De izquierda a derecha: Feliciano Sánchez, antiguo Secretario Municipal, concejal socialista, Javier Santamartina, Eustaquio Martín y Andrés Matías


COMARCA
Actualizado 27/06/2016
David Rodríguez

Han sido citados para declarar por la querella por cohecho presentada contra ellos por la Plataforma Stop Uranio

Este martes 28 de junio están citados a declarar en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Ciudad Rodrigo los cuatro concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Retortillo durante la legislatura 2011/2015: Javier Santamartina (que ejerció como alcalde), Andrés Matías, Eustaquio Martín y Feliciano Sánchez.

Estos concejales deben comparecer por la querella presentada contra ellos por la Plataforma Stop Uranio por presuntas irregularidades en su actuación al frente del Consistorio a la hora de gestionar el proyecto que quiere llevar a cabo Berkeley en la zona. Stop Uranio considera que el antiguo alcalde y varios de sus concejales habrían aumentado su patrimonio personal de forma delictiva facilitando gestiones de Berkeley a cambio de dinero.

Por un lado, la Plataforma cree que el antiguo alcalde, Javier Santamartina, se benefició de la venta a Berkeley de unos terrenos (para la construcción de las instalaciones mineras) por un valor superior al precio del mercado. Para poder realizar esta construcción, se autorizó el uso excepcional de suelo rústico y se concedió la licencia urbanística.

Mientras, en el caso de Andrés Matías, Eustaquio Martín y Feliciano Sánchez (los dos primeros siguen como concejales), tienen que declarar ya que Stop Uranio considera que se pudieron beneficiar, "personalmente o personas de su entorno familiar", por la realización de trabajos para Berkeley "a la vez que tenían que tomar decisiones en relación a la apertura de la mina".

Para Stop Uranio, "quienes se han lucrado con la mina son los políticos locales que supuestamente han beneficiado a Berkeley con sus decisiones".

En el momento en que se conoció la querella presentada por Stop Uranio contra los antiguos responsables del Ayuntamiento, Berkeley emitió una nota de prensa defendiendo que todas las actuaciones realizadas habían sido legales.

En torno al terreno adquirido a la familia del antiguo alcalde, la empresa explicó que desde el principio buscaron una finca adyacente al yacimiento donde se va a desarrollar el proyecto, encontrando tres opciones, y quedándose finalmente con la que era su 3ª preferencia, ya que con los propietarios de las otras dos no se llegó a un acuerdo.

Respecto a la concesión de la licencia urbanística para la construcción de sus oficinas, Berkeley recuerda que fue "aprobada por unanimidad" por el Pleno del Ayuntamiento de Retortillo, tras los informes vinculantes de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León en Salamanca y del Servicio de Asistencia Técnica de la Diputación de Salamanca.

Por último, Berkeley indicó que a la hora de seleccionar a su personal, "no discrimina ni por el color político ni por las creencias o afiliaciones sindicales de sus empleados", dando eso sí "preferencia en la contratación a los vecinos de Retortillo y Villavieja de Yeltes, primando a las personas afectadas por la compraventa de terrenos".

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