Hasta el presente los altos y ex altos cargos de la Junta llamados a declarar por el Juzgado que investiga los sobrecostes de la Perla Negra y los terrenos de Portillo se habían ido saliendo por la tangente. No obstante, casi todos venían a coincidir que ellos se habían limitado a seguir las instrucciones emitidas por la "cúpula de la Consejería de Economía".
Esa línea de autodefensa dio un giro ayer con la declaración del actual delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, antiguo vicepresidente de la ADE y como tal consejero de Gesturcal, la antigua empresa pública que perpetró las dos truculentas operaciones investigadas.
Según ha informado la agencia Europa Press, Trillo declaró en el Juzgado que tanto el precio del alquiler previo como el de la posterior compra de la Perla Negra le parecieron "disparatados", incluso después de que la sociedad que se adjudicó la construcción del inmueble, Urban Proyecta, rebajará su cuantía de 70 a 52 millones. Y no solo lo hizo constar en el seno del Consejo de Gesturcal, sino que informó directamente de ello al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quién le dio las gracias y le pidió que le mantuviera informado.
Su discrepancia, y al parecer la de otros consejeros, se extendió a la operación de los terrenos de Portillo, por los que ADE Parques, sucesora de Gesturcal, desembolsó alrededor de 30 millones de euros por un suelo previamente adquirido por menos de 10 por la propia Urban Proyecta y otra empresa administrada por Francisco Esgueva, hermano del ex director de Excal, Alberto Esgueva, investigado en este mismo caso, así como en la "trama eólica".
A Trillo sus reticencias le costaron la recriminación personal de los dos altos cargos más próximos al consejero Tomás Villanueva y sucesivos responsables de Gesturcal y ADE Parques, Rafael Delgado y Begoña Hernández, quienes se sucedieron asimismo después en la viceconsejería. Y además de dicha recriminación, al día siguiente el entonces vicepresidente de ADE fue "llamado a capitulo", vía telefónica, por el propio Villanueva.
Trillo puso así nombres y apellidos a la "cúpula" aludida por quienes le han precedido en esta ronda de declaraciones judiciales. Conocido lo cual cabe preguntarse si la actual consejera de Economía, Pilar del Olmo, sigue pensando que la única irregularidad existente que justifica la personación judicial de la Junta en el caso es la de los contratos adjudicados sin concurso a la misma empresa que cobró en B las obras de reforma de la sede del PP en la calle Génova.