Los hechos se remontan al 17 de mayo, cuando los manifestantes acudieron a las proximidades del Parador para recibir a cargos del PP
Cuatro activistas del 15-M Acampada Salamanca han acudido hoy al juicio en el que se juzga la actuación de otros cuatro policías nacionales de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valladolid "por faltas y delitos de lesiones". Los hechos se remontan al 17 de mayo de 2013 cuando un grupo de activistas acudió a las proximidades del Parador para recibir a cargos públicos del PP, realizando un escrache, jornada que coincidió con la entrada en prisión de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid.
Los activistas Álvaro Gómez y Daniel Alfonso han declarado que la protesta fue pacífica y, después de desconvocarla, cuando se marchaban, "cargaron desproporcionadamente contra 13 personas", deteniendo a cuatro que también resultaron contusionadas. "Queremos que se haga justicia", han dicho dos de los actividades que fueron detenidos. "La Policía tiene derecho a hacer su trabajo, pero esas no son las formas", mostrando su convencimiento de la justicia se pronunciará de forma favorable.
El abogado del Estado y de los policías se han ratificado en su acusación hacia los manifestantes de intentar introducirse en el Parador, aportando un vídeo de una manifestación del día siguiente, intentando confundir los hechos, queriendo demostrar violencia verbal por parte de las activistas hacia la policía y los jueces, justificando la carga en una supuesta desobediencia de los manifestantes al entender que el pequeño grupo no tenía autorización para circular por las proximidades del Parador. "El absurdo ha llegado cuando dicha parte ha interesado la visión de un vídeo de una manifestación del día siguiente, 18 de mayo, nada que ver con los hechos, intentando relacionar en su alegato final ambas acciones, convocadas por colectivos diferentes y con participantes distintos", indican los activistas tras la celebración de la vista.
El fiscal ha solicitado la absolución de los agentes y las activistas, quedándose en "un término medio", pues desde su punto de vista las lesiones de los agentes eran muy inconcretas, amparando el derecho y deber de los policías de sacar las porras para golpear a personas que, según su opinión, tenían que haber comunicado previamente su intención de ejercer su libertad de expresión en las proximidades aún no superando la veintena de personas, y al no hacerlo, perdieron la legitimidad legal, justificando así la acción policial represora.
Fotos: Alberto Martín