Venezuela se ha puesto en el mapa, primero porque pagaba cifras desorbitadas a profesores de la Complutense que luego serían los representantes de un partido político emergente, Podemos. Y digo desorbitados porque están fuera de todo baremo del asesoramiento que realizan las universidades que siempre son mucho más bajos que los que obtuvieron los del equipo de Pablo Iglesias. Pero si somos serios deberíamos preguntarnos por qué Zapatero o Rivera la han colocado en su agenda de prioridades. Es evidente que Naciones Unidas ya ha reprobado a su gobierno su falta de libertades, y también es conocedora de cómo es habitual en ese país la detención arbitraria, como se denomina cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad arrestan a una persona que no contará con las garantías procesales de un juicio donde pueda defender sus derechos. Que el líder de la oposición esté en prisión, o que autoridades públicas tengan arresto domiciliario es una vergüenza, se produzca donde se produzca. Por las mismas razones, evitar condenarlo es una complicidad más propia de un estómago agradecido que del papel que tienen que jugar los intelectuales. La democracia que tenemos en España no sólo es gracias a una clase política, sino aquellos intelectuales que jugaron un papel de denuncia fuera de nuestras fronteras y a quienes les costó el exilio. José Luis L. Aranguren, como antes Unamuno u Ortega y Gasset, son ejemplos de la libertad de pensamiento, cuya condición es no rendir pleitesía ni a los gobiernos, ni a los notables. Quizás la confusión estriba en definir como intelectuales a quienes sólo tienen aspiraciones políticas con un perfil académico. Sin embargo, tampoco hay explicación para que el gobierno de Rajoy haga malabarismos dignos de un acróbata. Por un lado, convocó el mes pasado al Consejo de Seguridad Nacional preocupado por que brote un conflicto en el país al que, al mismo tiempo y, sin que le tiemble la mano, exporta 13 millones de euros en material de Defensa, en artillería y ametralladora ligera. Si un nuevo partido político tira balones fuera diciendo que no "sólo" en Venezuela se vulneran derechos humanos como coartada para evitar condenar a Maduro, la misma incongruencia opera entre el Ministro de Exteriores, atento a la evolución de la seguridad para los españoles que residen en Venezuela, mientras su homologo, el Ministro de Defensa está orgulloso de su operación comercial por la venta de material bélico. Todo este circo mediático cuando España eliminó el principio de justicia universal, es decir, la capacidad que tenían los jueces españoles para abrir procesos en otro país en el que se estuvieran vulnerando derechos humanos. Esto significaba limitar su intervención contra los crímenes que el Derecho Humanitario Internacional, como el genocidio de Guatemala, los asesinatos del Sáhara, o el caso del periodista Couso o los cometidos en Israel en la franja con Gaza. Ahora cualquiera que quiera pedir amparo a España, concretamente a su Audiencia Nacional, nuestra legislación se lo impide ¿Será que Venezuela sólo es un anzuelo en un río de pirañas?