OPINIóN
Actualizado 13/09/2016
Redacción

En la inauguración del curso de la Universidad Politécnica de Valencia, el rector D. Francisco Mora ha señalado que tenían otras expectativas con respecto al gobierno valenciano, que esperaban más cercanía a los problemas de la comunidad universitaria y más colaboración. Con estas palabras, otra institución se atreve a marcar distancias con la política educativa del conseller Marzá. No ha sido un portavoz de las aristocráticas universidades privadas, de la perversa escuela concertada o de las corporaciones pequeñoburguesas que defienden el individualismo capitalista. Ha sido un portavoz de instituciones públicas que se atreve a cuestionar en voz alta la política educativa de los firmantes del Pacto del Botánico.

Aunque en el Pacto se dice poco del modelo educativo, estos últimos cursos se esta produciendo una verdadera "re-vuelta". No se vislumbra un horizonte de estabilidad y tranquilidad con el que las familias vuelvan a la normalidad de horarios, clases y programaciones. Casi todo está re-vuelto, y no sólo en el tema de las becas, las reválidas o los libros. Inspectores, directores y comunidad educativa, en general, tienen que ir arbitrando decisiones con las que aplicar unas normativas desconcertantes. La aplicación de las instrucciones sobre la gratuidad de los libros de texto pasará a la historia de la educación y del derecho administrativo como palmario ejemplo de improvisación, desconcierto y malas prácticas de gestión.
Marzá parece dispuesto a que cada vuelta sea una revuelta administrativa porque su equipo desconoce algo tan sencillo como los derechos fundamentales, la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos y las reglas que el derecho público y el administrativo ponen a los caprichos partidistas de los políticos. En lugar de aplicar una política educativa prudente, exigida por la incertidumbre del gobierno central en la aplicación de la LOMCE o las reformas universitarias, las medidas que han puesto en marcha no están exentas dogmatismo y sectarismo.

Buena prueba de ello es la campaña institucional con el lema "lo público para la pública", dando a entender que con los presupuestos públicos se atenderán únicamente instituciones de derecho público, como si no hubiera instituciones de origen privado que desempeñaran funciones y ofrecieran servicios públicos. Con este lema, el gobierno valenciano incendia la sociedad civil para generar intencionadamente enfrentamientos, promover discordias innecesarias y activar un sectarismo hemipléjico que no conduce a ninguna parte. ¿Qué sentido tiene activar este sectarismo cuando la sociedad civil reclama a los políticos tender puentes entre "lo público" y "lo privado"? ¿Con qué autoridad moral se defenderá la colaboración industrial, económica, sanitaria y social en otros sectores si se rompen los puentes con el sector educativo?

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