El órgano fiscalizador encuentra, año tras año, los mismos defectos en la contratación pública de Castilla y León y escaso cumplimiento de las cláusulas sociales
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha fiscalizado una muestra de 70 contratos tramitados por la Junta en 2014 y ha hallado en 62 de ellos deficiencias en la elaboración de los pliegos de condiciones, la aplicación de los criterios a valorar, la publicidad de la convocatoria, los plazos y los trámites de adjudicación, firma, ejecución o extinción del contrato.
El importe de estos contratos ascendía a 141 millones de euros, lo que supone el 25% del total del montante adjudicado por la Administración autonómica ese año, que fueron 566 millones, a través de 2.463 expedientes. Son cifras relativas a los contratos 'mayores' y no incluyen a los de menor cuantía, que se tramitan por el procedimiento menos exigente.
El último informe anual elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre los contratos de servicios y suministros que formalizan las consejerías de la Junta y sus entes públicos arroja que los responsables autonómicos tropiezan, año tras año, en las mismas deficiencias.
El informe, depositado en las Cortes a la espera de que la Comisión de Economía y Hacienda fije una fecha para que Jesús Encabo, presidente del organismo, acuda a explicar los pormenores del trabajo ante los procuradores, concluye que la Junta «cumple razonablemente con la legalidad aplicable», salvo por «algunas limitaciones y determinadas salvedades». Estas últimas son similares a las detectadas por los auditores el año pasado y también los años anteriores. Son defectos, deficiencias, irregularidades crónicas. Afectan, a juicio del Consejo de Cuentas, especialmente a la exigencia de publicidad y a la transparencia del procedimiento de contratación.
Los responsables del organismo reconocen que no han existido limitaciones «con carácter general», pero puntualizan que la Consejería de Economía y Hacienda no les habilitó el acceso telemático al sistema DUERO que solicitaron en mayo de 2016, «lo que ha impedido la comprobación de diversa información relativa a esta contratación».
A partir de ahí, el análisis de los especialistas de Consejo de Cuentas arroja, por ejemplo, que hay cuatro contratos escrutados que se tramitaron por el procedimiento de urgencia, fórmula que no se justificó de manera suficiente.
También concluyen que en siete de los contratos que se tramitaron por procedimiento negociado, o no consta en el expediente que se produjera una «efectiva negociación» o la definición de los aspectos que se negociaban «contiene deficiencias».
O que en 25 contratos el informe técnico de valoración de los criterios cuantificables mediante juicios de valor no está suficientemente motivado ointroduce aspectos no previstos en el pliego de condiciones.
O que en los criterios de adjudicación valorables mediante fórmulas se produce una incorrecta ponderación de la oferta económica en 23 casos. O que se detectan defectos en el cumplimiento de plazos en las distintas fases del proceso y también en las notificaciones.
El Consejo de Cuentas alerta sobre un «escaso cumplimiento» del acuerdo de la Junta para incorporar cláusulas sociales en la contratación pública, «al no ser estas introducidas regularmente en los pliegos». Y el informe da un toque sobre la contratación que efectúan los entes públicos que dependen de las consejerías. «Se llega a la conclusión de que se les encomiendan funciones que según la legislación estatal debería reservarse a la Administración de la comunidad autónoma», advierte.
Tras el pormenorizado examen, el Consejo de Cuentas recomienda reforzar el control en la redacción de los pliegos de condiciones, con especial atención a la aplicación de criterios «objetivos», algo que también aconseja en la publicidad de las licitaciones y en el cumplimiento de los plazos burocráticos y ejecución y recepción de la obra o el servicio.
Los ocho que pasan la prueba del algodón
Pero de esos 70 contratos analizados hay ocho que pasan el examen sin falta alguna. Dos de ellos corresponden a la Consejería de la Presidencia y son la adjudicación de la limpieza de las delegaciones de la Junta en todas las provincias salvo Valladolid y Salamanca, valorado en 2,7 millones de euros, y el contrato con una agencia de noticias por un montante de 147.000 euros.
A estos dos expedientes sin mácula se unen otros tres de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Se trata de un contrato de conservación de carreteras en la provincia de Zamora, valorado en 4,7 millones de euros; la adjudicación del servicio público de atención de llamadas de urgencia y emergencia 112, por una cuantía de 15,95 millones; y un suministro de carburantes por valor de 179.686 euros.
Cierran este breve conjunto de contrataciones sin tacha el expediente para adjudicar la vigilancia y seguridad del centro de menores Zambrana, que asciende a 1,57 millones y que tramitó la Gerencia de Servicios Sociales, al que se suman dos contratos del Servicio Público de Empleo, Ecyl. Se trata de la adaptación de un local para una oficina en Segovia, por valor de 515.944 euros, y el suministro de gasóleo para calefacción de varios centros, con un coste de 402.876 euros.
Fuente El Norte de Castilla