La presente semana pasará a la historia de esta comunidad autónoma no solo por la crisis de gobierno que ha tenido que afrontar Juan Vicente Herrera ante la obligada dimisión de la que ha sido vicepresidenta, consejera de Empleo y Portavoz de la Junta. En medio de esa agitación política, el gobierno Herrera ha batido dos records, dos, que evidencian el progresivo deterioro de las arcas autonómicas.
De acuerdo con los datos facilitados ayer por el Banco de España, en el primer semestre del año la Junta de Castilla y León se ha endeudado en otros 439 millones de euros, elevando su deuda pública hasta los10.996 millones, lo que representa ya el 20 por ciento del Producto Interior Bruto. Con ello el ratio por habitante se aproxima a los 4.500 euros, lo que viene a ser seis veces más de lo que debíamos a finales de 2007, año en el que la deuda pública de la comunidad era tan solo de 1.894 millones (el 3,4 del PIB).
Lo peor es que dicho endeudamiento no está aportando la deseable liquidez a las arcas autonómicas, al punto de que Castilla y León -y este es el segundo record- se acaba de situar a la cabeza del índice de morosidad en el Estado de las Autonomías.
Los últimos datos oficiales facilitados al respecto por el ministerio de Hacienda, correspondientes al pasado mes de junio, señalan que la Junta tardó una media de 95,58 días en pagar a sus proveedores, triplicando ampliamente el plazo legal de 30 días establecido por la Ley y duplicando el promedio del conjunto de las comunidades autónomas, fijado en 46,49 días.
La morosidad del gobierno Herrera se ha desbocado sin freno en los últimos meses. De los 59,19 días de retraso en marzo se pasó a 76,38 en abril y a 81,68 en mayo, hasta alcanzar los 95,58 en junio que nos sitúan como la comunidad autónoma que mas tarda en pagar a sus proveedores. Y mucho es de temer que en julio y agosto la situación haya incluso empeorado.
Esta morosidad de la Junta, que tanto perjudica a PYMES y autónomos, contrasta con el comportamiento de los principales ayuntamientos de la comunidad y las nueve Diputaciones provinciales, que, con la única excepción del consistorio burgalés, vienen pagando puntualmente sus facturas dentro del plazo legal establecido.