Es lógico que los políticos maldigan las hemerotecas, que una y otra vez dejan en evidencia el escaso valor de su palabra. Exactamente igual que las videotecas de las televisiones y las fonotecas de las emisoras de radio.
La cadena SER rescató ayer de su archivo sonoro lo afirmado por Rosa Valdeón el pasado 15 de octubre del pasado año, cuando, a propósito de la aprobación del Código Ético aprobado por el gobierno Herrera, se manifestó sobre la "ejemplaridad" que a su juicio debían mantenerlos cargos públicos en su conducta privada. La posición de la entonces vicepresidenta, consejera de Empleo y Portavoz de la Junta no dejaba lugar a dudas: en un hipotético caso como el protagonizado por ella un año después, la dimisión era impepinable.
Y, en efecto, Valdeón dimitió de todos su cargos en la Junta, pero no de su escaño de procuradora por la provincia de Zamora, que ha mantenido y piensa mantener aún después de que el Tribunal Superior de Justicia la haya considerado "criminalmente responsable" de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Se trata además de una sentencia "de conformidad", esto es, aceptada por la propia Valdeón, quién, en evitación de una vista pública, ha aceptado la acusación del ministerio fiscal, beneficiandose de paso con ello de una reducción de un tercio en la pena inicialmente propuesta.
La procuradora zamorana tendrá que satisfacer una multa de 1.800 euros (equivalente a una pena de 5 meses a razón de 12 euros diarios) y se verá privada durante 8 meses y dos días del derecho a conducir vehículos a motor.
Preguntada ayer en las Cortes, donde asistía a la última sesión plenaria del año, Valdeón no quiso hacer declaraciones al respecto, situando la condena judicial en el ámbito de su esfera privada. Es decir, que de su doctrina sobre la "ejemplaridad" de los cargos públicos, nasti de plasti. Su permanencia en el escaño contó desde el primer momento con la anuencia de Juan Vicente Herrera, a quién la sentencia condenatoria del TSJ no le parece motivo suficiente para que la procuradora renuncie a su acta parlamentaria. Lo de haber dimitido de los cargos de designación cuando no había condena y no hacerlo de un cargo de elección ciudadana cuando ya la hay y firme, le parece a "El topillo" algo que atropella el más elemental sentido común. Dicho sea (lo del atropello) sin ninguna doble intención, faltaría más.