Profesor de Derecho Penal de la Usal
Las presuntas maniobras conspiratorias entre el ministro del Interior, Fernández Díaz y el Jefe de la oficina antifraude catalana, Daniel de Alfonso, con el fin de buscar escándalos y acciones incriminatorias contra políticos de ERC, CDC y otras formaciones políticas independentistas catalanas, obtenidas de conversaciones telefónicas grabadas a los mismos, denotan una escandalosa instrumentalización de las instituciones del Estado con la única finalidad de desprestigiar a los rivales políticos.
El señor Fernández Díaz va camino de convertirse en el peor ministro del interior de nuestra etapa democrática, proponiendo, por un lado, reformas legislativas, como la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), que lesionan gravemente derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna, como la libertad de expresión y, por otro, utilizando los recursos del Estado para intereses partidistas, como si aquéllos formaran parte de un cortijo de su propiedad. De tal suerte que incluso el señor ministro se permite el lujo de alardear que puede dar instrucciones a la Fiscalía para que ésta inicie acciones penales contra líderes independentistas catalanes. Así, en una de las conversaciones grabadas (según lo especificado en el diario Público), Fernández Díaz dejó bien claro que pretende filtrar a la prensa afín datos que pueden destruir la carrera de políticos soberanistas y que iba a presionar a la Fiscalía para que emprendiera investigaciones comprometedoras.
Con estas actuaciones, el ministro del interior podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación y de violación de secretos, lo que supone una desviación dolosa de sus obligaciones profesionales. Resulta aún más paradójico que quién realiza estas conductas sea el máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Indudablemente, estas técnicas no son nuevas, por desgracia, pero son más comunes en regímenes totalitarios y autoritarios por sus policías políticas y agencias de investigación (GESTAPO en la Alemania Nazi, KGB en la Rusia Bolchevique o Brigada Político Social, en la España franquista) que en un Estado Social y Democrático de Derecho.
También se ha dado en países democráticos, como en USA con el "caso Watergate", en el que el presidente Nixon utilizó las organizaciones policiales del FBI y los servicios de inteligencia de la CIA, para acosar a activistas y grupos políticos del partido Demócrata.
La diferencia es que Nixon dimitió, algo que no hará Fernández Díaz ni, por supuesto, Rajoy, quién (según las mismas conversaciones telefónicas) estuvo siempre de acuerdo con las estrategias del ministro del interior. No obstante, sabemos que la decencia es algo que no va unido a la gestión política del gobierno de Rajoy y lo que hacen ahora, tanto el presidente como el ministro, en lugar de reconocer el error (ya que el ministro ha aceptado como ciertas las grabaciones) y depurar sus responsabilidades políticas, es atacar al mensajero, manifestando que realizarán las investigaciones oportunas para averiguar quién o quiénes han sido los que grabaron y filtraron la información.