Profesor de Derecho Penal de la Usal
La encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, conocido hace unos meses, es contundente al constatar que un 28,6 % de los españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. La renta media de los hogares se redujo en un 0,2 % y la fractura social es cada vez más evidente en la población española. La diferencia entre ricos y pobres se incrementa de forma alarmante. Los ricos lo son cada vez más y lel número de pobres aumenta día a día. Una seña de identidad propia de países subdesarrollados, con un nivel de bienestar social precario.
Parece increíble que un país como el nuestro, que tanto luchó para abandonar el furgón de cola de los países desarrollados (a nivel social, político, económico y cultural) y que compitió codo a codo con los más avanzados paises del denominado "estado del bienestar", se encuentre ahora entre los que más ha crecido la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la marginalidad, de la eurozona. El equilibrio social se consigue gracias a la intervención del Estado en los procesos económicos, potenciando la educación, la sanidad, los servicios sociales y el resto de prestaciones entre todos los ciudadanos, accediendo éstos en igualdad de condiciones, en virtud del principio de justicia distributiva.
Lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno actual, ultra liberal y con escasos tintes socialdemócratas, que ha recortado drásticamente las partidas presupuestarias destinadas a políticas sociales. La elevada tasa de paro, además de los empleos precarios, los sueldos bajos y la disminución de ingresos por cotización provocados por una reforma laboral regresiva, está provocando otro grave problema que afecta a las personas jubiladas y a las que lo serán en los próximos años. Ya es público y notorio que la denominada "hucha de las pensiones" desaparecerá en poco tiempo y el ejecutivo de turno tendrá que recortar drásticamente las pensiones, además de alargar la edad de jubilación. Y esto sí va a ser una tragedia, ya que muchos jubilados están afrontando gastos de otros tantos familiares con escasos recursos económicos.
Si esta situación persiste en el tiempo se generará el caldo de cultivo apropiado para una deriva social sin precedentes en nuestra historia reciente, que afectará gravemente a nuestra convivencia. Además, una sociedad que sigue avalando, en las confrontaciones electorales, a los políticos corruptos y a los que les han amparado, es una sociedad enferma. Mucho me temo que todo esto pueda provocar un incremento de la marginalidad y, por ende, de la actividad delictiva que afecte a la seguridad ciudadana. España, actualmente, es un país con una baja tasa de criminalidad violenta (entendiendo como tal la que lesiona o pone en peligro los bienes jurídicos más importantes, como la vida, la libertad, la integridad física y psíquica o la libertad e indemnidad sexuales). En los homicidios, por ejemplo, la tasa es de 0,7 por cada 100.000 habitantes y año (similar al de los países socialmente más avanzados, Alemania, 0,8; Reino Unido, 0,9; Italia, 0,8; Austria, 0,5, Francia, 1,2, Bélgica, 1,8; o USA, 3,9, aunque la de este es sensiblemente más alta que las europeas), lejos de los 64,2 homicidios por cada 100.000 habitantes de El Salvador, los 31,2 de Guatemala, los 62 de Venezuela o los 33 de Sudáfrica. Y qué decir de las violaciones, los crímenes machistas o los robos con armas de fuego que, afortunadamente, son infinitamente menos que en los países más violentos del mundo. Y la delincuencia, como estoy cansado de afirmar, no se previene mejor por tener unas leyes penales y penitenciarias más duras e inhumanas, sino porque el país tiene mejores políticas sociales.
Nuestro país cuenta también con unos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad muy profesionales, entrenados y no corruptos; lo que favorece la persecución del delito y la captura del delincuente. Los ciudadanos no podemos permitir que siga incrementándose la exclusión social y la marginalidad, porque va en contra de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de los más desfavorecidos y, como consecuencia de esto, que pueda haber un incremento de la violencia social y criminal y de la inseguridad ciudadana.
Los países socialmente más cohesionados son los que cuentan con una adecuada distribución de la renta y la riqueza, servicios sociales universales y un sistema educativo sólido, con financiación pública suficiente y asentado en los principios y valores de un Estado Social y Democrático de Derecho, no que se utilice la educación para imponer el ideario doctrinal que interesa a los poderes fácticos y a las clases dominantes de nuestra sociedad.