A la taurina hora de las cinco de la tarde debatía ayer el pleno de las Cortes la convalidación del decreto-ley de la Junta de Castilla y León que prohíbe dar muerte en público al polémico Toro de la Vega. Elprocedimiento seguido y las ambigüedades que contiene la norma -que de hecho no menciona al festejo tordesillano- habían suscitado no pocas dudas entre algunas minorías de la Cámara que se habían reservado el sentido de su voto.
El consejero de la Presidencia y promotor del decreto-ley, José Antonio de Santiago-Juárez, se había tomado casi como un prurito personal que la convalidación se produjera por unanimidad. Y fue que no. Los cinco procuradores de Ciudadanos decidieron finalmente abstenerse. "A nosotros tampoco nos gustaba el Toro de la Vega, pero nos gustan menos las prohibiciones", argumentó su portavoz, Luis Fuentes, quien lamentó que, en lugar de buscar un consenso social, se haya jugado a los bandos y las trincheras en un momento preelectoral.
Todavía más críticos con el procedimiento fueron los socialistas, que lo han llegado a calificar de "despotismo ilustrado". Pese a ello, toda su bancada ha apoyado una prohibición de la que se había constituido en abanderado Pedro Sánchez. Tampoco faltaron las objeciones de Podemos e IU, que exigen garantías de que el festejo, si es que pervive, discurra sin ningún tipo de maltrato animal.
Sorprendió que en nombre del grupo popular fuera el propio presidente provincial del PP, Ramiro Ruíz Medrano, quien asumiera ante el pleno la defensa de un decreto ley que, según el mismo ha reconocido, ha provocado la baja del partido de una serie de militantes de Tordesillas.
La Plataforma en defensa del Toro de la Vega, que se concentró a las puertas de las Cortes, sigue estudiando, en contacto con el Ayuntamiento, las vías legales para impugnar la reforma legislativa que impide dar muerte al astado. Entretanto, su portavoz advirtió que "tomaban nota de cara a las próximas elecciones del 26 de junio". El día 27 comprobaremos que han hecho con su voto los tordesillanos.