Comienza diciembre

Diciembre ha sido, para nuestra historia reciente, un mes cargado de acontecimientos políticos relevantes, que marcaron el destino de España: el asesinato de Carrero Blanco, en 1973, la aprobación por referéndum de la Ley para la Reforma Política, en 1976 y la aprobación, por referéndum, sanción real, publicación y entrada en vigor, de la Carta Magna, en 1978.

Hace unos días, y ante la llegada del 40 aniversario del referéndum que aprobó la Ley para la Reforma Polícia, aquél 15 de diciembre de 1977, varios medios de comunicación revelaban que el presidente Suárez incluyó expresamente a la Monarquía en esta Ley para que la transición fuera liderada legítimamente por el rey Juan Carlos, dado que si no hubiera sido así y hubiera habido una consulta popular, habría ganado la República, como forma política del estado, en lugar de la Monarquía. El pueblo español otorgó, por una mayoría aplastante, la confianza a esa Ley que, en principio, era la octava Ley Fundamental del Régimen, pero que después sirvió para derribar toda la arquitectura jurídica de la dictadura y construir una constitución política que respeta, en su integridad, los principios y valores del Estado Social y Democrático de Derecho.

Siempre he considerado (y lo sigo haciendo) a la transición política española como un proceso socialmente modélico y políticamente correcto. Después de la muerte de Franco y de cuatro largas décadas de dictadura, era tremendamente complicado arribar a una democracia del estilo de los países más avanzados del mundo sin que se dearramara una gota de sangre, amén de la violencia terrorista de ETA y en menor medida de otras organizaciones como el GRAPO, el FRAP o las de extrema derecha que asesinaron, por ejemplo, a los abogados de la calle Atocha, de Madrid.

Y hasta puede ser entendible que en esos años la izquierda parlamentaria (representada por PSOE y PCE, fundamentalmente) no tuviera en su programa politico inmediato la reivindicación del reconocimiento personal y jurídico de las miles de víctimas del bando republicano que vivieron en la indigencia ética, económica y social más abominable, durante los años de la dictadura.

Recordemos que en aquél momento histórico y después de haber transcurrido cerca de 40 años de la finalizacón de la Guerra Civil, las víctimas del bando vencedor habían sido honradas y dignificadas. Los que estaban enterrados en fosas comunes se les homenajeó y entregaron los restos mortales a sus familiares para que les dieran sepultura digna y cristiana, conforme a sus confesiones religiosas y en todos los pueblos de España se mandó construir una réplica de la "Cruz de los Caídos", en la que se inscribieran los nombres de los "caídos por Dios y por España", es decir, sólo los muertos en combate pertenecientes al bando rebelde. En cambio, la mayoría de las víctimas del bando republicano estaban sepultados en fosas comúnes y, en muchos casos, se desconocían los lugares de esas improvisadas criptas.

Por otro lado, las víctimas heridas del bando franquista que lograron sobrevivir, conocidos como "mutilados de guerra" y que no podían trabajar, consiguieron pensiones dignas y puestos de trabajo relevantes en la administración o empresas afines al Régimen, los que no quedaron impedidos para sus actividades laborales; mientras que los del otro bando, además de quedar marcados socialmente, etiquetados, estigmatizados y en la indigencia económica, muchos tuvieron que exiliarse para poder mantener una vida digna y el desarrollo personal y social adecuado.

Puede ser entendible también que durante los primeros gobiernos socialistas, Felipe González hiciera caso a los consejos de algunos grandes hombres afines al Régimen que protagonizaron, en primera persona, la transición política, como Gutiérrez Mellado, cuando le dijo "a usted que llegará a gobernar, ¿le puedo pedir un favor personal? No remueva nada de la guerra hasta que la gente de mi generación haya muerto, porque debajo del rescoldo sigue habiendo fuego, le ruego que tenga paciencia". Eran años en los que comenzaron las reparaciones económicas de los que sufrieron persecución y exilio y estuvieron encarcelados por motivos políticos, pero poco más.

Todo esto, insisto, puede ser entendible, máxime, además, cuando en 1981 la joven democracia española estuvo a punto de naufragar, una vez más, con el Golpe de Estado frustrado. Ahora bien, lo que parece menos entendible es la postura de hierro que mantuvo la derecha española cuando se elaboró y aprobó la Ley de Memoria Histórica. Una norma que lo único que pretendía era dignificar, honrar y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil que nunca lo habían sido; porque en un estado constitucional donde los ciudadanos son libres e iguales, tienen los mismos derechos y obligaciones y justo era homenajear a las víctimas que nunca habían sido reconocidas como tales y, con ello, ayudar a los familiares a buscar los cuerpos de sus seres queridos y dignificar su memoria. La derecha no cedió en ningún momento. Y si esos políticos nunca quisieron tener ese gesto de generosidad hacia los vencidos, la Ley de Memoria Histórica estaba condenada al fracaso, como así se demostró posteriormente cuando el gobierno de Rajoy suprimió las ayudas para excavar fosas y rendir homenajes a los caidos republicanos. Con esta decisión, el gobierno de Rajoy está incumpliendo sistemáticamente la resolución de Naciones Unidas en la que se muestra "preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al gobierno a cumplir su obligación de buscar a los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura y recomienda al Ejecutivo que asigne los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para la realización de estos fines".

Ese feo gesto de la derecha política, vitoreadao por sus aduldores mediáticos en tertulias y debates, ha contribuido a que siga existiendo ese enfrentamiento cainita que sólo contribuye a alimentar el rencor, a fomentar el odio y a deteriorar los girones de nuestra convivencia. Si esto no se remedia, seguiremos, por desgracia, eternamente enfrentados.