Independencia judicial

Como tantos otros artículos de la Carta Magna (que próximamente cumplirá 38 años de vigencia), el 117 (que establece la independencia judicial como uno de los principios más importantes de un Estado Social y Democrático de Derecho que garantiza formalmente la división de poderes) lleva muchos años siendo mero "papel mojado". Y los políticos de uno y otro signo lo saben; lo denuncian cuando son oposición, pero, en cambio, lo practican cuando están gobernando. Es la doble vara de medir, es el discurso de la hipocresía política y la manifestación, una vez más, de la vergonzante politización de la justicia.

Digo esto porque durante la semana se han sucedido informaciones en los medios de comunicación que ahondan en esa quiebra de independencia del poder judicial. En primer lugar, la noticia por la que se denuncia que se han malgastado aproximadamente unos 100.000 euros por el empeño de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (nombrados miembros del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP) de juzgar al concejal de Ahora Madrid, Zapata, por un presunto delito de humillación a las víctimas, debido a unos hechos que el munícipe protagonizó en 2011, que consistieron en publicar un tuit presuntamente degradante y ofensivo contra Irene Villa (víctima de un atentado de ETA hace unos años) y por lo que ha salido absuelto. Los hechos, de 2011, no hubieran tenido relevancia jurídico penal alguna si no se hubiera tratado de un candidato a concejal que iba en las listas de la candidatura de Manuela Carmena al ayuntamiento de Madrid y que resultó elegido en las pasadas elecciones municipales. Nadie discute que esos hechos puedan ser éticamente reprochables (que lo son), pero de ahí a considerarlo un delito hay un recorrido muy sinuoso, máxime cuando la víctima de tales manifestaciones (Irene Villa) descartó la acusación desde el primer momento y el juez instructor decidió archivar. La causa se prolongó durante 1 año y 5 meses, lo que posibilitó que los profesionales de la justicia (jueces, fiscales, peritos, abogados y procuradores) tuvieran que dedicar infinidad de horas de trabajo. Esos esfuerzos laborales podrían haberse destinado a otros procesos judiciales que se amontonan en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional.

Con independencia de que el hecho cometido por Zapata en 2011 (año en el que todavía no era concejal del ayuntamiento de Madrid) sea repudiable, insisto, ¿por qué no se iniciaron acciones judiciales contra él hasta 4 años después coincidiendo con su elección como concejal?. Esto es un indicio más que racional de que lo que primó en la querella contra el concejal electo, más que una presunta lesión a la dignidad personal de Irene Villa, fue el ánimo por parte del PP de perseguir al disidente. Da igual los hechos que el disidente realice, eso es lo de menos, porque lo importante para los que fueron desposeídos del poder municipal (PP) era perseguir al concejal y trasladar a la opinión pública que Zapata era poco menos que un terrorista, y éstos no pueden ser, bajo ningún concepto, representantes de los ciudadanos.

¿Podrían haber incurrido los magistrados Espejel y López en un presunto delito de prevaricación judicial por su empeño en seguir con la causa abierta y sentar en el banquillo al concejal madrileño? Reflexionen ustedes mismos.

La otra información que quiero resaltar sobre esa ausencia de "división de poderes" en nuestro país, es la relativa a la reclamación al Estado español, por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de las explicaciones sobre las causas abiertas al ex juez Baltasar Garzón, por el carácter arbitrario de las mismas. Recordemos que Garzón fue inhabilitado por decretar la intervención de las comunicaciones telefónicas en prisión entre los presuntos cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados defensores (cuando estaba instruyendo el caso Gürtel), al considerar que esas intervenciones podrían ser muy relevantes para la investigación de los hechos.

Los indicadores sobre independencia judicial en España son altamente preocupantes. Según datos de la Comisión Europea, España se encuentra en los últimos lugares en independencia judicial (puesto 25 de 28 miembros de la Unión). Sólo obtienen peores resultados que nosotros Croacia, Bulgaria y Eslovaquia. Y según el Foro Económico Mundial (informe también de 2015), España ocupa el puesto 72 de 148 países del mundo analizados. Según estas mismas fuentes, la jurisdicción española es una de las más influenciables por la política. Los países que tienen una mayor independencia judicial son Nueva Zelanda, Finlandia, Irlanda, Hong Kong, Noruega y Reino Unido.

Es muy importante que nuestra justicia recupere su independencia. De lo contrario, nos precipitaremos por el abismo, porque, como decía Thomas Jefferson, "cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber".