La pasada semana fue noticia el fichaje de la magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, por el PSOE, al aceptar ir de número 2 por Madrid tras Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. Hasta aquí nada nuevo. Muchos se acordarán de algo similar con Baltasar Garzón y Felipe González, y recientemente con dos jueces, uno de Baleares y otra de Canarias, que lo han hecho con Podemos. Parece como si los partidos valorasen el prestigio de los jueces y trataran de aprovecharlo integrando sus nombres en los proyectos políticos respectivos. Es una fórmula específica de los llamados independientes, es decir, profesionales de prestigio que no militan en un partido pero que ideológicamente son cercanos a él, y que sumarían votos en tiempos ásperos y de desconfianza para el mundo de la política profesional.
Pero a mí me inquieta lo que ocurre con los jueces políticos. Nada que objetar a que si algunos se creen convocados por ese compromiso, lo hagan libremente, faltaría más, pero la cuestión no es esa. La cuestión es lo que sucede cuando el juez metido en política se cansa de ésta y quiere volver a la judicatura y, con las leyes vigentes, vuelve sin problemas, es decir, sin solución de continuidad hoy está en la política y mañana dictando sentencias. Y esto es grave. ¿Se acuerdan ustedes de lo que ocurrió con Baltasar Garzón? El PSOE vio en él un chollo para ganar las elecciones frente al PP, y Felipe González lo puso junto a él en su lista electoral y después le dio un puesto importante en su Gobierno, hasta que Garzón, que aspiraba a mucho más, se cansó y volvió a calzarse la toga, poniendo contra las cuerdas a Felipe en un asunto que trajo cola. O sea, que hoy soy tu secretario de Estado y estoy a tus órdenes y al día siguiente, te empuro porque te estás soltando la ley a la torera. Es un escándalo y desde entonces no se ha hecho nada para que no se repita. Pero el peligro salta a la vista.
Que quieres abandonar el ejercicio prestigioso y bien remunerado de la Magistratura, para pasar a dedicarte a la política, perfecto, Margarita Robles. Pero entre el fin de una actividad y el comienzo de la otra debe haber un largo período en el que no puedas dictar una sentencia para evitar suspicacias o malentendidos. Y lo mismo por lo que se refiere a los jueces integrados en Podemos: el día que os vayáis de la política, habréis de pasar por un tiempo de abstención de la judicatura activa. Eso al menos.
Porque voy más allá. Entiendo que uno de los pilares del Estado democrático es la división de poderes, y el legislativo y ejecutivo siempre deben estar separados del judicial: a este le corresponde vigilar a los otros dos, defendiendo siempre el imperio de la ley. Es tan importante esta función, que pienso que quienes la ejercen deberían renunciar a entrar en política por el serio peligro de contaminación. Es decir, que la ley debería establecer la incompatibilidad entre ambas funciones, de modo que si, con todo el derecho que su libertad presupone, abandonan la judicatura para dedicarse a la política, la abandonan para siempre. Duro, sí, pero necesario. La grandeza de la responsabilidad judicial debería exigir esta incompatibilidad. Un juez no sube en la escala social por hacerse político, en modo alguno, pues pocas funciones tan cargadas de influencia como la de aplicar las leyes, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Y todas las prevenciones que se establezcan para garantizar la independencia judicial, son pocas. Hoy, por el contrario, la puerta giratoria entre política y judicatura está abierta y los riesgos son enormes. Riesgos para la democracia y para la justicia.
Marta FERREIRA