"Regeneración" con efectos diferidos

Si José María Aznar pretendía sentar un precedente en su partido cuando cumplió el compromiso de no permanecer más de ocho años como presidente del Gobierno, está claro que no lo logró. Doce años han pasado desde entonces y ningún presidente autonómico, ningún alcalde, ningún presidente de Diputación -no hablemos ya de diputados, senadores o parlamentarios autonómicos- ha seguido el ejemplo.

En las últimas semanas había amagado con hacerlo el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, quien en el mes de octubre cumple su segundo mandato. Feijóo ha estado deshojando la margarita -las otras opciones eran dar el salto a la política nacional o pasar a la empresa privada-, pero finalmente ha cedido a las presiones internas de su partido y será por tercera vez candidato a la presidencia de la Xunta. Por si quedaba alguna duda, queda claro que mientras no se imponga por ley, lo de limitar a ocho años los mandatos presidenciales no va con el PP.

Cosa distinta es que, obligado por la pérdida de mayoría absoluta, no le quede más remedio que asumir ese principio, como ocurre mismamente con el PP de Castilla y León. De la necesidad virtud intenta hacer la Junta del anteproyecto de ley que regulará el Estatuto de Alto cargo, una especie de cajón de sastre en el que se han metido algunas de las medidas de "regeneración democrática" incluidas en el pacto mediante el que Ciudadanos permitió, vía abstención, la quinta investidura de Juan Vicente Herrera.

Limitar a ocho años el mandato del presidente de la Junta y de los presidentes de las demás instituciones autonómicas, establecer esa misma limitación para ser titular de una misma Consejería, incompatibilizar los cargos de procurador y alcalde de más de 20.000 habitantes o la propia regulación del Alto Cargo de la Administración Autonómica estaban en ese acuerdo suscrito entre PP y Ciudadanos el 24 de junio de 2.015. A diferencia de lo referente al aforamiento de los procuradores y miembros del gobierno de la comunidad, no era necesario reformar el Estatuto de Autonomía para revistar de obligatoriedad legal dichas medidas. Y dado que no existe la menor garantía de que la reforma estatutaria llegue a puerto, se ha optado por incorporarlas a ese Estatuto de Alto Cargo, tramitado como una Ley ordinaria de las Cortes.

Estaríamos, en efecto, ante un importante avance en materia de "regeneración democrática" si no fuera porque el propio Anteproyecto de Ley ya se cuida, a través de una disposición transitoria, de aplazar la vigencia de dichas limitaciones e imcompatibilidades hasta la próxima legislatura, con lo que no entrarán en vigor hasta las elecciones autonómicas de mayo 2.019. Es decir, que, aunque ese Estatuto del Alto Cargo alcance rango de Ley, los supuestamente afectados por dichas medidas no lo estarán hasta dentro de tres años.

Nada impedirá a Juan Vicente Herrera cumplir 18 años, se dice pronto, como presidente de la Junta. Nada a la consejera Pilar del Olmo, que lo es de Hacienda desde 2003 -y desde 2015 además también de Economía- permanecer 16 años ocupando el mismo despacho. Nada al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, completar 12 años en la misma consejería. Y, por descontado, los alcaldes de Salamanca y León, Alfonso Fernández Mañueco yAntonio Silván, podrán seguir compatibilizando sin problema sus cargos municipales con sus respectivos escaños de procurador.

Como diría José Mota, "regeneración sí, pero hoy no,mañana?" (en este caso dentro de tres años). También tiene guasa otra de las medidas introducidas en el Anteproyecto de marras: la obligatoriedad de que los futuros candidatos a la presidencia de la Junta celebren, al menos, dos debates públicos en la siguiente campaña electoral. Más que nada porque hace al caso recordar que Juan Vicente Herrera no se ha prestado a celebrar ningún debate electoral durante las cuatro campañas electorales (2.003, 2.007, 2011 y 2015) en las que ha sido candidato del PP a la presidencia de la Junta?

Tampoco tendrá ningún efecto automático dicho Estatuto sobre los altos cargos de la Juntaque resulten imputados (ahora se dice investigados) en causas judiciales relacionadas con presuntos delitos de corrupción, situación en la que se encuentran los dos secretarios generales, los tres directores generales y el delegado territorial- pendientes de declarar ante el Juzgado que instruye el doble caso Perla Negra-Polígono de Portillo. El Anteproyecto de Ley permite mantener en sus puestos a los altos cargos incursos en ese tipo de causas hasta que no se decrete la apertura del correspondiente juicio oral.

Edificio conocido como la "Perla Negra"

Y a la vez que retarda al máximo la aplicación de cualquier medida de regeneración democrática, el PP de Juan Vicente Herrera mantiene la impostura de seguir bloqueando sin ningún rubor el trabajo de las dos comisiones parlamentarias de investigación constituidas en las Cortes de Castilla y León. No contento con haber vetado un centenar de las comparecencias solicitadas por la oposición en relación con la "trama eólica", están a punto de cumplirse dos meses sin que dicha comisión haya vuelto a reunirse para fijar el calendario de las 43 únicas comparecencias admitidas por el grupo popular. Ni para eso ni para resolver sobre la posterior reunión conjunta de toda la oposición proponiendo la comparecencia del propio Juan Vicente Herrera.

Valiéndose de la capacidad de bloqueo que le otorga el Reglamento de las Cortes, el PP sigue boicoteando con todo descaro esa comisión, al tiempo que ha vetado otro centenar largo de las comparecencias solicitadas por la oposición en relación con el astronómico sobrecoste del Hospital de Burgos. Y solo para evitarse lo que hubiera sido un escándalo mayúsculo, en este caso no le ha quedado más remedido que tragar con la comparecencia del presidente de la Junta.

Definitivamente, en materia de "regeneración democrática" y lucha contra la corrupción la credibilidad de Juan Vicente Herrera es exactamente la misma que tiene Mariano Rajoy. Con eso creo que está todo dicho.