El proyecto para convertirlos en fijos, afectaría a parte de los 400.000 temporales de la administración, pero está en sus primeras fases de desarrollo y no se ha concretado a qué sectores iría dirigido, ni qué requisitos deberán cumplir los trabajadore
El Gobierno quiere poner en marcha un plan para convertir a los empleados públicos interinos en fijos. La medida, que sería negociada con los sindicatos y las comunidades autónomas, se realizaría de forma gradual y afectaría a parte de los 395.000 trabajadores de la administración que se encuentran en esta situación.
Fuentes de Hacienda aseguran que el proyecto todavía está en sus primeras fases de desarrollo y, por tanto, no se ha concretado a qué sectores de la administración iría dirigido de forma mayoritaria (la temporalidad más alta está en sanidad y educación), ni qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para poder acogerse al mismo. Eso sí, Hacienda vincula la viabilidad de este proyecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Es decir, el plan es también una nueva arma de presión para que la oposición respalde las cuentas públicas que el Ejecutivo tiene previsto presentar a finales de este mes o principios de abril.
El enfoque del plan fue desvelada parcialmente por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros al asegurar que la «voluntad del Gobierno es reducir el número de interinos» según las necesidades de plantilla de cada comunidad. Fuentes de Hacienda aclararon que el objetivo no es recortar el número de empleados públicos, sino «limitar la temporalidad» de este colectivo concreto al convertirlos en indefinidos. También matizaron que eso no significa acabar con este tipo de personal. De hecho, en caso de llevarse a práctica seguirán existiendo interinos, pero en menor número.
Aunque todavía no están definidos los sectores a los que la medida afectará de forma preferencial, una gran parte del personal sanitario y educativo se encuentra entre los interinos más numerosos y, previsiblemente, entre los que más se beneficiarían. De hecho, según datos del sindicato CSIF hay unos 50.000 profesores interinos que cada verano al finalizar el curso son despedidos y, con suerte, contratados en septiembre. Asimismo, según los sindicatos la interinidad podría alcanzar el 30% del personal sanitario. Las tasas también son altas para otros ámbitos como el de la justicia.
Sin embargo, desde Hacienda insistieron en que todo está condicionado a la aprobación de los Presupuestos. Sólo a partir de entonces se abrirían varias mesas de negociación con los sindicatos para abordar los detalles de este plan.
De esta forma, Montoro vuelve a condicionar una medida que afecta a los empleados públicos al visto bueno en el Congreso a las cuentas del Estado. Algo que también sucede con la revalorización del sueldo de los funcionarios -la intención anunciada por el PP durante la campaña electoral era subir un 1% la retribución- o la reducción de la jornada a las 35 horas. La falta de Presupuestos también impide fijar la tasa de reposición de los funcionarios ni convocar la Oferta de Empleo Público que tiene paralizadas las oposiciones en las comunidades autónomas, aunque algunas han anunciado que convocarán los exámenes para cubrir las plazas. Habrá que ver si esta estrategia de presión hace cambiar la postura de algún partido, especialmente del PSOE que gobierna en varias regiones.
Sentencia europea
En cualquier caso, la situación de los interinos es especialmente delicada. De hecho, llevan varios meses bajo los focos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el pasado septiembre en la que equiparaba la indemnización de un interino con la de un empelado indefinido. Sin embargo, desde Hacienda desligaron el plan que estudian ahora de esta circunstancia y aseguran que obedece a dotar de más estabilidad laboral a este colectivo.
Desde la sentencia los sindicatos y parte de la oposición han exigido que se reconozcan los derechos de los interinos, lo que supondría un cambio en el Estatuto de los Trabajadores. Para ello se creó una comisión de expertos designados por el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Sin embargo, en sus conclusiones no logró ponerse de acuerdo en la cuantía de las indemnizaciones al quedar divididos entre quienes entendían que deberían ser 20 días por año trabajado -como marca el despido por causas objetivas- y aquellos que la limitan a los 12 días de los contratos temporales.
En cualquier caso, las centrales urgen al Gobierno a paliar esta discriminación y denuncian que en algunos casos hay trabajadores que llevan 19 años como temporales. Además, resaltan que esa consolidación no implicaría un aumento del gasto público porque no supondría crear empleo nuevo, sino cambiar las condiciones del ya existente.