Se incluyen los necrologios de ediles, directivos políticos y sindicales de Ciudad Rodrigo
Al cabo de ochenta años la Corporación municipal de Ciudad Rodrigo ha tomado la decisión de rendir homenaje a todas las víctimas de la cabecera y el entorno mirobrigense en general, y en particular a los componentes de la Comisión Gestora del Frente Popular (calificado de "nefasto" por los responsables y victimarios franquistas). El acto de reconocimiento que, según la nota de prensa del Ayuntamiento, incluye un acto institucional en la Casa Consistorial en recuerdo del presidente y los gestores de aquella Comisión, represaliados en su totalidad, y un acto de recuerdo para todos represaliados de la Ciudad y la comarca, con una ofrenda floral y una actuación musical junto al monolito erigido en 2009 por la Asociación de Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ) en la rotonda de la Avenida de Arcachon, no tiene otro antecedente que el ofrecido a la memoria del alcalde Manuel Cascón en 1987, cuando fueron trasladados sus restos a Ciudad Rodrigo. En esta ocasión, de un modo acertado, la Corporación ha previsto hacer extensivo este homenaje, no solo a otros ediles, sino también a algunos responsables políticos y sindicales o ciudadanos sin más que, por la vía judicial o extrajudicial, fueron muertos por decisión o con la venia de los responsables militares rebeldes.
Como se ha indicado, la represión procesal y las actuaciones clandestinas, delegadas sobre todo en las milicias fascistas, resultaban complementarias con vistas al objetivo principal, que era la usurpación del poder mediante el terror inherente al Nuevo Estado. Obviamente, en esta dinámica del terror resultaban mucho más eficaces las operaciones extrajudiciales, expeditivas y sin responsabilidad alguna para los ejecutores, aunque no tenían utilidad en la propaganda militarista. En cambio, las actuaciones jurídico-militares aspiraban a ser más "presentables". Pero esto no pasaba de la mera apariencia, pues de hecho eran una chapuza chabacana, arbitraria y perversa. Según explica el jurista Carlos Jiménez Villarejo (2007, 2010), en los sumarísimos la aplicación del Código de Justicia Militar, manipulado y retocado por la legislación franquista, era inquisitorial, sin garantía alguna para los procesados, pues se trataba de hallar culpables a toda costa. El hecho mismo de que fueran los militares rebeldes quienes pretendieran juzgar "el delito de rebelión" constituía una aberración: "una justicia al revés". La jurisdicción militar se asentaba en los bandos del mes de julio, sobre todo el de la Junta de Defensa Nacional (28/07/36), que, al extender a todo el territorio nacional el estado de guerra, facilitaba "una política de exterminio de los republicanos y demócratas" (Jiménez 207: 17). Su contenido se revisó en el Decreto del 31 agosto y se reestructuró en el Decreto del 1º de noviembre.
El mecanismo perverso que consistía, no en administrar justicia, sino en hallar culpables, se analiza en el cap. III de La represión franquista, donde se ofrece como ejemplo (para no imitar) la parodia del procedimiento sumarísimo (J.sum.265/36) seguido contra los aludidos detenidos el día 20 de julio o hasta el final del mes y primeros días de agosto (ver croniquilla del día 19 de julio y, para detalles, Iglesias 2016: III, 6.3). El cap. Gaspar Holgado Manzanera (Caballería) les instruyó en Salamanca una causa "por rebelión", debido a su participación en los intentos de mantenimiento del orden republicano con su asistencia a la reuniones del ayuntamiento los días 18 y 19 de julio, que, a pesar de tratarse de un procedimiento colectivo contra doce personas, despachó en un mes. La "urgencia" de un castigo ejemplar (en el mal sentido), previsto de antemano, fue el motivo prioritario, tanto que en el consejo de guerra (21/08/36), presidido por el teniente coronel Luis Masip Pérez (Infantería), el único abogado defensor, un pobre alférez llamado Senén Martín Hernández, renunció a las pruebas testificales que él mismo había dejado para entonces, con el fin de ir más deprisa. Diez de aquellos procesados fueron condenados a muerte y ejecutados (30/08/36), cerca del cementerio de Salamanca, donde fueron enterrados; los otros dos fueron condenados a 30 años de cárcel, pero desaparecieron en una saca carcelaria (12/12/36).
Joaquín Gaite Veloso, natural de Orense, de 45 años, hijo de Francisco y Sofía, abogado, catedrático y director del Instituto de 2ª Enseñanza, presidente de la agrupación socialista en el primer bienio republicano, casado con Francisca López Coca, padre de tres hijos (ASMJ). Fue detenido el día 20 de julio en Ciudad Rodrigo y llevado el día siguiente a la prisión de Salamanca, donde fue ejecutado (30/08/36) por sentencia de consejo de guerra (21/08/36) y enterrado en el cementerio de esta ciudad
Luis Sánchez Rivero, natural de Peñaranda de Bracamonte, de 43 años, hijo de Marcos y Timotea, agente de Investigación y Vigilancia, casado con Cecilia Román Hernández, padre de tres hijos de un matrimonio anterior. Fue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que Joaquín Gaite.
Vicente Mateo Aristóteles González Riesco, de 43 años, hijo de José Manuel y Manuela, oficial del Registro de la Propiedad, militante del Partido Socialista, "gestor de la Diputación de Salamanca", casado con Andrea Antúnez Plaza, padre de una hija. Fue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que Joaquín Gaite. También sancionado por el TRP (ASMJ).
Epifanio Cejudo Cejudo, vecino de Saelices el Chico, detenido en el mismo día y lugar, juzgado y condenado a 30 años de cárcel, víctima de una saca carcelaria (ver necrologio de Saelices, 8 de agosto)
Eusebio Garduño Alonso, vecino de Saelices el Chico, detenido en el mismo día y lugar, juzgado, condenado a muerte y ejecutado (ibíd.)
Martín Cenizo Calderero, vecino de Saelices el Chico, detenido en el mismo día y lugar, juzgado, condenado a muerte y ejecutado (ibíd.)
Vicente Gabriel Repila Tetilla, de 36 años, hijo de Vicente y Mª Ignacia, carretero, casado con Rosa Bazán, padre de tres hijos. Fue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que Joaquín Gaite. También sancionado por el TRP (ASMJ).
Emiliano Calvo Vallejo, natural de El Saúgo, de 31 años, hijo de Liborio y Serafina, alpargatero, "asociado a la Casa del Pueblo", socialista, soltero. Fue detenido el día 20 de julio en Ciudad Rodrigo y llevado el día siguiente a la prisión de Salamanca, donde fue condenado a 30 años de cárcel en el consejo de guerra (21/07/36). Falleció "en el término municipal de Salamanca el día 12 de diciembre de 1936", sin constancia del lugar de sepultura (RCCR, act. def. 15/03/1957, "a instancia de D. Antonio Calvo Vallejo", J.sum.265/36).
Así pues, Emiliano Calvo fue uno de los dos procesados en el Juicio sumarísimo 265/36 a quienes el Consejo de Guerra no condenaría a muerte el día de 21 de agosto. Pero su vida fue un misterio a partir de ese momento. De hecho nadie parece interesarse por su existencia hasta 1943. Entonces un juez militar, Juan Rodríguez Somoza, lo busca para notificarle la conmutación de la pena de 30 años por la de 6 años, que le había sido concedida por la Comisión Central de Examen de Penas (01/06/43). Por tanto en ese momento ya tenía ampliamente cumplido dicho castigo. Faltaba dar con su paradero, que teóricamente sería la Prisión Central de Burgos, pero en ésta, al cabo de un año (17/11/44), las diligencias revelaron que en ella no existía huella alguna del paso de Emiliano por dicho establecimiento. En su pueblo de origen, El Sahugo, la familia cercana, tíos y primos carnales, no sabían nada de él casi desde que se fuera con sus padres a Ciudad Rodrigo en 1914, pues sólo había vuelto en contadas ocasiones bastante tiempo antes. Según esta misma fuente, Emiliano Calvo tenía hermanos en Ciudad Rodrigo (en cuya cárcel tampoco había trazas de su presencia), y serían éstos quienes trasmitieran al juez municipal de la Ciudad, Casimiro Moro, el testimonio familiar (26/04/43): "(?) Emiliano Calvo (?) falleció en Salamanca (?) año 1936" (f. 193). Era sin duda parte de la clave del misterio, que definitivamente revelaría un oficio de la Prisión Provincial de Salamanca un año más tarde (26/06/44):
"(?) que el penado en la causa 265 de 1936 Emiliano Calvo Vallejo, en fecha 12 de diciembre de 1936 fue entregado a la fuerza pública para su conducción a la central de Burgos en virtud de orden del Excmo. Sr. Gobernador de la Plaza [de Salamanca]" (J.sum.265/36: f. 192).
De hecho, Emiliano Calvo nunca llegó a su destino carcelario de Burgos, por haber sido entregado a sus asesinos, que lo ejecutarían ese día 12 de diciembre de 1936, y no unas semanas más tarde, como proponen López-Delgado (2007: 165, "01/01/37, fusilamiento ilegal"). El juez Juan Rodríguez proveyó en el sentido de dar por terminadas las diligencias: "(?) creyendo el juez que suscribe haber agotado todos los procedimientos hábiles para dar con el paradero de este penado" (f. 201vº). No consta que hiciera diligencia alguna para la identificación de la mencionada "fuerza pública".
Aquilino Moro Ledesma, concejal (infra).
Domingo Leandro Hurtado Martínez (a) "El Cebado", de 32 años, hijo de Serafín y Manuela, electricista, presidente de la agrupación comunista, soltero. Fue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que Joaquín Gaite. También sancionado por el TRP (ASMJ). Según el informe resumen del capitán juez Gaspar Holgado, se considera responsable de codirigir la oposición en Ciudad Rodrigo a la sublevación militar:
"El presidente del Partido Comunista de Ciudad Rodrigo Don Domingo Hurtado Martín[ez], quien por las declaraciones recogidas parece ser que en unión de Antero Pérez Rodríguez eran los que llevaban el mando del movimiento, y aquél, recogiendo las impresiones de la sesión permanente daba cuenta de ellas a las masas que en número considerable llenaban pasillos e inmediaciones del Ayuntamiento" (J.sum.265/36: f. 126vº).
Manuel Martín Cascón, alcalde (infra).
Antero Pérez Rodríguez, de 24 años, natural de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) y vecino de Salamanca, hijo de Jesús y Baltasara, abogado, contable, presidente de las Juventudes Socialistas, soltero. Fue detenido, conducido, juzgado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que Joaquín Gaite. Se le acusa de haber ido a Ciudad Rodrigo para oponerse al Movimiento, en delegación de Andrés Manso, aunque él asume que lo hizo por iniciativa personal. Según el informe del Jefe de Vigilancia de Salamanca (10/08/36), era "marxista furibundo", en el marco estrecho de relaciones del mencionado Andrés Manso y otros políticos:
"Le une al Señor Manso una estrecha amistad, igualmente mantenía relaciones con todos los dirigentes de los partidos de izquierdas. Últimamente estuvo en Rusia y con motivo de este viaje constantemente hablaba del comunismo en tono altamente elogioso y de excesiva exaltación" (J.sum. 265/36: f. 115).
El necrologio de los gestores republicanos de la Corporación Municipal de Ciudad Rodrigo incluye el elenco completo. Según la enumeración que efectúa Juan Cabezas Pérez, secretario del Ayuntamiento, la Corporación todavía en funciones los días 18 y 19 de julio estaba compuesta por: Manuel Martín Cascón, presidente, Pablo Santos Sánchez, Aquilino Moro Ledesma, Eugenio Cerezo Hernández, Ángel Oliva Pastor, Santiago González de la Iglesia, Ángel López Delgado, Ángel Grimaldo Múgica, Victoriano Gómez Hernández y José Montejo Hernández (J.sum.265/36). Este último, según sus propias declaraciones, había dejado de asistir a las sesiones del Ayuntamiento y, sin duda, creería haber dimitido a tiempo, poco antes de la sublevación militar. Todos los otros concejales fueron ejecutados por haber participado real o presuntamente en la defensa de la República (lo que los militares rebeldes y los valedores de la rebelión calificaban de "delito de rebelión"). Unos gestores fueron detenidos el día 20 de julio (croniquilla correspondiente) y condenados a muerte en consejos de guerra (J.sum.265/36), los demás en sacas domiciliarias y carcelarias, alguno después de haber escapado a una primera tentativa asesina y después capturado de nuevo, procesado, condenado a muerte y ejecutado en 1937 (P.sum.84/37).
El necrologio de ediles mirobrigenses, en principio, contiene su identidad nominal, profesión, afiliación política o sindical y estado civil, pero faltan datos, en parte por las dificultades halladas para la consulta del Registro Civil en el juzgado de 1ª instancia.
Eugenio Cerezo Hernández, de 39 años, concejal, casado, sin otras indicaciones en el acta de defunción (12/08/36). Por otras fuentes se confirma que era industrial, dueño de un establecimiento de bebidas y bodega, presidente de la agrupación de Izquierda Republicana, casado con Amparo Cuadrado García. Era hermano de Ángel Cerezo Hernández (croniquilla del día 10 de agosto). Debió de ser eliminado en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936, en la finca de La Giera, previa detención en los calabozos del Ayuntamiento, y fue enterrado en el cementerio de Ciudad Rodrigo, según una información testifical diligenciada en la alcaldía de Ciudad Rodrigo (14/03/1979) para el expediente de la viuda de José López Rodríguez (ibíd.):
"[Ramón Blanco Alonso manifiesta] Que conocía a don José López Rodríguez, vecino de esta localidad en el año 1936 y le consta que referido Sr. en el mes de agosto del referido año fue detenido en su domicilio, y en unión de don Eugenio Cerezo Hernández, también vecino de esta Ciudad, estuvieron retenidos en los calabozos del Ayuntamiento y en la noche del día 11 de agosto fueron muertos violentamente por acción directa del hombre en el paraje de la finca de La Giera y posteriormente se trasladaron al cementerio, donde reposan sus restos, todo ello como consecuencia de la Guerra de 1936-39 y por ideologías políticas" (Viudas, AMCR).
En 1941 Amparo Cuadrado seguía regentando un establecimiento de bebidas, que abastecía de vino la prisión de Sancti Spíritus (P.prev.85/41).
Victoriano Gómez Hernández, natural de Fuenteguinaldo, de 28 años, empleado de la Diputación, quizá afiliado a las Juventudes Socialistas, concejal, casado, sin indicación de filiación, nombre de la esposa y eventual descendencia. Fue detenido (31/07/36) y sacado de la cárcel del partido judicial, conducido por la Guardia Civil a Salamanca, adonde nunca llegó, pues fue asesinado con otros a las 5.30 horas del día 15 de septiembre de 1936 en la dehesa de Aceñuelas (Desaparecidos, Viudas), siendo enterrado en el cementerio de Ciudad Rodrigo (RCCR, act. def. 15/09/36, "en virtud de oficio dirigido a este Registro Civil de fecha de hoy por el Cap. Instr. Marcelino Ibero"). Había sido llamado a declarar por el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 27 de julio de 1936: "(?) formaba parte de la Comisión Gestora" (J.sum.265/36: f. 18). Entonces quizá estaría en arresto domiciliario.
Santiago González de la Iglesia, natural de Pereña de la Ribera, de 34 años, curtidor, presidente de la agrupación socialista, viudo, sin constancia de filiación, nombre de la esposa y eventual descendencia. Ingresó en la prisión de Ciudad Rodrigo (01/08/36), como "detenido [militar]". Fue sacado y enterrado en las mismas circunstancias que Victoriano Gómez, el 15 de septiembre de 1936 (Desaparecidos 1936). Pero en su acta de defunción "no consta" el lugar de ejecución extrajudicial, que sería probablemente el mismo que para sus compañeros de sacrificio. Lo había citado a declarar el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 27 de julio de 1936: "(?) formaba parte de la Comisión Gestora" (J.sum. 265 / 1936: f. 16), sin que haya constancia de su detención entonces.
Ángel Grimaldos Múgica (o Mújica), natural de Madrid, de 29 años, ferroviario, concejal, soltero, sin constancia de filiación. Ingresó en la prisión de Ciudad Rodrigo el 31 de julio de 1936, como "detenido [militar]". Fue sacado y enterrado en las mismas circunstancias que Victoriano Gómez (15/09/36). También lo llamó a declarar el juez de instrucción de Ciudad Rodrigo el 27 de julio (J.sum.265/36: f. 12).
Ángel López Delgado (a) "El Carracedo", natural de Correjanes (Orense), de 33 años, hijo de José y Teresa, vendedor ambulante, concejal socialista, casado con Rosario Carracedo López, con quien tenía un hijo de un año (Nicolás), dejado por heredero en su testamento, estando ya en capilla (16/06/37). Según su propio testimonio (P.sum.84/37), el 9 de agosto de 1936 lo detuvieron unos falangistas y permaneció en una Comisaría hasta el día 11, en cuya noche fue sacado con otros dos, "El Mora" y un detenido desconocido para él, por la carretera de Saelices. Al cabo de unos kilómetros "los conductores" ordenaron bajar "al Mora", que fue fusilado por uno de ellos, portador de insignias "de brigada o sargento" (casi con seguridad el alférez Ernesto Bravo Rivero). Ángel se salvó de la ejecución extrajudicial, aunque herido, gracias a una veloz y afortunada huida. No dejarse matar, para los represores, sería su mayor delito. Estuvo escondido en Las Hurdes, donde lo capturaron los vecinos de la alquería de Riomalo de Arriba (07/10/36), incitados por el alcalde pedáneo, un maestro que también era el jefe local de los falangistas que participaron en la batida. Estuvo preso en Hervás hasta la orden gubernativa de su traslado a la provincia de Salamanca (31/10/36), en cuya prisión ingresó (05/11/36). Fue sumariado, condenado a muerte y ejecutado (17/06/37) (P.sum.84/37). También fue sancionado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.
Manuel Germán Nicolás Martín Cascón, de 43 años, hijo de Luis y de Teresa, abogado, de Izquierda Republicana, alcalde, casado con Ángela Risueño Angoso, padre de cuatro hijos. Ingresó como "detenido [militar]" el 31 de julio de 1936 en la cárcel de Ciudad Rodrigo, de donde salió el 1º de agosto de 1936 (Desaparecidos 1936), pero antes estaría en arresto domiciliario, quizá desde su cese como alcalde (20 de julio). Fue llevado a la prisión de Salamanca (03/08/36), donde, acusado de haber tomado parte "en cuantos acuerdos se tomaron para oponerse al Movimiento Nacional", fue sumariado, condenado a muerte y ejecutado (30/08/36), siendo enterrado en el cementerio municipal salmantino (J.sum.265/36). También fue sancionado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas (ASMJ).
Aquilino Macario Moro Ledesma, de 42 años, hijo de Demetrio y Manuela, sastre, de Unión Republicana, concejal, casado con Encarnación González, padre de seis hijos. Fue detenido en Ciudad Rodrigo y llevado a la prisión de Salamanca (20/07/36), donde fue sumariado, condenado a muerte y ejecutado (30/08/36), siendo enterrado en el cementerio municipal (J.sum.265/36). Se menciona entre los responsables políticos que asistieron a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936. También fue sancionado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas (ASMJ).
Francisco (o Ángel) Oliva Pastor, natural de Malpartida de Plasencia (Cáceres), empleado de la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Noroeste de España, concejal, casado, sin constancia de la identidad de su cónyuge y eventual descendencia. El 31 de julio de 1936 se registra su entrada en la cárcel de Ciudad Rodrigo, de la que salió el 19 de agosto siguiente (Desaparecidos 1936). Falleció "a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego", enterrado en el cementerio municipal de Ciudad Rodrigo (RCCR, act. def. 20/08/1936). Ver otros detalles en la croniquilla del día 19 de agosto.
Pablo Santos Sánchez, natural de Palma de Mallorca, socialista, concejal, sin constancia de edad, filiación, profesión y estado civil. Ingresó en la prisión del partido judicial, como "detenido [militar]", el 27 de julio de 1936 y salió el 18 de septiembre de 1936; ingresó de nuevo el día 21 de septiembre, y salió dos días después (23/09/36); volvió a entrar en prisión el día 26 de septiembre de1936 y salió el 16 de octubre de 1936 (Desaparecidos 1936), presumiblemente en una saca, quizá en el Valle del Lagar (Pedrotoro).
El necrologio de los republicanos naturales o vecinos de Ciudad Rodrigo es muy amplio, como ya se ha apreciado en parte y se puede confirmar en las sacas del otoño.