No será Castilla y León sino Valencia la comunidad elegida por el ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para iniciar la llamada "operación Reconquista". Podía haber sido perfectamente en Valladolid, Burgos o Zamora, provincias donde tendría garantizada una calurosa acogida, pero Sánchez ha preferido empezar su periplo en comunidades gobernadas por barones "susanistas". Tanto es así que su segunda aparición se anuncia en Asturias, el feudo del mismísimo presidente de la gestora, Javier Fernández.
Mientras, se constata que la fidelidad del secretario autonómico, Luis Tudanca, al ex secretario general sigue siendo absoluta. Al punto de que, según informaba ayer el diario "El Mundo", Tudanca es el que se está encargando de coordinar las reuniones que vienen manteniendo en Madrid -ya van cuatro- los siete barones leales a Sánchez (además del de Castilla y León, los secretarios autonómicos de Baleares, País Vasco, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja), así como dirigentes y parlamentarios de otras federaciones que no se han cambiado de bando.
La presencia en estas reuniones de Óscar López explicaría la represalia de que ha sido objeto por parte de la gestora, quien, pese a no haber incumplido el mandato de abstenerse sobre la investidura de Mariano Rajoy -algo imposible, ya que es senador y no diputado-, ha sido fulminado como portavoz socialista en la comisión de Educación, puesto retribuido con un complemento de 1.046 euros mensuales que causalmente ha pasado a ocupar el andaluz Francisco Menacho. Como se recordará, a raíz del tormentoso Comité Federal del 1de octubre, López puso su cargo de portavoz del grupo socialista del Senado a disposición de la gestora, que no dudó en sustituirle de inmediato por el asturiano Tinín Alvarez Areces.
Por el contrario, la que de momento casi se ha ido de rositas por su "no" a Rajoy es la diputada socialista por Palencia, Mari Luz Martínez Seijo, quien ha sido relevada en su puesto de viceportavoz en la comisión de Educación del Congreso, pero ha retenido la vicepresidencia de la de Políticas Integrales para la Discapacidad. De lo que no se libraría Martínez Seijo es de la sanción de 600 euros con la que la gestora se propone completar su escarmiento a los diputados infieles.