El pleno de las Cortes aprobará hoy, falta por ver en qué términos, una proposición no de ley contraria al impuesto especial a las bebidas azucaradas anunciado por el ministro Montoro. Falta por ver en qué términos porque el texto propuesto por el grupo popular ha sido objeto de sendas enmiendas por parte del PSOE y Ciudadanos que van más allá del simple rechazo al impuesto e introducen otras medidas en apoyo del sector remolachero que a lo peor no son compartidas por el PP.
Y también está por ver si lo que finalmente se acuerda lo es por unanimidad, tal como pretendía el grupo popular, cuyo portavoz, Juan José Sanz Vitorio, se ha enmendado a sí mismo mediante una "corrección de errores" para suprimir de su propuesta de resolución la expresión "de forma unánime" que figuraba inicialmente.
De momento, la que se quedó ayer sin unanimidad fue la consejera de Agricultura, que, en paralelo a la iniciativa parlamentaria del PP, había promovido un manifiesto conjunto con los sectores remolachero y azucarero contra el impuesto de marras. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) rehusó la firma de dicho documento, suscrito por los otros dos sindicatos agrarios (ASAJA y La Alianza UPA-COAG), la Unión Regional de Cooperativas, la patronal CECALE, la cooperativa ACOR y la empresa Azucarera (antigua Ebro). La ausencia de Jesús Manuel González Palacín, el máximo dirigente de la UCCL chafó la foto de la unanimidad pretendida por la consejera Milagros Marcos.
No es que la UCCL esté a favor de dicho impuesto, sino que considera que el mismo no constituye ni de lejos el principal problema que tiene planteado el sector, que no es otro que la incertidumbre que genera la desaparición a partir de 2017 de las cuotas de producción. Y el sindicato ve en la firma del manifiesto "una cortina de humo que ensombrece los principales problemas del sector, entre ellos la deuda que acumula la consejería frente a los cultivadores de remolacha de Castilla y León".
Precisamente uno de los puntos coincidentes en las enmiendas parlamentarias del PSOE y Ciudadanos es el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de Castilla y León que obligan a la Junta al pago del complemento de las ayudas a la remolacha de la campaña 2.012. Y es ya se sabe que una cosa es predicar y otra dar trigo, en este caso simplemente pagar a los remolacheros lo que se les debe.