La caída del ex ministro José Manuel Soria, quien anda buscándose un destino al otro lado del Atlántico, no ha reconducido lo más mínimo la brecha abierta entre la Junta y el gobierno de Mariano Rajoy acerca de la minería del carbón. El desencuentro se reprodujo ayer con ocasión de la firma en Madrid del "Acuerdo en defensa de la minería del carbón y de las comarcas mineras" promovido por la patronal Carbunión y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
A la firma estaban invitados los cuatro gobiernos autonómicos con sector del carbón -Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha- junto a los partidos políticos nacionales o con representación en dichas comunidades Los primeros acudieron en pleno con sus respectivos consejeros del ramo -Pilar del Olmo, por parte de la Junta-, pero en el frente político hubo sonadas ausencias. Además del PP, tampoco se han adherido al acuerdo Podemos e IU, mientras que Ciudadanos lo ha hecho discrepando de una de las medidas propuestas, la bonificación del 85 por ciento en el impuesto especial sobre el carbón.
Con la negativa del PP ya se contaba, no así con el descuelgue de IU, que a última hora decidió no suscribir un acuerdo cuyo contenido básicamente comparte. Tanto que el coordinador regional de la formación en Castilla y León, José María González, presente en el acto, declinó firmar, alegando que supondría "compartir un espacio político con partidos como el PSOE, que fue de los primeros en poner fecha de caducidad a la minería".
Hay quien ve en lo anterior una excusa para no romper en este punto la unidad de acción con Podemos, que en esta materia ha venido siguiendo las directrices del tercer socio de la coalición, Equo, que no está dispuesto a apoyar una fuente de energía que considera sucia y contaminante.
Aunque las razones de Podemos e IU para no firmar el acuerdo nada tengan que ver con las del PP, los socialistas leoneses no han perdido ocasión de subrayar esta coincidencia entre ambos polos políticos. Y para rematar, la Unión del Pueblo Leonés considera que el documento es un "brindis al sol" y una nueva "pantomima", responsabilizando por igual a los gobiernos del PP y del PSOE de haber puesto las bases para liquidar el sector. Si con la iniciativa se pretendía un frente político común, no se ha conseguido otra cosa que ahondar en la división.