Más de 420 millones de euros presupuestados para tal fin han vuelto a las arcas del Estado sin haber conseguido su objetivo
CCOO denuncia que 2015 se cerró sin que el Gobierno hubiera sido capaz de aprobar una convocatoria: más de 172 millones de euros sin ejecutar. "En 2016 se lavaron la cara sacando una convocatoria apenas negociada con los agentes sociales, y modificada unilateralmente antes de su publicación en el BOE. Pero ni así han sido capaces de utilizar los fondos asignados. A fecha de hoy, ni una sola aprobación ha llegado a los centros de formación beneficiarios de estas subvenciones: esta vez la inejecución asciende a 202'5 millones de euros. Por tanto el gasto se trasladará a los presupuestos del 2017", explica el sindicato en un comunicado.
Considera que "si el Gobierno hubiera dejado al margen su incapacidad para aprobar (2015) y gestionar (2016), los cerca de 374'5 millones de euros finalmente no utilizados hubieran podido financiar la formación de más de medio millón de trabajadores y trabajadoras, un 3 % de la población ocupada".
Por otro lado el Ministerio de Hacienda y Función Pública acaba de dejar sin efecto la convocatoria de ayudas a los planes de formación de los empleados públicos de la Administración General del Estado, Universidades públicas y de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Se retiran casi 7 millones de euros. De esta forma, durante el año 2016 más de medio millón de trabajadores de la Administración General del Estado pierden su derecho a la formación y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales.
"A estas cantidades de dinero que regresan al bolsillo de Montoro hay que sumar 1'8 millones de euros más para programas de políticas activas de empleo en Ceuta y Melilla", critica CCOO. Los trabajadores ceutíes y melillenses ocupados se suman a la lista de damnificados: sin convocatoria en 2015 (900 mil euros) ni en 2016 (1 millón de euros), y aunque aprobadas en el último Consejo de Ministros su gasto ira contra el presupuesto 2017.
"Lo peor es el agravio comparativo, la merma de derechos que sufren las personas trabajadoras cuya formación dependa de la Administración General del Estado (SEPE e INAP). Las Comunidades Autónomas disponen de fondos para formación profesional para el empleo, aunque deben adelantarlos porque los del Estado se aprueban a final de año, lo que demuestra la falta voluntad política de este Gobierno donde parece que su prioridad no son las políticas activas de empleo", ha comentado Francisco Moreno, adjunto a la secretaría de formación de CCOO. "El desprecio hacia las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas es indignante", añade Moreno.
No terminan aquí los ahorros del Gobierno a costa de la formación de las personas ocupadas: fruto de la reforma de la formación profesional para el empleo, la financiación de los planes de formación aprobados debe llegar a sus destinatarios de forma fraccionada, debiendo ser los solicitantes quienes adelanten el dinero de la formación de los trabajadores. De esta forma, el último pago de las ayudas de la convocatoria 2014, 35 millones de euros, está todavía pendiente y se abonará en 2017, tres años después de haberse aprobado las ayudas.
"Cumpliremos los compromisos adquiridos en la Comisión europea para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero con quien desde luego no se está cumpliendo es con los trabajadores y trabajadoras", ha afirmado Javier López Secretario de Formación CCOO. "Dos años sin formación profesional para el empleo suponen un frenazo para el incremento de la cualificación de la población activa y, por ende, para la competitividad de las empresas, que este país no puede permitirse", añade Javier López
Para CCOO, "lo único que queda es esperar que el Gobierno cumpla la ley y, tal y como se comprometió en la Ley 30/2015 de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, reanualice (exigencia también del Tribunal de Cuentas y Constitucional) estos fondos y los revierta en la formación de los trabajadores".
Y concluye afirmando que "este dinero es de los trabajadores y de las empresas, y debe ser utilizados para lo que fueron recaudados, la formación. Cada día es menos permanente la formación y lo que realmente permanece es el dinero en las arcas del Estado".