El presunto cabecilla de la trama 'Gürtel' detalla el pago de sobornos y comisiones al extesorero Luis Bárcenas y otros ex altos cargos del Partido Popular
El empresario Francisco Correa ha relatado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que lo juzga como presunto cabecilla de la trama 'Gürtel' cómo comenzó su relación empresarial con el Partido Popular, una oportunidad que le brindó el extesorero de la formación Luis Bárcenas y que causó mucho revuelo con la presentación de un presupuesto de 1,4 millones de pesetas por la organización de un mitin por el que les estaban cobrando 12 millones.
"Me llevaron a ver a Francisco Álvarez Cascos porque la diferencia de dinero era muy grande con mi empresa. Me lo dieron, salió bien y a partir de ahí empezamos a trabajar mucho con el PP", ha explicado Correa, que ha tratado de justificar con este relato una de las grabaciones que le realizó el concejal del PP en Majadahonda Francisco Peña y en las que el empresario afirmaba que "había llevado mil millones a Génova". "A eso me refería, a que he ahorrado mucho dinero al PP, cientos de millones de pesetas".
Correa ha insistido en que su relación con el PP era puramente empresarial y que, precisamente, su primera toma de contacto con formaciones políticas fue con el PSOE, aunque no prosperó puesto que el partido, según ha relatado, ya trabajaba con otra empresa. "Mi padre estuvo 40 años exiliado del país, por lo que mi afinidad política era más hacia el otro bando; yo lo que quería era triunfar en mi actividad empresarial", ha explicado Correa, para señalar asimismo que el único mitin que había visto antes de organizarlos para el PP fue uno al que acudió con su padre viendo a 'La Pasionaria'.
Desde el comienzo de su declaración, Correa ha advertido de que no iba a reservarse información en esta declaración. "No montamos las empresas para delinquir, pero cometimos algunas irregularidades que voy a reconocer ante el tribunal", matizaba al comienzo de su intervención, durante la que ha reconocido el pago de sobornos y comisiones a Bárcenas y otros ex altos cargos del partido procesados en esta causa, así como la entrega de regalos a la familia del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, entre ellos los adquiridos para la que fuera ministra de Sanidad y su expareja, Ana Mato.
Regalos para la familia de Ana Mato
Entre las "atenciones" con Sepúlveda, Correa ha destacado la compra de un coche o el pago de viajes y fiestas de cumpleaños para la familia aunque ha justificado pago de dádivas a miembros del PP como una práctica habitual en la empresa privada. "La primera vez que escucho cohecho y prevaricación es cuando me detienen. ¿Cómo no voy hacer un regalo a una persona que me está dando un trabajo importante? Estoy cansado de hacer regalos a grandes empresas con las que hago negocio", ha justificado. Asimismo, ha admitido que entregó un millón de euros al exconsejero madrileño del PP Alberto López Viejo por ejercer como intermediario en una adjudicación del Ayuntamiento de Madrid, asi como el cobro de dádivas del constructor Alfonso García Pozuelo, una comisión que, según ha explicado, repartía entre él mismo y el extesorero del PP Luis Bárcenas. Una práctica habitual, según su relato. "El contable me daba dinero de la caja B que yo cobraba de empresarios privados. Entregaba parte a Bárcenas y yo me quedaba con mi parte para gastos personales. Con los políticos quedaba yo y les daba el sobre", ha declarado.
El cabecilla de la 'Gürtel' ha señalado que su relación empresarial con el PP era tan estrecha que "pasaba más tiempo en Génova 13 (sede del PP nacional) que en mi propio despacho; era como mi casa"; una relación que terminó en el año 2004 puesto que su socio, el exsecretario de Organización del PP en Galicia, Pedro Crespo, no tenía buena relación con Mariano Rajoy, y terminó por trasladar la actividad de sus empresas a Valencia con Francisco Camps. "Nosotros trabajamos con todo el equipo de Aznar y cuando llega Rajoy la química se rompió porque no tenía buena relación con Pablo Crespo", ha explicado Correa, quien ha recordado también su "excelente" relación con el expolítico popular y yerno de Aznar, Alejandro Agag: "Éramos íntimos amigos, como sabe todo España".
Correa ha insistido en varias ocasiones durante su declaración en que las prácticas empresariales llevadas a cabo por él, entre las que ha reconocido la función de "gestión de lobby a empresas y personas muy poderosas de este país", forman parte del proceso habitual, según su relato. "En España existen muchos Franciscos Correas, si yo hubiera facturado por mi gestión no estaría aquí sentado. Yo cobraba en B porque ninguno de los empresarios me querían facturar", ha defendido.
Tirar de la manta
Correa ha llegado dispuesto a romper la 'omertá' (ley del silencio) que ha acompañado todas y cada una de sus declaraciones judiciales desde que estalló el caso en febrero de 2009. El empresario nacido en Casablanca (Marruecos) en 1955, al que le gustaba que le llamaran coloquialmente "don Vito" por sus amplios poderes sobre "la familia" (los trabajadores de su grupo de empresas perfectamente imbricadas en la estructura orgánica del PP en Madrid y Valencia) declara este jueves en la quinta sesión del macrojuicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la primera época de la red corrupta (1999-2005).
La estrategia de Correa ya se empezó a perfilar antes de comenzar la vista oral, donde se enfrenta a 109 años de cárcel por una ristra de delitos y 60 millones de euros entre multa y responsabilidad civil. Cambió de abogado una semana antes de comenzar el juicio, dejando al letrado del turno de oficio que le había ayudado en los últimos meses por Juan Carlos Navarro, el defensor valenciano que ya le acompañó en la primera vista como acusado ante la justicia valenciana por los contratos en la feria Fitur. Y cuatro días antes de sentarse en el banquillo, reclamó al tribunal juzgador destinar 2,2 millones de una de sus cuentas bloqueada en Suiza para reparar el daño causado a las administraciones afectadas por sus actividades.
Finalmente, durante las cuestiones previas su abogado no planteó ninguna nulidad a diferencia del grueso de los 37 acusados y decidió guardar silencio, al igual que la defensa de su segunda mujer, María del Carmen Rodríguez, que tiene ante así una cuesta de acusación: le piden 35 años y siete meses de cárcel.
«Enfocar los delitos»
Con estos antecedentes, Correa llegaba a la sesión de este jueves con la clara intención de conseguir atenuantes que reduzcan su pena. Según fuentes de su defensa, la idea es "enfocar los hechos cometidos y no cometidos". Esto es, 'tirar de la manta' en los delitos que haya podido realizar con su entramado societario y las comisiones y 'mordidas' pagadas para lograr adjudicaciones. Sin embargo, no está dispuesto a reconocer aquellos hechos en los que no se considere responsable o incriminar a diestro y siniestro a acusados y testigos.
Correa, aquel botones de solo 14 años que ya trabajaba en un hotel del centro de Madrid, aspira a sus 61 años no pasar más de cuatro años en la cárcel. Ya estuvo tres años y cuatro meses de manera preventiva y, como la ley establece que la estancia no puede superar el triple de la pena mayor que se impone, sus planes pasan por intentar reducir cada delito para lograr que ese triple no supere los siete años de cumplimiento efectivo entre rejas.
Las fuentes ponen como ejemplo los seis años y medio que pide la Fiscalía por el delito de malversación de caudales públicos, en concurso con el delito continuado de falsedad. Anticorrupción trata a Correa como un funcionario que ha falsificado documento público (artículo 390 del Código Penal), que prevé penas de tres a seis años de cárcel, cuando para un particular supondría una horquilla de seis meses a tres años de prisión.
Fuente El Norte de Castilla