Actualmente, este acuerdo se viene desarrollando a través de los Centros Especiales de Empleo
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha participado en la 39 edición de la Marcha Asprona, una de las marchas solidarias más antigua de España. Alicia García ha manifestado que la Marcha Asprona es una ocasión excelente para expresar el reconocimiento y afecto de toda la sociedad castellano y leonesa al movimiento asociativo de la Fundación Personas y al trabajo que desarrollan y ha destacado la prioridad que supone para la Junta el compromiso y apoyo a las personas con discapacidad, tanto en clave de atención como en clave de derechos, para que puedan desarrollar proyectos vitales y con el objetivo del empleo como herramienta básica de inserción.
Este compromiso se hace efectivo mediante la aplicación del Acuerdo de la Junta de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública que, con carácter vinculante para todos los órganos de contratación de la Administración Autonómica, obliga a incorporar "aspectos de política social" en los procedimientos de contratación pública, como son generar oportunidades de empleo para las personas con dificultades para acceder al mercado laboral por condiciones de discapacidad.
García ha señalado que al incorporar criterios de responsabilidad social en las decisiones de compra y contratación, se convierten en instrumento de cohesión necesario para garantizar la igualdad de oportunidades, participación e inclusión social de las personas con discapacidad. Esto se realiza a través de dos actuaciones fundamentales: estableciendo cuotas obligatorias de reserva de contratos destinados a Centros Especiales de Empleo y mediante la incorporación de cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación pública general.
Castilla y León cuenta con 195 Centros Especiales de Empleo repartidos en 237 centros de trabajo, que dan ocupación a 4.683 personas con discapacidad. La Junta de Castilla y León asumió el compromiso de reservar anualmente el 6,5 % del importe total de los contratos de la Administración autonómica, para estos centros. Desde la entrada en vigor del Acuerdo en septiembre de 2012 hasta finales de 2015 se han adjudicado 1.332 contratos reservados por importe de 18.853.595 euros, que suponen un 21,04% del importe total adjudicado.
Además de las reservas de contratos para Centros Especiales de Empleo, el Acuerdo trata de impulsar en las empresas una visión más social. Para ello, la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, valorándose aspectos como que las plantillas cuenten con personas con discapacidad. Desde septiembre de 2012 hasta finales de 2015 se han adjudicado 5.434 contratos que incorporaban clausulas sociales por importe de casi 588 millones de euros, que suponen un 64,04 % del importe total adjudicado.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que los buenos resultados obtenidos de la aplicación de este Acuerdo animan a avanzar en la construcción de una contratación pública socialmente responsable que mejore en la incorporación al empleo de los colectivos que más dificultades encuentran, y a incorporar los aspectos sociales a otros ámbitos de la actividad administrativa, como son las subvenciones y convenios.
En este sentido, Alicia García ha avanzado que la Junta de Castilla y León tiene prevista una actualización del Acuerdo que amplía la reserva de contratos a las empresas de inserción socio-laboral, con el fin de potenciar estas empresas. Asimismo, establece que determinados contratos que realice la Administración Autonómica se encuadren dentro de proyectos de inserción socio-laboral dirigidos a colectivos en situación o riesgo de exclusión social. De esta forma, el objeto del contrato será la inserción socio-laboral de estos colectivos mediante la contratación de una obra, de un servicio o la adquisición de un producto.
García ha destacado también el acuerdo para la creación de un 'Banco de buenas prácticas', con el objetivo de fomentar la incorporación de los aspectos sociales al gasto público. A través de esta herramienta se recogerán las experiencias existentes en las distintas Administraciones de Castilla y León, con el fin de que sirvan de orientación y asesoramiento en su aplicación y desarrollo a aquellas entidades públicas que las vayan a implantar en sus sistemas de contratación.