Especial atención a los trabajadores con más dificultades para acceder al mercado laboral
El consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, prioriza diez desafíos para la legislatura: crear más empleo y superar el millón de ocupados, lograr un empleo de mayor calidad mejor retribuido y más seguro, mejorar la formación y adaptación al mercado laboral para una mayor empleabilidad de los trabajadores, propiciar más oportunidades de empleo a aquellos colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, hacer compatible la vida laboral y familiar, garantizar la protección de las personas que no han encontrado un empleo, y prestar una mayor atención a los autónomos y emprendedores. Los tres últimos objetivos son la defensa de un compromiso territorial de las políticas de empleo que permitan un mayor desarrollo de distintas áreas geográficas, vincular las políticas de empleo con los desafíos demográficos y, finalmente, desarrollar todos estos acuerdos en el ámbito Diálogo Social.
El primer objetivo de esta legislatura es la creación de más empleo y más empresas, que pasa por superar la cifra de un millón de ocupados, y hasta el año 2020 crear 8.000 nuevas empresas y aumentar en más de 1.000 las de base tecnológica. Según los datos conocidos en la última EPA, la Comunidad cuenta 992.800 ocupados, 79.500 más que al inicio de la legislatura, lo que apunta a que la línea marcada hacia el objetivo de legislatura va por buen camino y que la Comunidad está generando empleo. Así se concluye de los datos de la EPA del III trimestre que indican que hay 26.000 parados menos que en el trimestre anterior y 30.300 parados menos que hace un año, con reducciones por encima de la media nacional. Además la tasa de paro de Castilla y León se sitúa en el 13,91 %, cinco puntos inferior a la media nacional. Castilla y León está hoy creciendo económicamente y generando empleo.
En segundo lugar, la Consejería de Empleo tiene el reto de crear un empleo de mayor calidad: más seguro para combatir el repunte de los riesgos laborales por el incremento de la actividad, más estable con el fin de mejorar la creación del primer empleo tras la crisis, que tiene un carácter temporal, y con un nivel retributivo mayor que genere más derechos si finaliza el mismo.
Otro objetivo establecido por la Consejería es mejorar la formación y adaptar al mercado laboral la preparación de los trabajadores que siguen sin empleo. En esta misma línea, el cuarto objetivo establecido por el consejero de Empleo es mejorar las oportunidades de empleo de todos los trabajadores de la Comunidad, con especial atención a aquellos que cuentan con mayores dificultades, priorizando a los colectivos de jóvenes, a los mayores de 45 años, a los parados de larga duración, a los que hayan agotado las prestaciones por desempleo, a las personas con cargas familiares, a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, a las personas con discapacidad y a las que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.
El quinto objetivo de la legislatura se centra en mejorar la conciliación, de forma que permita una mayor compatibilidad del empleo con la vida personal y familiar. En sexto lugar es necesario garantizar la protección a aquellas personas que todavía no han encontrado un puesto de trabajo. Para ello, la Junta ha realizado una nueva regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía que se complementará, cuando sea necesario, con el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE).
Por otra parte, por el peso que tienen en la capacidad de dinamización de la actividad económica, es necesario prestar una atención especial a los autónomos y emprendedores, así como a todas las fórmulas de la Economía Social: cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción.
El octavo objetivo se centra en la defensa del compromiso territorial de las políticas de empleo de la Junta que pueden convertirse en un factor decisivo en el desarrollo de determinadas áreas. De esta forma el efecto del Plan de Empleo Local en el mundo rural es importante, igual que lo es para los municipios del carbón el Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras aprobado este año en las Cortes de Castilla y León, y el Plan de Dinamización de la Provincia de Soria.
El noveno reto vincula las políticas de empleo con los desafíos demográficos, que sin ser la única medida que afecta al cambio demográfico es en periodos de recesión y destrucción de empleo cuando más se ponen de manifiesto las debilidades demográficas. Finalmente como último objetivo, de carácter básico, todos estos objetivos expuestos han de ser desarrollados en el Dialogo Social como instrumento fundamental en el desarrollo de las políticas de empleo de la Comunidad.
Prioridades en el empleo de la Comunidad
La Consejería de Empleo ha fijado catorce prioridades de trabajo en la legislatura, entre ellas la primera es mejorar la atención a trabajadores y empresas en el Servicio Público de Empleo (ECYL). La Junta aprobará, la semana próxima, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Público de Empleo, que impulsará la modernización de los servicios que se han aprobado en el Dialogo Social. Permitirá más proactividad, transparencia y calidad, así como mejor desarrollo de los servicios priorizando a las gerencias territoriales como puntos de acceso al servicio de empleo. La aprobación de este Reglamento da continuidad a la modernización del ECYL que se suma a la aprobación de la carta de servicios y la puesta en marcha del portal de empleo.
La segunda prioridad es reforzar la orientación laboral a través de una tutorización más personalizada y el acompañamiento para asesorar y crear itinerarios adaptados a trabajadores y empresas. Se ha adecuado el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) a las nuevas circunstancias económicas y se ha extendido su acceso a los mayores de 55 años y a los trabajadores autónomos.
Formación
En tercer lugar se priorizan las políticas de formación y cualificación profesional con el objetivo no sólo de crear empleo sino de mejorar las oportunidades para acceder a un empleo y favorecer la promoción profesional de trabajadores ocupados. Se diseñará una oferta formativa adecuada a las necesidades, que sea certificable, y en concurrencia competitiva, tanto para trabajadores ocupados como aquellos que se encuentran desempleados. Por otra parte, se desarrollarán acciones de formación para quienes carezcan de cualificación con la emisión de certificados de profesionalidad, se apuesta por la formación dual como una de las grandes prioridades para los próximos años, así como la formación en alternancia con el empleo a través del programa mixto que permite cualificación y adquirir competencias profesionales, y los programas de formación en empresas con compromiso de contratación.
Empleo en el territorio
La cuarta prioridad es la actuación a través de políticas de empleo especializadas en función del territorio y los problemas específicos que presentan. Para ello se ha puesto en marcha un nuevo Plan de Empleo Local para prestar servicios de interés general aprovechando recursos autóctonos y sectores emergentes con el objetivo de la dinamización económica de la Comunidad. Así se han incorporado nuevas áreas de actividad como la forestal y medioambiental, y la atención a colectivos con dificultades como los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, jóvenes, desempleados de larga duración y personas con discapacidad.
La quinta prioridad es mantener el empleo en los municipios mineros, situados en unas comarcas especialmente afectadas por una grave crisis social y económica. Las medidas de empleo integradas en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros aprobado por las Cortes de Castilla y León, han sido puestas ya en marcha durante el primer año de vigencia del Plan. En concreto a través de un Plan de Empleo Local específico para estos municipios en el que se han puesto en marcha medias destinadas a subvencionar parte de la cuota de la Seguridad Social de los autónomos y la extensión de medidas de protección de trabajadores de la mina afectados por ERES.
Empleo Joven
La recuperación económica permitirá incorporar al colectivo de los más jóvenes al mercado laboral. El reto no es sencillo porque la tasa de paro juvenil -los menores de 25 años-, duplica la media de la Comunidad Autónoma hasta alcanzar el 34,14 %. Sin embargo la recuperación está llegando a este colectivo con el descenso de paro en 10,5 puntos en el último año y el aumento de 4.800 jóvenes ocupados. La tasa de paro juvenil es casi 8 puntos inferior a la del conjunto de España.
La Junta ha puesto en marcha un Plan de Empleo Joven que va más allá del Sistema de Garantía Juvenil. Se destinarán más recursos y se llegará a más destinatarios al incluir en la categoría de joven a los menores de 35 años frente a la edad de 30 años considerada en la normativa europea. Este Plan está dotado, en 2016, con un 20 % más de recursos que en 2015, y alcanzará los 181,5 millones de euros hasta el año 2020, y en su desarrollo participan las Consejerías de Economía y Hacienda, Familia e Igualdad de Oportunidades y Educación, además de la de Empleo. Por otra parte, el Sistema de Garantía Juvenil impulsado por la Unión Europea, cuenta ya en la Comunidad con 17.000 inscritos, con los que se trabajará ofreciéndoles las medidas y acciones previstas en el Sistema.
Empleo con discapacidad
La séptima prioridad es seguir impulsando la integración laboral, tanto en los Centros Especiales de Empleo como en la empresa ordinaria de los trabajadores con discapacidad. Se ha impulsado su integración a través de líneas de apoyo específicas y de contratación en municipios, a través del Plan de Empleo Local.
Se seguirá apoyando a los Centros Especiales de Empleo financiando hasta el 75 % en 2017 los costes de los nuevos contratos en caso de discapacidad severa, dando cumplimiento de forma anticipada a este compromiso de legislatura. De la misma forma y como novedad, suscribiremos convenios de financiación con entidades bancarias para poder adelantar el abono de esa subvención a los costes salariales.
En 2017 se creará una nueva línea para apoyar las inversiones en Centros Especiales de Empleo vinculadas a la realización de contratos indefinidos. Estas medidas tienen como objetivo finalizar la legislatura con al menos 5.000 trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
Las Personas en exclusión o riesgo de exclusión social son el colectivo que centra la octava prioridad. Se continuará subvencionando el 50 % del SMI de personas de este colectivo en las empresas de inserción y en 2017 se pondrá en marcha una nueva línea para el personal de acompañamiento de estas empresas de inserción para facilitar la adaptación social y laboral de estos trabajadores.
Autónomos
La prioridad número diez es el colectivo de autónomos. Castilla y León tiene más autónomos que la media del país, casi cinco puntos más, el 21,3 % de la población ocupada. La prioridad que tiene este colectivo ha llevado a la aprobación de la Estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos de Castilla y León 2016-2020, presentada en fecha reciente por el Presidente Herrera, y que tiene como prioridad un acompañamiento completo de estos profesionales a lo largo de toda su vida laboral o profesional, a través de actuaciones que abarcan desde el asesoramiento y tutorización, ayudas para su inicio de actividad, formación, financiación de proyectos, apoyo a la innovación e internacionalización, protección social, incentivación a la contratación de trabajadores, apoyo a colectivos con dificultades, y finalmente, apoyando la participación y el asociacionismo.
Economía Social
La undécima prioridad se centra en el apoyo a todas las familias de empresas que forman la Economía Social, con especial importancia de las 2.108 cooperativas y las 1.721 sociedades laborales registradas en la Comunidad.
El apoyo para la creación y el crecimiento de las cooperativas vendrá impulsado con la presentación, en 2017, de un Proyecto de Ley de modificación de la normativa en materia de cooperativas, para simplificar y agilizar trámites, contemplando la posibilidad de establecer estatutos tipo normalizados, constituirlas en cualquier registro público a través del Documento Único Electrónico (DUE), legalizar los libros obligatorios y presentar las cuentas anuales la forma telemática, y aspectos como la ampliación del capital mínimo general a 3.000 euros, la modificación del capítulo dedicado a los socios introduciendo la figura del asociado, o la posibilidad de constituir tanto cooperativas simplificadas, como integrales, aquellas compuestas por varias cooperativas.
Empresas en crisis
El mantenimiento del empleo en situaciones de crisis empresariales es el punto prioritario número doce. A pesar del sustancial descenso en el número de expedientes de regulación de empleo se incentivarán los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores para favorecer expedientes de suspensión y reducción de jornada frente a los extintivos y los cierres empresariales.
Prevención de riesgos laborales
El incremento en la actividad económica genera un incremento en los riesgos en el trabajo. Esta materia centra la decimotercera prioridad de la Consejería de Empleo. El nuevo Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales constituye el eje de actuación con el objetivo de siniestralidad cero y estableciendo la máxima coordinación entre todos los agentes de la prevención. Las políticas de prevención irán más allá para ampliar su campo de acción hasta integrar cualquier influencia que el trabajo pueda producir en la salud del trabajador. Se garantizará el cumplimiento efectivo de la normativa de seguridad y salud laboral y se reforzará la colaboración con la inspección de trabajo.
Relaciones laborales
La decimocuarta prioridad se centra en el cumplimiento de la normativa laboral en materia de relaciones contractuales entre la empresa y los trabajadores. La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales desempeña la autoridad laboral de la Comunidad, de forma que es la que garantiza el cumplimento de la normativa laboral junto con las Oficinas Territoriales de Trabajo de cada provincia.
Diálogo Social
Se cumplen quince años en el que el desarrollo del Diálogo Social ha permitido impulsar políticas económicas y de empleo beneficiosas para Castilla y León. Han pasado nueve años desde que este Diálogo Social tiene rango estatutario. Esto ha permitido que la concertación en la Comunidad sea un referente para toda España. El compromiso entre los agentes sociales y económicos y la Junta de Castilla y León ha hecho que la Junta sea mejor como Comunidad. En 2016 se han firmado cinco nuevos Acuerdos que se han puesto ya en marcha: el empleo, la Formación Profesional, la Prevención de Riesgos Laborales, la igualdad y conciliación, la mediación en conflictos individuales a través del SERLA, la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la vivienda. La Junta está trabajando ya en cuestiones como el nuevo Plan Anual de Políticas de Empleo para 2017, la garantía por Ley de la Red Integral de Atención a familias y personas en situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento de las Políticas de Dependencia, la política de alquiler y rehabilitación de vivienda y la política forestal.
Políticas demográficas
La Consejería de Empleo coordina las políticas demográficas que impulsa la Junta de Castilla y León puesto que es crucial la correlación entre la creación de empleo, fundamentalmente en el mundo rural, con la fijación de población en el conjunto del territorio de la Comunidad. El Empleo es la mejor respuesta frente a los retos demográficos.
Por otra parte es imprescindible la implicación de todos ante los nuevos retos demográficos: Junta de Castilla y León, grupos parlamentarios, y corporaciones locales. Además es necesario reforzar la cooperación en el ámbito de la nación y de la Unión Europea. Para ello estamos trabajando con otras comunidades autónomas de diverso signo político en el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, reunido por última vez el pasado 28 de octubre en Cuenca. Allí se ha rubricado una Declaración Conjunta en la que se proponen medidas consensuadas para que los desafíos demográficos sean considerados una cuestión de Estado.