Profesor de Derecho Penal de la Usal
En España, por desgracia, estamos acostumbrados a que la corrupción política y económica contamine nuestras relaciones sociales. Cuando, en democracia, salieron a la luz los primeros casos graves de corrupción asociados al gobierno socialista de Felipe González (Gal, Fondos Reservados o Roldán, por citar los más relevantes), los medios de comunicación y la oposición política consiguieron que los ciudadanos no sólo castigaran al partido que sustentaba al gobierno (PSOE), sino que éste retirara de la circulación política a los dirigentes que habían protagonizado y amparado aquéllos sonados casos de irregular y delictiva gestión política. En los últimos años, los casos de corrupción política han seguido apareciendo en progresión geométrica y con una característica común: están unidos, inexorablemente, al poder y éste se ha acumulado como nunca en la reciente historia de España, en el Partido Popular.
Esta circunstancia consolida en la ciudadanía la expresión popular conocida como "el poder desenmascara y corrompe" y entonces pasamos al "y tú más" y a que los partidos se estén tirando los trastos a la cabeza de manera sistemática, porque, en el fondo, les interesa que la ciudadanía interiorice que todos son iguales, que todos son corruptos, hasta el punto que nos estamos inmunizado ante la constante aparición de conductas realizadas al margen del Estado de Derecho por cargos públicos, funcionarios y otras personas relacionadas con las diferentes administraciones territoriales (ayuntamientos, diputaciones, gobiernos de Comunidades Autónomas y Gobierno de la nación). Y no debería ser así, porque, si un partido político que gobierna, revalida su mayoría y consigue seguir gobernando a pesar de estar involucrado en cientos de casos de corrupción, se siente legitimado por las urnas y motivado a seguir con sus actuaciones al margen de la ley.
Si la corrupción genera, en última instancia, problemas financieros y desequilibrios sociales (cuando el dinero público se desvía a bolsillos privados además de evadirlo fiscalmente, no habrá recursos para educación, sanidad y políticas sociales en general), lo que está sucediendo en Retortillo con la posible apertura de la mina de uranio a cielo abierto (la única de Europa) que tratará toneladas de material radiactivo, es, además de una cadena de posibles actos de corrupción política, un peligro evidente para el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.
Recientemente nos hemos enterado por los medios de comunicación que la plataforma "Stop Uranio" y algunas asociaciones ecologistas han presentado una querella en el Juzgado de Ciudad Rodrigo contra el exalcalde y varios exconcejales de Retortillo (del PP) por cohecho y actividades prohibidas a funcionarios, debido al incremento en sus patrimonios personales de manera delictiva porque recibieron dinero de la empresa australiana Berkeley (la que gestionará la mina) a cambio de gestiones administrativas para la autorización de la apertura de la explotación. La empresa también compró unos terrenos a familiares del alcalde a un precio notablemente superior al de mercado. Pero no acaba ahí la historia, dado que la propia empresa contrató a Manuel Lamela (exconsejero de Sanidad del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid y exalto cargo del Ministerio de Agricultura que dirigía Arias Cañete) para que mediara ante el Comisario Europeo de Energía y Medio Ambiente (Arias Cañete), quién emitió un dictamen favorable para la apertura de la explotación de la mina. Este Comisario Europeo está implicado en otras actuaciones oscuras, puesto que su mujer también aparece en los denominados 'papeles de Panamá' y, al parecer, se benefició de la Amnistía Fiscal que aprobó el Gobierno de Rajoy, declarando a Hacienda lo que había ocultado anteriormente.
Estos hechos aportan indicios racionales de que la empresa Berkeley ha utilizado una red organizada en el PP (tanto en el ayuntamiento de Retortillo, como en el exalto cargo Lamela y en el Comisario Europeo Arias Cañete) para que le concedan las autorizaciones de explotación de la mina de uranio.
Y todo esto ocurre en una provincia (Salamanca) que ha perdido 20.000 habitantes desde el inicio de la crisis económica y que nos situamos con el mismo número de habitantes que en 1910; síntoma evidente de la desidia de las administraciones hacia los intereses sociales y económicos de los salmantinos.