El salario mínimo interprofesional (SMI) registrará el próximo año un incremento del 8%, resultado del acuerdo entre el PP y PSOE, que también conlleva el apoyo de los socialistas al techo de gasto fijado por el Gobierno. De esta forma el salario mínimo pasará de los 655,20 euros actuales a 707,6 euros el próximo año, es decir 52,4 euros mas al mes.
El SMI es el sueldo mínimo bruto que un trabajador puede cobrar en España por ley, independientemente de la edad, el sexo o de si su contrato es temporal o indefinido. La cuantía corresponde a catorce pagas para una jornada de ocho horas diarias o 40 semanales sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional a los domingos y festivos. En caso de que trabaje menos horas, el sueldo mínimo que percibirá el trabajador se calcula de manera proporcional a su tiempo de trabajo. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía.
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" id="teads0" style="text-align: justify;">Cerca de cinco millones y medio de trabajadores cobran en España el salario mínimo o en su caso la parte proporcional que les corresponde en función de su jornada laboral. En Castilla y León son entre 150.000 y 200.000 los trabajadores que lo perciben, según cálculos de las organizaciones sindicales, que no obstante recuerdan que con el aumento de los contratos a tiempo parcial, cada vez son más los trabajadores que no llegan ni tan siquiera a la mitad de la cuantía establecida.
CC OO de Castilla y León considera, al respecto, que la revalorización del salario mínimo aprobada por el Gobierno «es un avance», pero, al mismo tiempo, destaca que «está muy alejada de las propuestas sindicales (800 euros para 2017, y 950 euros en 2018 el 60% del salario medio, al final de la legislatura). Además, este sindicato critica el procedimiento empleado por el Gobierno «al hurtar al diálogo social una negociación como la del SMI y situarla en el ámbito político y parlamentario». Aún más grave, considera la decisión de aprobarlo en Consejo de Ministros como real decreto ley, «devaluando, cuando no negando, el debate democrático en el Parlamento».