Hay pocas oportunidades en la vida en que uno pueda dirigirse a una audiencia medianamente cualificada para expresar lo que piensa sobre los problemas que acucian a una determinada sociedad. Esta semana tengo la oportunidad de hacerlo en el marco de un acto social de una fundación salvadoreña a la que me piden que les dirija la palabra. El Salvador hoy no está en el candelero como lo estuvo hace treinta años cuando una guerra civil lo desangró. Actualmente vive envuelto en otro tipo de violencia que se cobra un alto número de víctimas haciendo que sea uno de los países más peligrosos del mundo. Por otra parte, al calor del conflicto se alentó una emigración muy intensa a Estados Unidos que hizo que cerca de uno de cada seis salvadoreños viva en aquel país. En cuanto a la vida política, el hecho de que sea la sociedad más polarizada de América Latina no impide que se desarrolle por cauces aceptablemente democráticos.
Sin embargo, El Salvador confronta tres tipos de problemas que requieren una atención urgente. La institucionalidad estatal es precaria estando afectados distintos niveles entre los que quiero destacar dos: la incapacidad de haber puesto en marcha en el país un servicio civil de carrera profesional reclutado sobre la base del mérito y de la competencia; y la insuficiencia de recursos públicos derivada de la baja presión fiscal que tiene el país para acometer el punto anterior y otros aspectos enfocados a implementar políticas públicas que mitiguen la desigualdad fundamentalmente en el terreno de la educación, la salud y la previsión social. En segundo lugar, debe manejar su diáspora en Estados Unidos como un recurso de poder blando. No son solo las remesas de los emigrantes, es su capacidad de influencia que progresivamente se irá haciendo más sensible lo que debe irse anticipando con programas de prospectiva con impacto en ambos lados. Para terminar, la violencia que asola al país requiere de soluciones integrales y sistémicas referidas a una combinación del ejercicio de las plenas capacidades del Estado de derecho, con el desarrollo de la ciudadanía plena. El involucramiento de actores diversos como la clase política, los empresarios, las iglesias, los distintos movimientos sociales es una necesidad imperiosa. La voluntad de confrontar los problemas, el diálogo, la asesoría internacional, sin dejar de lado las políticas preventivas y punitivas del Estado son los recursos indispensables.