Profesor de Derecho Penal de la Usal
Es bueno recordar (aunque no podía ser de otra manera en un Estado Social y Democrático consolidado como el nuestro) que la Carta Magna regula dentro del título I, es decir, en el denominado "de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos", derechos sociales como la protección a la salud, la familia, la infancia, el régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, el acceso a la cultura, el derecho a la vivienda digna y adecuada, la atención a la tercera edad y a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, que, indudablemente, necesitan una atención especializada.
Precisamente para garantizar la asistencia y prestaciones de estos últimos grupos de personas, se aprobó la Ley 39/2006 de "Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia"; es decir, la conocida coloquialmente como la Ley de Dependencia. En su artículo 4.1 establece el derecho de los ciudadanos a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en la referida ley. A su vez, es un deber de los poderes públicos (artículo 4.3) adoptar las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos de las personas en situación de dependencia.
De acuerdo con estas previsiones, las administraciones públicas ostentan una posición de garante en relación a las personas que se encuentran en una situación de dependencia. O lo que es lo mismo, tienen el deber jurídico de atenderlos y, en consecuencia, si no cumplen con ese deber serán responsables ante cualquier lesión o puesta en peligro de la vida, la salud y la atención que precisan estas personas.
Según datos oficiales del IMSERSO publicados esta semana, el 31 % de las personas dependientes con derecho a ayudas aún no las han recibido. En términos absolutos, hay un total de 375.000 dependientes en nuestro país que siguen a la espera de las prestaciones a las que tienen derecho (125.000 de los cuales son grandes dependientes) y que se distribuirán, conforme a lo establecido en la Ley, entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Esto es debido, según la Asociación de Profesionales de Servicios Sociales, a los recortes de más de 3.000 millones de euros en 4 años, que ha provocado que 127.000 personas hayan fallecido esperando ser atendidas; algo que es una grave irresponsabilidad de las administraciones públicas competentes. En esto también hay una clara desigualdad entre los diferentes territorios. Así, Canarias, Aragón y Cataluña con las Comunidades Autónomas en las que más listas de espera hay mientras la de Castilla y León no tiene apenas dependientes en listas de espera.
En un país serio y con una estructura económica y social sólida, como el nuestro (aunque cada vez menos, por desgracia), no pueden permitirse estas vejaciones a los derechos sociales de las personas que más atención necesitan. La situación es más grave aun cuando sabemos que ha habido muchos recursos del erario público destinados a financiar políticas sociales que han ido a manos privadas (ya sea de políticos corruptos, familiares y amigos o para la financiación ilegal de partidos políticos).
Confío en que si se llega a constituir nuevo gobierno del PP antes de unas terceras elecciones en este año, Rajoy se comprometa decididamente a cumplir con las exigencias planteadas por el partido de Albert Rivera y a preocuparse más por las políticas sociales y de bienestar. No es ni racional ni coherente ni sensato ni ético, que un partido que gobierna esté procesado por la destrucción de los discos duros de los ordenadores en los que podría probarse su presunta financiación ilegal (se habla de 8 millones de euros en 18 años para financiar campañas electorales del PP) y no quiera que se constituyan comisiones de investigación para determinar responsabilidades políticas (que las hay y no se han depurado, porque muchos presuntos corruptos siguen ostentando cargos públicos y otros siguen siendo miembros de la ejecutiva nacional del partido) ni que a los presuntos implicados se les aparte de la vida pública cuando sean imputados; sólo cuando se proceda a la apertura del correspondiente juicio oral.
Son propuestas de sentido común que deberían ser asumidas por cualquier partido político respetable y digno. Pero resulta sospechoso que Rajoy haya convocado a la ejecutiva nacional de su partido (órgano que debe pronunciarse sobre la aceptación o no de las propuestas de Ciudadanos) para una semana después, cuando es algo que deberían resolver inmediatamente. Además este plazo es incompatible con las prisas que tiene Rajoy por formar gobierno y con las presiones inmisericordes (sin ofrecer propuestas concretas y creíbles de gobernabilidad) que está realizando sobre el PSOE para que se abstenga en la sesión de investidura y facilite la gobernabilidad. No puede argumentar Rajoy que es por interés de España, cuando algunos miembros de su gobierno, como Montoro, ministro de Hacienda, decía en 2011 que le daba igual que España se hundiera, ya llegarían ellos para levantarla.