Denuncia que la Administración regional no ha cumplido con su compromiso, a pesar de haber mejorado en más de un 2% la situación económica
La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León, ASPES-CL, denuncia que la Administración regional no ha cumplido con su compromiso de revertir la situación laboral de los profesores a la que tenían antes del comienzo de la crisis, todo ello a pesar de haber mejorado en más de un 2% la situación económica de nuestra comunidad.
Argumentan que "se ha podido constatar que el profesorado continúa con horarios sobrecargados; que las ratios de alumnos por aula son cada vez más altas; que sigue en aumento la asignación de tareas burocráticas; que no cesa de crecer la acumulación de pérdidas del poder adquisitivo desde el año 2010 y que se mantiene la injusta y vergonzosa penalización económica en caso de baja y/o enfermedad2.
Además, en este curso escolar se completa la implantación de la LOMCE en los cursos de 2º y 4º de ESO y en 2º de Bachillerato, "con la incertidumbre que genera el desconocimiento sobre qué tipo de pruebas van a formar parte de las ya famosas reválidas de final de etapa", añaden.
Desde Aspes aseguran que "el profesorado, que cada vez tiene que realizar más tareas no académicas, no se siente ni apoyado ni ayudado por los servicios de Inspección provinciales, los cuales, en ocasiones, parecen alejarse del ejercicio de su función legal básica: el asesoramiento. El resultado es una situación bastante complicada en la que solo se ejerce presión sobre el docente con métodos de ordeno y mando".
Por lo tanto, en su opinión, la "precariedad laboral entre el profesorado sigue en aumento y los contratos de los profesores interinos son cada vez son más indignos, con jornadas de apenas 4 ó 6 horas y en muchos casos lejos de su localidad de residencia. La consecuencia es que muchos trabajadores de la enseñanza pública sufren más pérdidas económicas que ingresos si aceptan este tipo de contratos".
Por último, critican que "los centros públicos siguen sin contar con los recursos humanos, materiales y económicos suficientes, ya que se sigue aplicando una política de reparto completamente elitista, que favorece con descaro a los centros privados-concertados".