Recuerda las 4 agresiones muy graves, las 20 graves y 12 leves que se han producido, al menos, en las prisiones de la Comunidad durante 2016
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) tampoco ha acudido este año a los actos de la festividad de La Merced de Instituciones Penitencias que se celebran hoy, porque "los funcionarios de prisiones no están para fiestas", a la vez que denuncia el "intolerable" número de agresiones que sufren por parte de los internos. CSIF exige una oferta de empleo público "urgente, que permita reforzar unas plantillas de los centros penitenciarios muy insuficientes"; y reclama la aplicación de un protocolo de prevención de agresiones.
CSIF lamenta que, en lo que va de año, se hayan producido ya -al menos- 197 agresiones de internos al personal funcionario de las prisiones españolas, 44 de ellas graves, superando ya la cifra de incidentes violentos del pasado año 2015. Cada dos días se produce una agresión a un funcionario de prisiones en España.
También en Castilla y León el número de agresiones es "muy preocupante", alerta CSIF, que advierte de una situación "cada vez más insoportable", con al menos 4 agresiones muy graves, una veintena graves y una docena leves en lo que va de año, en las prisiones de la Comunidad.
En el centro penitenciario de Dueñas, en Palencia, el pasado mes de mayo un funcionario resultó herido tras ser apuñalado por un interno. De momento, en este centro se han producido 2 agresiones muy graves, 12 graves y 5 leves en 2016.
En el centro de León se han producido 4 agresiones graves y 2 leves; en Topas (Salamanca) 2 agresiones muy graves, 2 graves y 3 leves; y en la prisión de Brieva, en Ávila, en este mismo mes de septiembre una interna ha agredido a 2 funcionarias y ha causado lesiones graves en un brazo a un jefe de servicios.
CSIF recuerda que "incomprensiblemente", las prisiones carecen de un protocolo de prevención de agresiones, que ya se está aplicando en otros ámbitos de la Administración. "Hemos elevado una propuesta de protocolo, pero aún estamos esperando a que se decidan a aplicarlo, recalca CSIF.
Por otra parte, según datos recabados por CSIF del Registro Central de Personal, casi la mitad de la plantilla de España, un total 10.537 personas, tiene más de 50 años y por tanto se jubilará a lo largo de los próximos 10 ó 15 años (el personal funcionario tiene posibilidad de acogerse a la jubilación a los 60). De estos, 1.130 personas tienen más de 60 y por tanto se jubilarán de manera inminente.
Además, en los últimos 3 años se ha producido una merma de 904 empleados de funciones (en la actualidad, hay 23.439 funcionarios, frente a los 24.343 que había en enero de 2013). En este sentido, CSIF reclama un plan de recursos humanos para diseñar una oferta de empleo público a varios años y un decreto que permita ampliar la oferta de empleo para 2017, teniendo en cuenta que el Gobierno se encuentra en funciones.
DETERIORO DE LAS CONDIONES LABORALES
José Luis Sanz, representante de CSIF en el comité de la prisión de Valladolid y vicepresidente del sector de la Administración General del Estado (AGE) en Castilla y León, al que pertenecen las prisiones, denuncia el "grave deterioro" de las condiciones de trabajo del personal en las diferentes áreas, "que condiciona la vida familiar", debido a la reducción de las plantillas.
En este sentido, destaca la saturación de carga laboral, como la que se está en la oficina de régimen de los internos en la prisión de Valladolid, cuyo personal se ha reducido a la tercera parte, al jubilarse recientemente tres trabajadoras, lo que está causando "estrés a los funcionarios, ya que, si hay algún error con el régimen de algún interno, la culpa es del trabajador, no de la dirección del centro", indica el representante de CSIF.
José Luis Sanz remarca que "no se puede sacar el trabajo porque sí, porque hay que hacerlo, por imposición, cuando no hay personal suficiente", y avisa de que "al final, esta situación reventará, si no se toman medidas para ampliar las plantillas de las prisiones, que además tienen una media de edad muy alta".
Sanz lamenta la falta de voluntad negociadora de Instituciones Penitenciarias, la ausencia de concursos de traslados o la falta de formación. Además, recuerda que existen centros penitenciarios pendientes de abrir por no tener personal, como es el caso de la prisión de Soria.