Muchos periódicos siguen titulando encontrada "una mujer muerta" en el Paseo de la Estación de Salamanca. Este error sólo ocurre con los casos de violencia de género, porque sería impensable que una víctima de terrorismo fuera "hallado muerto cerca de su coche". Precisamente esta exactitud en la formulación de la noticia, además de destinar medios policiales, así como las constantes denuncias y condenas, contribuyó a la erradicación de una violencia que nuestro país padeció a causa de ETA. Toda la opinión pública, así como cualquier persona de toda edad y condición aborrecía la crueldad de una banda armada. Por mucho que partidos políticos, como Izquierda Unida y Podemos, hayan afirmado recientemente, y a raíz de un programa de televisión, que Otegui es un preso político, lo que está claro es que se trata de una estrategia inútil, nadie nos va a convencer de semejante definición. Sabemos muy bien, gracias a los medios de comunicación, que en España, desde la instauración de la democracia, no han existido presos políticos.
Si confundir a un terrorista con un preso político, no diferenciar entre ideas y bombas, como si ambas cosas fueran el mismo delito, ya es insultante, confundir morir, con ser asesinada con alevosía y con ensañamiento, es una torpeza severa. A pesar de que las redes advierten a muchos medios de este problema, todavía este error titulando la noticia sigue apareciendo en las portadas. Ella no pudo defenderse de su expareja, seguro que no esperaba ser asaltada con impunidad. En el último año, el 23% de las mujeres asesinadas lo fueron a manos de sus exparejas. Ella, como muchas otras, no tenía derecho a reconstituir su vida, había que completar la masacre y aguardar a que ella estuviera a solas para rematarla. La pregunta pendiente es ¿qué proceso de investigación se va a llevar para saber dónde falla la cadena de protección? ¿Cuántas veces se reúne la Subdelegación de Gobierno que, como en todas las provincias, incluida la de Salamanca, cuentan con sus respectivas Unidades contra la Violencia de Género, creadas por la Ley del mismo nombre y con el propósito de coordinar recursos, desde asociaciones hasta jueces o fiscales? Más preguntas incómodas: ¿Qué medidas tomará el Ayuntamiento de Salamanca para detectar qué ha ocurrido con esta víctima? ¿Qué ha ocurrido después de la denuncia? ¿Acudió a los Servicios Sociales? ¿Contaba con vigilancia? No olvidemos que de este Ayuntamiento depende el cuerpo de la Policía Local. La intervención fuera de horario, incluidos fines de semana, recae en aquellas Asociaciones destinadas para este fin, que dependen de las subvenciones del Ayuntamiento para llevar a cabo su función, cuando debería ser la Administración Local quien tuviera la principal responsabilidad. Sabemos que la asesinó el maltratador y nadie más. Pero a las instituciones les toca investigar dónde falló la cadena de protección y elaborar un informe con medidas preceptivas. Porque las condolencias de cada 25 de noviembre no bastan, queremos saber por qué habiendo denunciado estuvo tan expuesta a su asesino.