Si ha habido en esta comunidad autónoma un parlamentario nacional multipluriempleado, ese ha sido sin duda el ex diputado y actual senador vallisoletano, Miguel Ángel Cortés, quien ha venido compatibilizando su escaño con cargos en una docena de patronatos, fundaciones y sociedades. Entre estas últimas figura una de carácter unipersonal, "Torozos Legal S.L.", a través de la cual el que fuera Secretario de Estado de Cultura en la etapa de Aznar ejerce funciones de asesoramiento jurídico.
"Torozos Legal", sociedad de la que el ahora miembro de la Diputación Permanente del Senado es accionista y administrador único, ha salido a relucir últimamente por su participación en el fantasmal Museo Art Natura de Málaga, un fallido proyecto en el que el ayuntamiento malagueño ha enterrado la friolera de 25 millones de euros. La comisión municipal de investigación constituida para aclarar el desaguisado ha constatado que Cortés facturó entre 2009 y 2011 honorarios por un importe de 39.000 euros por asesorar a la empresa encargada de diseñar el Museo.
En concreto "Torozos Legal" emitió cinco facturas por importe de 5.575 euros cada una (27.875 euros) y otras dos más por una cuantía de 11.342, la última de las cuales no llegó a hacerse efectiva. Aunque tanto el ex alcalde, Francisco de la Torre, como el propio Cortés negaron que dichas facturas corrieran a cargo del ayuntamiento, la comisión ha podido acreditar que las mismas fueron cargadas a las arcas municipales.
"Mi labor consistía en la asesoría jurídica de los derechos de autor, los pagos por las reproducciones y el número de copias de las esculturas que se iban a exponer en la colección", ha explicado el senador, quien sin embargo es considerado por la oposición como el verdadero muñidor del fracasado Museo.
Junto a la declaración de bienes e intereses cumplimentada a su llegada al Senado, en la que consta su vinculación a media docena de fundaciones, entre ella la FAES, Cortés ha solicitado autorización expresa para compatibilizar su escaño con dos actividades privadas remuneradas. Una de ellas es su cargo de director de la Fundación Iberoamericana Empresarial y la otra el desempeño de la abogacía a través de "Torozos Legal". Según la declaración de IRPF aportada a la Cámara Alta, en 2.014 dichas actividades le reportaron al parlamentario vallisoletano retribuciones "complementarias" por importe de 71.060 y 87.830 euros, respectivamente.