Denuncia que "es una vergüenza que todavía haya ciudadanos de primera y hasta de cuarta categoría"
Isabel Muñoz, procuradora de Podemos por la provincia de Salamanca, se ha reunido con Juan Enrique Guerrero Zambrano, uno de los vecinos de las viviendas sociales construidas por la Junta de Castilla y León en los números 1-7 y 9-13 de la calle Maestro Lidón y miembro de la Asociación Vecinal Tormes, quien ha transmitido su malestar y el hastío que vienen padeciendo los residentes de ese edificio desde que fuera construido hace 23 años por la Junta de Castilla y León en un ejemplo más de la incompetencia y la dejadez de la Administración regional.
La extensa documentación recopilada durante todo este tiempo "acredita la veracidad y el testimonio de las personas que sufren este calvario sin que la Junta de Castilla y León haya mostrado la más mínima preocupación por ellos. Si bien, y raíz de una breve conversación en 2015 con el entonces Ministro de Sanidad, el Ayuntamiento se ha empezado a preocupar del tema con la lentitud que le caracteriza", explica Isabel Muñoz.
En palabras de la procuradora de Podemos, "el asunto es de vergüenza y no hay por donde cogerlo. Es un caso que ilustra a la perfección como para el Partido Popular hay ciudadanos de primera, de segunda o hasta de tercera o cuarta categoría". Cómo es posible, se pregunta Isabel Muñoz, que estas familias vivan en un edificio que ni siquiera tiene licencia de primera utilización, ya que fue negada por el Ayuntamiento al presentar el edificio las numerosas deficiencias que presentaba y presenta.
La realidad de estas familias es casi tercermundista: el agua corriente no se puede beber porque en el momento de la construcción se pusieron unas tuberías de hierro que ya estaban prohibidas por la legislación; disponen de 92 plazas de garaje, cuando el espacio era para 67, lo que hace que en algunas de ellas no entren los coches, o no se puedan abrir las puertas, o estén situadas en medio de los pasillos de acceso; las bocas de agua de los bomberos incumplen la normativa contra incendios; padecen humedades por las filtraciones las cuales amenazan con desplomes; además de grietas, plagas, etc.
De hecho, la Junta de Castilla y León, en su día, intervino para que el edificio tuviera suministro de electricidad ya que Iberdrola se negaba por no tener licencia de primera utilización (que sigue sin tenerla) y durante dos años el suministro de agua fue a través de las canalizaciones utilizadas para la obra.
Isabel Muñoz emprenderá acciones en las Cortes de Castilla y León para exigir que se solucione esta situación, además de pedir responsabilidades. "No es posible que este tema siga sin solucionarse, cuando además estas familias todavía están pagando la compra de sus casas, de sus plazas de garaje y, por supuesto, los impuestos", apunta la procuradora. A pesar de ello, su falta de recursos les ha impedido llevar el asunto a los juzgados.