Se suponía que con la llegada de un acreditado profesional de la Judicatura-el ex juez decano de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones- a la consejería de Fomento y Medio Ambiente los responsables de la gestión medioambiental de la Junta iban a ser algo más respetuosos con la legalidad. Pero pronto se ha visto que el equipo heredado por el actual consejero sigue haciendo de su capa un sayo lo mismo que en los peores tiempos de la ex vicepresidenta y ex consejera María Jesús Ruiz.
Por si no hubiera sido suficiente escarnio la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, a la que siguió otra del Tribunal Superior de Justicia ratificando la paralización de las obras, la última "fechoría" de los responsables de semejante engendro ha sido ceder el uso del parking subterráneo para su utilización como secadero temporal de plantas por parte de la empresa "Soria natural".
El hecho puede parecer anecdótico pero refleja a la perfección la forma de actuar de los gestores de Somacyl, la sociedad pública de la que es consejero-delegado el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, a la sazón uno de los altos cargos de la Junta investigados en el caso de la Perla Negra y los terrenos del polígono de Portillo.
¿Cómo es posible que el aparcamiento de una edificación inacabada y sobre la que pesa una suspensión cautelar por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ haya sido cedida para un negocio privado?
Posible es poniéndose por montera la normativa vigente, desde la lógica falta de licencia de uso de un edificio paralizado a la imposible licencia municipal de actividad que correspondería conceder al ayuntamiento de Garray, en cuyo término municipal se enclava la mal llamada Ciudad del Medio Ambiente. Naturalmente, dicha cesión no ha sido objeto de ningún concurso público y se desconocen los términos del contrato, si es que el mismo existe, algo esto último imposible de comprobar en la página web de Somacyl, que en su apartado sobre la Ley de Transparencia mantiene en blanco el epígrafe referente a los contratos celebrados por dicha sociedad pública.