Comentaba hace días "El topillo" que la detención e ingreso en prisión deMiguel Bernard, el máximo dirigente de "Manos Limpias", podía echar abajo la personación judicial de dicho sindicato en el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a cosa de las arruinadas empresas públicas Gesturcal y ADE Parques.
El diario "El País" informaba ayer que Bernard, ingresado en la prisión de Navalcarnero tras ser acusado por la Audiencia Nacional de extorsión y otros delitos, ha manifestado su intención de de disolver "Manos Limpias" y desistir de todas las actuaciones judiciales que dicha organización tiene en marcha. En el caso Perla Negra-Polígono de Portillo, su personación como acusación popular está pendiente de un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Valladolid en relación con la fianza de 10.000 euros fijada por el Juzgado que instruye la causa. En dicho recurso, presentado con anterioridad a la detención de Bernard, "Manos Limpias" solicitaba una reducción de dicha fianza. A expensas de la resolución de dicho recurso, todo parece indicar que el sindicato acabará desistiendo de su intención de personarse en el caso.
Por su parte, el PSOE solicitó en primera instancia su personación en el caso como acusación particular, figura que no requiere la presentación de fianza económica. Sin embargo, dicha pretensión fue denegada por el Juzgado, al estimar que el partido no es parte directamente perjudicada en la causa, por lo que no puede ejercer la acusación particular. Queda por ver si los socialistas se deciden finalmente a personarse como acusación popular, para lo que, visto el precedente de "Manos Limpias", en principio, y salvo que la Audiencia Provincial reduzca la cuantía, tendrían que hacer frente a esa fianza de 10.000 euros.
Con independencia de lo anterior, las diligencias judiciales siguen su curso y, tras la reciente declaración de los miembros de la mesa de contratación del concurso exprés convocado para adjudicar la Perla Negra, el siguiente en declarar será el arquitecto que proyectó el edificio por encargo de la empresa adjudicataria, Urban Proyecta, sociedad que, según el informe dela Unidad de Delincuencia Económica (UDEF), abonó los honorarios profesionales del proyecto meses antes de que se hubiera convocado el concurso.