Profesor de Derecho Penal de la Usal
Algunas noticias tristes para las instituciones de nuestra ciudad quedan aparcadas en la trastienda del olvido cuando los hechos que han motivado la información han sido protagonizados por gestores políticos afines ideológicamente a los que gobiernan nuestra ciudad, provincia y comunidad autónoma. Nuestros responsables políticos tienen que defender los intereses de nuestra tierra, pero están demostrando que sólo promueven protestas y apoyan manifestaciones ciudadanas cuando esas gestiones las hacen otros y no sus correligionarios
Me estoy refiriendo, como no podía ser de otra manera, a la decisión del Ministerio del Interior de apartar a la Universidad de Salamanca de la formación de los policías de la Academia de Ávila y adjudicarle la docencia a la Universidad Católica de Ávila.
Esta noticia, que se conoció en Salamanca por los medios locales hace unas semanas, no ha tenido trascendencia alguna hasta que no se ha publicado por un periódico nacional, en este caso, el diario El País. No obstante, el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Salamanca ya denunció publicamente la situación, pero debido al caos existente actualmente en el PSOE, no había tenido eco mediático, como muchas otras denuncias sobre irregularidades administrativas y prácticas caciquiles que se han impulsado desde hace años en nuestra tierra por agentes políticos, sociales y económicos. Pero ha tenido que publicarse en un medio nacional para que nuestros representantes políticos actúen. Así el PSOE nacional ha pedido la comparecencia en el Congreso del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y ha registrado una proposición no de ley para que se revoque de oficio la adjudicación otorgada a la Universidad Católica de Ávila.
Es un ataque muy grave a una institución, como la Universidad de Salamanca, ocho veces centenaria, que cuenta con una muy cualificada plantilla de profesorado, adecuados medios materiales y experiencia y prestigio académico suficientemente acreditados. Un estado laico, como el nuestro, tiene que potenciar una formación laica en aspectos tan delicados como la capacitación y preparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. No hacerlo colisiona con los principios y valores de un Estado Social y Democrático de Derecho. La Universidad Católica de Ávila se debe a un ideario religioso que avala una corriente pedagógica más próxima al nacional catolicismo de épocas pasadas que a la de una sociedad libre, democrática, pluralista y avanzada. No sirve, como excusa, argumentar que se ha adjudicado por la baja económica, es decir, por ser la opción más barata, cuando la propuesta económica es un dato más en la puntuación final. Se debe evaluar indiviualizadamente también la puntuación de otros aspectos técnicos como la capacidad docente, las instalaciones o la experiencia en la gestión; algo que no se ha hecho. La mesa de contratación concedió los mismos puntos en este apartado a todas las universidades concurrentes, lo que resulta arbitrario e injusto.
No es la primera vez que este ministro antepone su ética privada a la ética pública que tiene que presidir siempre las actuaciones de un gobierno que gestiona los intereses de todos los ciudadanos, no sólo los de una determinada confesión religiosa. Como ejemplos más significativos son las condecoraciones concedidas por el ministerio: en 2012 se le concedió la Gran Cruz de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar; en 2014, la medalla de oro al mérito policial con carácter honorífico a la Virgen María Santísima del Amor y en 2015, la Cruz de Plata de la Guardia Civil a la Santísima Virgen de los Dolores, de Archidona (Málaga).
También en otros asuntos de gestión política (de mayor gravedad porque afectan directamente a derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos) el ministro ha demostrado tener una ideología política más acorde con un régimen autoritario que con uno democrático. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha mostrado su preocupación sobre la situación de "los derechos civiles y políticos en España" después de las últimas reformas penales y de seguridad ciudadana. Así, según la ONU, la Ley Mordaza hace un "uso excesivo de las sanciones administrativas y excluye ciertas garantías judiciales"; utiliza términos "vagos y ambiguos" que pueden traducirse en una aplicación discrecional de la ley. El referido Comité reprocha también que la Ley Mordaza avale las "devoluciones en caliente". Igualmente reprocha que se abuse de "los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos" o que se hayan atribuido competencias a vigilantes privados en la nueva Ley de Seguridad Privada, que antes estaban asignadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Esta cacicada sin precedentes en nuestra universidad, es motivo más que suficiente para que los ciudadanos y las autoridades universitarias y políticas reivindiquen lo que legítimamente les corresponde.