Profesor de Derecho Penal de la Usal
Comienza el nuevo año con un nuevo escándalo político al conocerse el informe del Consejo de Estado (máximo órgano consultivo del Gobierno) en el que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Yak 42, acaecido el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. El informe de este alto órgano asesor ha sido emitido, además, por unanimidad. Bien es cierto que la mayoría de los dictámenes del Consejo de Estado son aprobados por unanimidad; aunque también los hay por mayoría e incluso en los que hay votos particulares de alguno de sus miembros.
Según este informe, el Ministerio de Defensa, que dirigía Federico Trillo, tenía indicios de los riesgos que suponían los vuelos con este avión y, en cambio, no se actuó. Como prueba de este conocimiento por parte del departamento que presidía Trillo, está el informe emitido el 28 de abril de 2003 por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) en el que se decía que "se están cometiendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo, dudoso".
Este informe se contradice con el archivo, en su día, por parte de la Audiencia Nacional, que consideró que los hechos no eran constitutivos de delito. Lo que ha dado pie a que el presidente Rajoy haya declarado que el asunto del Yak 42 ya está sustanciado judicialmente. Unas declaraciones poco afortunadas, dado que el informe del Consejo de Estado es posterior y aporta nuevos y relevantes datos que revelan una grave negligencia por parte del Ministerio de Defensa. De acuerdo con esto, las autoridades del Estado serían responsables, incluso penalmente, dada la posición de garante que ostenta, en este caso sobre la vida de los militares que fallecieron en el accidente. Si las autoridades del Estado (del Ministerio de Defensa) pudieron revisar el avión, sabiendo que tenía problemas técnicos y no lo hicieron (y, por tanto, evitar las muertes), incumplieron el deber objetivo de cuidado, cometieron imprudencia grave y, por consiguiente, las autoridades del Ministerio podrían ser responsables penalmente, en comisión por omisión, de las 62 muertes.
Esperemos que la nueva ministra de Defensa (que ha pedido comparecer voluntariamente en el Congreso) aclare todas las dudas que aún gravitan de tan fatídico siniestro y que se depuren todas las responsabilidades políticas y penales, que las hay, aunque hayan pasado "muchísimos años" como dice el presidente del gobierno, quién sólo sabe exigir responsabilidades a sus adversarios y nunca reconoce los errores propios. Tanto los familiares de las víctimas (en primer lugar), como el resto de los ciudadanos, tenemos el derecho a conocer toda la verdad.
Y, en primer lugar, lo que debería hacer el gobierno es cesar inmediatamente a Federico Trillo de su actual puesto de embajador en Londres y de todos los puestos y ocupaciones públicas que pueda ostentar. No sirve, como excusa, afirmar que Trillo será cesado en las próximas semanas o en los próximos meses y que su relevo nada tiene que ver con los hechos protagonizados por el ex ministro en su época de gobierno. Los datos conocidos por el informe son demasiado contundentes para que este oscuro personaje continúe ocupando un puesto público.
Estos son los temas de los que deben ocuparse preferentemente los medios de comunicación y los tertulianos de las cadenas de televisión y de radio y no marear la perdiz con asuntos tan banales como que si los reyes en la cabalgata llevaban capas de armiño o si eran cortinas de la ducha (algo de lo que se acusó al ayuntamiento de Madrid por la organización de la cabalgata de 2016).
Por desgracia, aunque comienza un nuevo año, nuestros gobernantes siguen con los ademanes de la vieja política, aquélla que ya criticaba hace más de una centuria (en 1914) Ortega y Gasset en su famosa conferencia sobre "vieja y nueva política". Y lo decía Ortega en nombre de "todos los que hemos vivido sometidos a un mismo régimen de amarguras históricas". A pesar de haber pasado más de un siglo, muchos políticos sólo censuran los errores que cometen "los otros", pero nunca los cometidos por ellos. Trillo es un claro ejemplo de personaje que atiza al contrario con látigo inquisitorial cuando el adversario se equivoca, pero que luego se esconde en la ignominia de la cobardía cuando, por su negligencia, ocurren hechos gravísimos, como el accidente del Yak 42, que provocó 62 muertes y errores de bulto en la identificación de los cadáveres.