánchez (Iglesias 2008a y "Croniquillas", 06/08/2017).
Este rayo de esperanza queda abierto también para aquellos otros, jóvenes solteros sobre todo, cuyos padres y otros familiares quizá hayan dejado su recuerdo en la memoria dispersa dentro o fuera del país y hasta ahora no consignada. La recuperación de la memoria de estas víctimas ignoradas más allá de su posible entorno íntimo, si bien resulta cada vez más difícil, puede producirse en cualquier lugar, pero donde más probabilidades hay de su existencia es en el amplio campo de Yeltes, todavía poco explorado.
2. Los desterrados parciales de la memoria son los muertos, presos, exiliados y afectados por otras formas represivas mal identificados, cuyos nombres se ignoran en parte, así como su edad, filiación, profesión, estado civil, afiliación política y sindical. La insuficiencia de datos individuales es reveladora, también en su caso, de una probable dispersión de la memoria, debida a éxodos de sus familiares, los cuales igualmente entrarían en esa categoría de "desterrados", a la vez emigrados y olvidados. Un breve repaso por algunos pueblos muestra la extensión de estos vacíos de la memoria colectiva local.
- En el necrologio de Agallas (14/08/2017) se menciona "un hijo de tia Eustoquia", "hermano de la Isabel de tio Sidoro", según los testimonios orales, de los cuales se desprende que no debía de estar casado ni tener descendencia, pero la información no emana de familiares, que al parecer ya no tenían residencia en el pueblo, emigrados o fallecidos cuando se efectuó la encuesta (A 2009). Tampoco recordada nadie a los dos presos vecinos del pueblo: Casimiro Fernández González, jornalero (C.264/40) y Alfonso Miguel Hernández Morán, que estuvo recluido en el campo de concentración de Dachau (MCU).
- Los cadáveres de tres vecinos de Mogarraz hallados en el término de El Maíllo el día 17 de agosto de 1936 tardaron en ser identificados, gracias al tardío testimonio de Eufemio Puerto, aunque contiene presumibles errores en lo tocante a la fecha de la ejecución extrajudicial: Alfonso Hernández Martín, Manuel Barrado Núñez y Atanasio Regaña ("Croniquillas", 05/08/2017 y 17/08/2017). De la falta de identificación son responsables los encargados de las diligencias en el juzgado de El Maíllo, que tampoco se tomaron la molestia de identificar a sus viudas, que, pocos días después de los hechos, se presentaron para señalarse como cónyuges de los varones muertos. La mala o escasa voluntad de dichos encargados tendría su fundamento en una orden del general Mola (06/08/36) para que los jueces no se demoraran en ese tipo de trámites, pero el desinterés por la identidad de las viudas mogarreñas ya era iniciativa suya, aunque también revelador de que estaban al corriente de los mecanismos de ocultación de agentes y pacientes de la represión. Esta mala fe era el primer eslabón de una cadena de la desmemoria que, además de a las viudas, en el estado actual también alcanza a la eventual descendencia y otros miembros del grupo de parentesco, cuyos posibles avatares carcelarios o migratorios se ignoran, a no ser los de un probable hermano de Alfonso Hernández. Presumiblemente, los derechistas locales harían pagar a éste el hecho de que Gerardo Hernández Núñez le hubiera dado una puñalada a Lorenzo Cascón Martín (uno de los tres homónimos en Mogarraz, uno de cuales era jefe local de Falange y otro juez municipal) y por ello cumplía condena en Salamanca (Hernández 2004: 291).
- La memoria colectiva de El Payo solamente ha retenido la ejecución extrajudicial de un vecino, de nombre Marcelino, cerca de Coria, donde vendía patatas (Iglesias 2008a: 152). Nadie se reclama de su familia ni se conocen las vicisitudes de ésta. Lo mismo sucede con Carlos Alaejos Sanz, un estudiante de 19 años, nacido en Santander, que falleció en la calle a consecuencia de "disparo de arma de fuego", sin que el acta de defunción especifique otras circunstancias (RCEP, def. 08/09/36). Es otro desterrado de la memoria local, pues no se conocen más datos de él mismo ni de su familia, que, si como parece probable, era de origen cántabro, quizá abandonaría el pueblo para regresar al norte.
- Es posible, aunque no probado, que en el término de Puebla de Azaba hubiera hallazgos macabros. Por los testimonios orales (PdA 2015) se conoce el nombre de pila de un ejecutado extrajudicial: Antonio. Sería viudo, por lo que las tres hijas que dejaba (Luisa, Carmen y Anita) fueron confiadas a un tío que era sacerdote y residía en Ciudad Rodrigo, "don Paulino"; pero se ignora si esta temprana migración de las huérfanas fue seguida de otras, pues no se tienen más noticias de su biografía. Las fuentes orales de la localidad habían señalado, con anterioridad, la muerte del marido de Carmen "la Merenga" (PdA 2009). Su identidad se ha verificado después, gracias al acta de defunción tardía (RCCR, def. 22/10/81): Demetrio Juan Salicio, fallecido el 24 de setiembre de 1936 en el término de Ciudad Rodrigo y enterrado en lugar indeterminado. De las vicisitudes de su viuda y eventual descendencia no se tiene constancia, ni de la existencia de otras personas de su parentesco en el pueblo, quizá fallecidas o emigradas.
- Los obstáculos ofrecidos por los encargados del registro municipal de Gallegos de Argañán han contribuido al desconocimiento actual sobre la posibilidad de otras ejecuciones extrajudiciales, además de las ya señaladas: "el Pernales", pronto identificado como Benito González Gómez, vecino de Ciudad Rodrigo, natural de Béjar, soltero, según la documentación procesal (C.264/37), que no ofrece dato alguno sobre su familia, como sucede también con Graciliano Hernández Tomás, tiroteado en el campo, curado y finalmente sacado de la cárcel de Salamanca, que estaba casado y tenía dos hijos menores (Sum.141/36).), sobre los cuales no se tiene noticia alguna. No se ha podido resolver la duda sobre la posible saca carcelaria de Isidoro Hernández Fonseca (Iglesias, "Croniquillas", 06/08/2016 y 16/10/2016).
- En el término de Castillejo de Martín Viejo se menciona sin identificación nominal el hallazgo de un cadáver en el sitio de "Alza Pierna", pero de quien finalmente alguien conocería el apodo de "el Confitero", fallecido por disparos de arma de fuego y enterrado en el cementerio municipal (act. def. 02/09/36, ASMJ), pero sin huellas familiares conocidas.
3. Desterrados total o parcialmente de la memoria (no reconocidos u olvidados) son las víctimas mortales "indirectas" (Iglesias 2016: 582-585), a consecuencia de enfermedades o malos tratos en prisión, así como el descontrol de armas y explosivos, cuya responsabilidad nunca fue asumida por la jurisdicción militar, sin que haya constancia tampoco de que resarciera a las familias por los estragos:
- Mauricio Gómez Luis, vecino de La Alberca, muerto en el manicomio provincial ("Croniquillas", 20/08/2016), Víctor Calvo Martín, natural del Aldea del Obispo, muerto en la cárcel ("Croniquillas", 21/08/2016), José Manuel Moro García, vecino de Boada, muerto en la cárcel ("Croniquillas", 24/12/2016), Julián Serrano Domínguez, vecino de Boadilla, muerto en la cárcel ("Croniquillas", 24/12/2016), Tomás Pescador Criado, vecino de El Bodón, "desaparecido" en la prisión de La Caridad ("Croniquillas", 11/09/ 2016), José Manuel García Sánchez, vecino de la Fuente de San Esteban, muerto en la cárcel ("Croniquillas", 14/12/2016), Luis Martín, menor, vecino de Puerto Seguro, fallecido a consecuencia de la explosión de un artefacto ("Croniquillas", 12/09/2016), Agustín Lázaro, muchacho fallecido en Serradilla del Arroyo, a consecuencia de herida por arma de fuego ("Croniquillas", 24/12/2016).
Se desconocen los efectos que se siguieran para sus familias de estas desgracias, como sucede también en el caso de los fallecidos en los campos de concentración de Francia, Alemania u otros países.
A esta categoría de desterrados de la memoria republicana pertenecen todas aquellas personas que fueron objeto de malos tratos, vejaciones, acosos, violaciones, extorsiones, aislamiento, desamparo (algunas muertas) y castigos similares (no reconocidos ni consignados), así como aquellas que sufrieron la represión carcelaria, la depuración, la sanción económica (Iglesias 2016: 585-610). Estas personas arrastraron de por vida otras secuelas (no reconocidas), como la humillación social, la enfermedad, la precariedad laboral y económica. Los castigos añadidos también alcanzaron a las familias, que, de rechazo, padecieron las consecuencias de la represión directa de sus hijos, padres o cónyuges. Muchos de esos presuntos republicanos, más o menos señalados en una sociedad moldeada para el castigo, serían de las primeros en buscar su salvación en el alejamiento del entorno hostil, más perceptible si cabe en las localidades pequeñas, mediante el éxodo interno o la emigración, clandestina en los años cuarenta y legalizada después, como se indicó la semana pasada (16/03/2017).
El rastreo de los "desterrados de la memoria" que fueron los represaliados republicanos y sus familiares, por su número y por la falta de datos fehacientes, resulta casi imposible. Pero, al menos, se puede tratar de exponer con brevedad "la memoria de los desterrados" hasta ahora recuperada.