A propósito de su próximo cónclave nacional, no hace mucho comentábamos aquí la absoluta falta de transparencia que rodea el funcionamiento de Ciudadanos en Castilla y León, que para empezar no tiene colgada en ninguna web ni siquiera la composición de sus órganos de dirección en la comunidad, así como tampoco la remuneración de sus cargos públicos y del personal que tiene "liberado" con cargo a las distintas instituciones. O sea, cero patatero en transparencia, capítulo que, para mayor impostura, siguen blandiendo como una de sus señas de identidad.
Gracias a la presentación publica de su IV Asamblea General, a celebrar el primer fin de semana de febrero, hemos sabido que Ciudadanos cuenta en la comunidad con 1.798 afiliados, no "los más de 2.000" de los que presumió su ínclito portavoz parlamentario, Luis Fuentes, durante la pasada visita de Albert Herrera a Valladolid. Con dicho volumen de afiliados, el quinto en el ranking autonómico después de Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, Castilla y León contará en dicha asamblea con 27 de los 497 compromisarios a elegir.
La elección de estos compromisarios se llevará a cabo este fin de semana muy al estilo de Podemos: de forma telemática y mediante circunscripción única de ámbito autonómico, con la limitación de que cada afiliado podrá votar a un máximo de 18 candidatos. Ya veremos si Ciudadanos tiene a bien facilitar a partir del próximo lunes la relación de los compromisarios elegidos y el número de votos obtenidos por cada uno.
La web estatal del partido tampoco es un dechado precisamente de transparencia, ya que, por ejemplo, su apartado de ingresos y gastos desglosados geográficamente corresponde a sus cuentas anuales de 2013, que ya ha llovido desde entonces. Ese año, anterior a las últimas elecciones autonómicas y municipales, Ciudadanos ingresó en Castilla y León 104.70 euros, de los que tan solo gastó 42.026.
Desde las elecciones de 2015, se supone que las cuentas serán muy diferentes, ya que solo la subvención que recibe de las Cortes oficialmente para gastos de funcionamiento de su grupo parlamentario (cinco procuradores, tres de ellos liberados además por cuenta de la Cámara) se eleva a 20.150 euros mensuales (241.800 al año).