Castilla y León, que el pasado año rozó las 25.000, se sitúa como la octava comunidad
El expediente electrónico de justicia gratuita recopila de forma segura y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del derecho a la justicia gratuita, aporta transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo y reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en 40 días.
Esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las comisiones de asistencia jurídica gratuita proporciona una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la justicia gratuita, facilitando sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.
El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a casi 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el INSS y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el INE, así como con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia.
El expediente electrónico ofrece numerosas ventajas al ciudadano, al abogado, al Colegio y a las administraciones. Al ciudadano se le facilita el acceso a la justicia gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de documentos, ya que evita los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones necesarias. La digitalización del proceso permite, por otro lado, al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad.
Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora su gestión, ya que reduce los plazos de obtención de la información, a la vez que incrementa la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios.
Por último, las administraciones públicas mejoran y agilizan el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y eliminan los posibles fraudes optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión.