En general, el revisionismo histórico ha sido practicado y aprovechado con una intencionalidad política
En la presentación de esta serie de secuelas vigentes del franquismo (16/12/16) señalábamos la negación de la memoria histórica como la constante más visible de ellas durante toda la democracia española. Hubo un largo período en que las actitudes revisionistas y negacionistas parecían aletargadas, mecidas por las políticas del olvido (1978-1981) y la suspensión de la memoria hasta los años noventa, en términos de F. Espinosa (2006), pero se despertaron con el resurgir del recuerdo republicano en los albores del siglo XXI ("la generación de los nietos") y se han manifestado con virulencia al fin de la segunda legislatura de J. L. Rodríguez Zapatero (2011). Paradójicamente, esto sucedió después de la publicación de la Ley de Memoria Histórica (2007), aunque ésta se quedaba lejos de satisfacer todas las esperanzas y exigencias democráticas, dado que con ella no se ponía fin a la impunidad de que se han beneficiado los responsables y agentes de los crímenes franquistas desde la Guerra Civil hasta el fin de la Dictadura.
La posición de los revisionistas históricos, que no se nombran por no darles una inmerecida publicidad, esencialmente consiste en plantear como novedosas unas explicaciones tendenciosas que, en definitiva, se basan en la versión de la guerra civil, con sus antecedentes y consecuentes, ofrecida por los historiadores clásicos franquistas (J. Arrarás, R. de la Cierva). Empiezan por deslegitimar la República desde antes de su nacimiento, para así justificar toda la oposición violenta contra ella y sus reformas, la sublevación militar y la guerra civil e incluso la represión de la Dictadura. Por consiguiente, no hacen más que tratar de consolidar como verdad inmutable la versión histórica de la guerra y la represión favorable a Franco y el franquismo, y prefieren olvidar lo demás, "como si solo la Izquierda tuviera memoria", sugiere el mismo F. Espinosa (2014). Parecen movidos por un odio visceral a la República y a los republicanos, con el desprecio añadido de la clase obrera urbana y los trabajadores del campo, considerados como "masa" ignorante por los represores de antaño (Preston 2011). Con este trasfondo revisionista se llega al colmo de la banalización del general Franco en el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia (2009-2013), donde el encargado de su ficha (Luis Suárez) no se daba por enterado de que el personaje había sido un "dictador" ("montó un régimen autoritario pero no totalitario").
En general, el revisionismo histórico ha sido practicado y aprovechado con una intencionalidad política. Por supuesto, España está lejos de ser una excepción. El gobierno actual se sirve de él y probablemente lo fomenta. Así no tiene que combatir a cara descubierta la Ley de Memoria Histórica, le basta con descalificarla indirectamente e ignorarla, con el Presidente en plan de Don Tancredo, por usar una metáfora taurina acorde con el "carnaval del toro", de actualidad estos días en Ciudad Rodrigo. Es una imperturbabilidad de la que solo se mueve para suspender por completo las subvenciones necesarias para la aplicación de dicha Ley. En sustancia esto es lo que recordaba hace unos días el Partido Socialista en una proposición no de ley en el Congreso, que por mera casualidad coincidió con nuestro artículo (09/02/2017) sobre la necesaria adecuación del Valle de los Caídos a los tiempos democráticos. Globalmente insinuaba una solución parecida, en ningún caso original, pues el planteamiento remonta al Informe de la Comisión de Expertos en 2011. Según ésta, los restos de Franco deberían ser trasladados al lugar que designe su familia biológica o a otro lugar adecuado y habría que reubicar los de J. A. Primo de Rivera en el recinto. Con estas premisas se conseguiría la "resignificación" del monumento, convertido en lugar de memoria de "todos" los fallecidos a causa de la guerra civil y la represión de la Dictadura.
La proposición socialista, de un modo más explícito, insistía en esto mismo, para que dicho complejo monumental deje de ser lo que es: "un lugar de memoria franquista y nacional-católico para convertirlo en un espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática y de dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura" (El País, 09/02/2017). Esto, como todo el contenido de la propuesta, se argumentaba con un principio básico: "el olvido no es una opción para una democracia". Se les podría responder a los diputados de este grupo que, como se insinuó más arriba, "el olvido" remonta a la Transición y los gobiernos socialistas de F. González tuvieron cuatro legislaturas para subsanarlo, cosa que no hicieron. Pero, al fin, el argumento no por ello deja de tener peso, y más valdría tarde que nunca, en el supuesto de que fuera seguido de efecto, porque no parece que haya mucho margen para la ilusión, habida cuenta de que Mariano Rajoy, ya con anterioridad (18/01/2017) y en respuesta a una pregunta de Compromís, había contestado que el Valle de los Caídos no es un monumento franquista y que el Gobierno ya había cumplido el mandato legal de su competencia. O sea, más o menos, nada importante, porque entre esas obligaciones de competencia gubernamental está la concesión de fondos más arriba apuntada, que también reclamaban los socialistas, así como otras medidas necesarias: apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones de víctimas, creación de una oficina de ayuda a la víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, retirada de símbolos franquistas, localización y exhumación de fosas, con identificación de cadáveres, para lo cual sería útil prever un banco de ADN.
Mucho de esto queda por hacer en toda España y, por supuesto, en Ciudad Rodrigo y su entorno. Pero, en fin, parece que, en espera de aplicaciones concretas, algo se mueve en la opinión y las autoridades competentes no podrán seguir ignorándola siempre. El 25 de enero la alcaldesa de Madrid estudiaba la posibilidad de cambiar el nombre del "Arco de Triunfo" por el de "Arco de la Memoria", que si va acompañado del necesario complemento pedagógico (como también recordábamos en el artículo del día 31/01/17), sería una solución aceptable. Aquel mismo día 25 de enero, también se consiguió que, por fin, el ayuntamiento de Salamanca accediera a la retirada del "medallón de Franco" en la Plaza de Salamanca. Si se llevan a cabo, estos cambios harán más llevadera la cortina de humo que, hasta ahora, ha vendido la Junta de Castilla y León (ver próxima entrega, 23/02/17) y los rechazos pueblerinos comprobados en el entorno de Ciudad Rodrigo (ver más adelante).