El pleno del ayuntamiento de Retortillo ha aprobado esta semana la declaración de 'personas non gratas' para la plataforma "Stop Uranio", así como para sus dos principales dirigentes, Jesús Cruz Fernández y José Ramón Barrueco. Esta decisión parece tener como única finalidad crear tensión y ensuciar el nombre de una plataforma y unos activistas que han mostrado de forma pacífica su postura opuesta a la mina de uranio.
En este sentido, la declaración como "non gratos" no pasa de ser un intento de señalar y amedrentar al conjunto de integrantes de dicha plataforma, buscando estigmatizarlos socialmente e intentando declararles enemigos de un pueblo donde la opinión respecto a la mina está muy dividida y que, como pueblo, no ha votado nada en ese sentido, pues apenas lo han hecho sus concejales (que suponen el 2% del censo).
Curiosamente, entre los motivos expuestos para llevar a cabo esa declaración, cabe destacar que en el pleno se habló de que los declarados 'non gratos' están "causando daños morales a la Corporación y a sus familias". Ante esto me surge la duda de si la declaración como 'non gratos' de Stop Uranio no causa precisamente esos daños morales a los miembros de Stop Uranio y a sus familias.
Por otro lado, por mucho que la corporación de Retortillo se crea soberana sobre este asunto, hay que recordarles que la apertura de una mina de uranio a cielo abierto no afecta solo a su municipio, sino también a todos los colindantes (incluido el vecino Villares de Yeltes, donde es concejal el declarado 'non grato' José Ramón Barrueco) y a aquellos donde van a parar las aguas del río Yeltes o los vientos de la zona. Es más, hay que recordarles que se pretende llevar a cabo en un área declarada ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).
Precisamente por este carácter supramunicipal de los posibles efectos secundarios de la mina, desde Portugal ya han pedido explicaciones al respecto, hecho por el cual no es descartable que, en un futuro pleno, los concejales retortillanos declaren 'non grata' a la República Portuguesa, visto el cariz que están tomando los acontecimientos.
Del mismo modo, hay que recordar a los concejales que la apertura de dicha mina llevará aparejado casi seguro el cierre del balneario de Retortillo, que paga sus impuestos y lleva bastantes décadas prestando servicio y extendiendo el nombre de Retortillo de manera 'sí grata' por el mundo. ¿No está la corporación municipal también para defender los intereses del balneario y sus trabajadores? ¿O sólo interesa que se inicie una explotación minera cuya vida está proyectada para apenas 10 años?
Y es que por encima de los condicionantes medioambientales, la escasa vida de la mina en número de años va a suponer que las ganancias que pueda obtener el ayuntamiento de Retortillo solo se darán en un plazo corto, ¡una década!, a lo que se suma que la empresa explotadora no es local, sino australiana, por lo que el grueso de las ganancias que pudiese generar la mina se marcharán camino de las antípodas, dejando a su paso un paisaje y un ecosistema profundamente alterados.
Por otro lado, la Declaración de Impacto Ambiental aprobada y defendida por la Junta tiene importantes lagunas, pues no se han considerado algunas de sus características más importantes, como el manejo de materiales radioactivos de primera categoría y su almacenamiento. Por ello, en las Cortes pidieron su revisión todos los grupos de la oposición, esto es, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leonés. No obstante, esta revisión ha sido rechazada por el PP, imposibilitándola.
Entretanto, pese a que aún no es definitivo el proyecto de la mina (que afectaría a más de 200 hectáreas), Berkeley ha talado ya un número indeterminado de encinas, muchas de ellas centenarias, que la empresa asegura que serán 5.000 finalmente, pero que es un punto sin comprobar, pues podrían acabar siendo el doble. Por otro lado, desde la empresa minera dicen que al acabar la explotación plantarán 30.000 encinas (eso sí, ninguna centenaria) para restaurar el ecosistema, que como sean nuevas tendremos calva para rato en el campo, vista la velocidad a la que crecen las encinas.
No obstante, hay que cargarse de fe para creer en la restauración del ecosistema por parte de Berkeley, ya que una práctica bastante frecuente en las empresas mineras es crear una empresa filial paralela (como de hecho ya ha hecho Berkeley en España), y una vez explotados los recursos de una zona declarar la empresa filial en quiebra y no restaurar los daños causados que, de este modo, o se restaurarán con dinero público, o no se restaurarán.
En todo caso, lo que no podría restaurar Berkeley son los posibles perjuicios que la mina podría conllevar para la salud de los residentes, y especialmente para aquellos que trabajen a pie de mina (por las partículas expedidas al aire y a las propias aguas), a los que habría que sumar los que se derivarían a flora y fauna. En este sentido, hay razones para estar preocupado, pues en 2001 el Instituto de Salud Carlos III de Madrid hizo público un trabajo en el que se recogía la relación entre el exceso de mortalidad por cáncer de pulmón y de riñón y la vecindad a una mina de uranio.
Por otro lado, en nuestra zona tenemos la mala experiencia de la antigua planta de arsénico de Yecla de Yeltes, la cual es un amargo recuerdo para los vecinos que la conocieron, pues llevó aparejada la muerte temprana de buena parte de sus trabajadores, así como la de animales que pastaban en las cercanías de la misma.
En cuanto al empleo, hay que señalar que el número de puestos de trabajo en la mina de Retortillo no sería demasiado elevado, pues la mayor parte de los procesos se encuentran mecanizados. Además, del total de puestos la mayor parte sería de trabajadores cualificados que no hay en Retortillo, y que en muchos casos se desplazarían desde la ciudad, por lo que el pueblo vería simplemente pasar gente durante diez años sin beneficiarse apenas por ello.
Sea como fuere, me gustaría de paso plantear por qué el ayuntamiento de Retortillo no declaró en su día 'non gratos' al consejero de Sanidad y a la propia Junta de Castilla y León como responsables del cierre de las urgencias nocturnas en Villarino y Barruecopardo, o por la supresión de la plaza de médico de Brincones, a cuyos vecinos también les causaron daños morales (y en algunos casos no sólo morales), o por qué no han declarado 'non grato' al Gobierno por no expedir el Sovaldi a los enfermos de hepatitis C (algunos de los cuales han fallecido por no poder pagar dicho medicamento). Y es que si nos ponemos exquisitos para declarar 'non grata' a la gente, será mejor hacerlo con aquellos que agreden directamente al derecho a la salud de la gente, en lugar de hacerlo con quien protesta pacíficamente sin agredir a nadie ni coartar sus derechos.
Por lo demás, espero que en el futuro pueda seguir viendo poblado de encinas el campo retortillano, pues dejar sin encinas la Charrería sería arrebatarle su propia esencia.