Por su innovadora herramienta telemática para abaratar en 2,2 millones de euros la factura de la luz
Los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública establecen en su edición 2015 tres categorías: Ciudadanía, Innovación en la Gestión y Excelencia en la Gestión Pública. La iniciativa del EREN, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, ha sido galardonada en la segunda modalidad, que reconoce las prácticas que redunden en una mejora organizativa o de gestión de las entidades públicas.
El jurado ha valorado el componente innovador y creativo de la aplicación OPTE, que ha permitido diagnosticar los hábitos de consumo energéticos en los distintos centros de trabajo de la Administración autonómica para acometer después un proceso de redefinición de los contratos de suministro con el fin de optimizar costes.
La herramienta, desarrollada por el servicio de informática de la Junta y gestionada por personal del Ente Regional de la Energía, analiza en la actualidad de forma telemática los gastos energéticos de 1.650 edificios entre hospitales, centros de salud y de servicios sociales, colegios y otras dependencias administrativas.
Bajo el eslogan 'Lo que no se mide no se gasta', la OPTE registra los datos técnicos de 1.540 puntos de distribución eléctrica ?con un consumo de 200.000 megavatios hora (MWh) y un gasto de 34 millones de euros anuales? y los de 320 suministros de gas ?que suman 228.000 MWh de consumo y generan un coste de 11,4 millones de euros anuales?, efectúa un seguimiento y aporta comparativas mensuales.
Este chequeo se completa con una comparativa de consumos que se realiza a través de una plataforma de indicadores energéticos, la cual permite contrastar los registros entre centros del mismo tipo en la Comunidad e identificar los que ofrecen mayor potencial de ahorro.
Revisión de contratos y compra centralizada
Los resultados del Plan de Optimización Energética, que se ejecuta con la aplicación OPTE, se han traducido en el ejercicio 2015 en una reducción del 8 % en el gasto eléctrico fijo y una rebaja de 2,2 millones de euros en el recibo, que se repetirá este año. Este ahorro económico se deriva sobre todo de la revisión de los contratos, generalmente restringiendo la potencia hasta ajustarla a la demanda de cada edificio.
Este mejor conocimiento de las necesidades energéticas reales de hospitales, colegios, residencias y otros centros ha contribuido también a promover la compra centralizada de energía en la Administración, labor que coordina la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, y con la que se agiliza la tramitación y se consiguen precios más competitivos.
Así, se estima que al finalizar este año el abaratamiento en la factura de la luz imputable a esta fórmula de adquisición alcance los dos millones de euros, a lo que se espera sumar un millón de euros adicional en el recibo del gas, gracias a que la gestión de estos consumos se incorporó a la OPTE a comienzos del pasado año.
El ahorro global asciende a 5,2 millones de euros anuales, entre el resultante de la revisión de contratos y el procedente de la compra centralizada, lo que evidencia las oportunidades de mejora en la eficiencia energética y en el control del gasto público que ofrece este instrumento.
El objetivo es reducir un 10 % el recibo energético
Para comprender mejor su relevancia, hay que tener en cuenta que sólo el consumo de luz y gas en los 1.650 edificios controlados telemáticamente obliga a un desembolso anual de 60 millones de euros, por lo que el descuento estimado en la factura es del 8,7 % y el objetivo es que llegue a representar el 10 %.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado el mérito de poner en marcha esta iniciativa en una administración autonómica de grandes dimensiones como es la Junta de Castilla y León y ha valorado la implicación de los empleados públicos, que han sido colaboradores directos del proyecto, en la concesión del accésit del Premio a la Innovación en la Gestión 2015.
La herramienta OPTE sigue sumando adeptos y se está extendiendo a otras administraciones. Entre las últimas incorporaciones destacan la Universidad de Valladolid y 135 municipios con una población inferior a 20.000 habitantes, que se han integrado a través de las diputaciones de Ávila, Burgos y Segovia, donde ya se analizan 1.800 suministros eléctricos.