Una auditoría apunta casos en los que la encomienda de gestión para obras, proyectos o tramitación de expedientes podría resultar más cara que si lo hacen las propias consejerías
Se llaman encomiendas de gestión y bajo esta figura la Administración, en este caso la Junta de Castilla y León, encarga proyectos, obras y otros trámites a empresas y fundaciones públicas. El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha registrado un informe en las Cortes en el que analiza las encomiendas que tres consejerías (Hacienda, Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente) y la Gerencia de Servicios Sociales encargaron en 2013 a seis entes públicos (Itacyl, Cylsopa, Provilsa, Somacyl, Tragsa y Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León).
El examen, que supone una auditoría de la relación entre la Administración general y lo que se conoce popularmente como 'administración B', arroja un cúmulo de deficiencias que cuestionan el uso que hace la Junta de las encomiendas, que se conciben por la ley como algo «excepcional», porque supone aminorar las exigencias que rigen la contratación pública (anula por lo general la concurrencia de empresas), y solamente para dos supuestos claros: por falta de medios propios en la Administración o porque se dé una mayor eficacia. Y siempre con una justificación y un control estricto que los auditores echan en falta en el común de los 47 expedientes analizados. Unos encargos que han supuesto 39,22 millones de euros.
Los departamentos de la Junta cuyas encomiendas analiza el Consejo de Cuentas han defendido en las alegaciones enviadas al organismo la «eficacia, eficiencia y agilidad» en la ejecución de los trabajos encomendados a los entes públicos. «Es obvio que si se acude a dicho apoyo externo es porque los medios propios son insuficientes», argumentan desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que apunta que las entidades «encomendatarias» constituirían un «medio propio de la Administración». La Gerencia de Servicios Sociales rebate que estos encargos incidan en un «encarecimiento» y afirma que tampoco «disminuye el régimen de garantías».
«No se ha motivado que sea una mejor elección (la encomienda de gestión) frente al contrato, ni se ha probado una mayor economía en la ejecución, ni la inexistencia de licitadores en el mercado, ni ninguna otra razón que la justifique de forma expresa», recoge textualmente el informe oficial, que también apunta que «prácticamente la totalidad de las prestaciones que son objeto de encargo se refieren a obras o servicios que podrían haber sido objeto de ejecución directa por los propios servicios de la Administración o haber sido ofertados a pública licitación». Con transparencia, publicidad y una concurrencia pública que incida en el ajuste final, a la baja, del precio.
Eso pone de manifiesto el informe elaborado por el Consejo de Cuentas que incide en que salvo en el caso de Tragsa y, en parte del Itacyl, el resto de los entes que reciben encargos carecen de medios técnicos y humanos para llevarlos a cabo por sí mismos, por lo que se ven obligados a contratarlos y que abusan de la contratación de urgencia, que implica adjudicar directamente a una empresa. Y eso, apuntan desde el organismo, puede resultar más caro al contribuyente, porque se utiliza un intermediario (el ente al que se encomienda) y se elimina la competencia entre empresas que pujan por el contrato. El informe habla de «elusión» del procedimiento de contratación pública.
Encargos que «rayan la pérdida de control sobre competencias irrenunciables»
No solamente son proyectos de regadíos, concentraciones parcelarias, obras en puentes o carreteras el objeto de las encomiendas de gestión. Agricultura y Ganadería encarga al Itacyl la tramitación del 10% de las solicitudes de la PAC y la Gerencia de Servicios Sociales (depende de la Consejería de Familia e Igualdad) hace lo propio con expedientes relacionados con prestaciones de Dependencia y la Renta Garantizada de Ciudadanía. La auditoría constata en este último caso la realización de trabajos que van desde la grabación de datos personales y económicos de los solicitantes hasta la propuesta de resolución, funciones que suponen «el contenido propio de la actividad del personal funcionario y laboral al servicio de la Gerencia», arguyen los redactores del informe.
El Consejo de Cuentas incide en que esta situación implica en el caso de la Gerencia de Servicios Sociales una «renuncia a la prestación directa por sus propias unidades administrativas de servicios que justifican su propia existencia, sustrayendo a su personal de las tareas que le son propias y que implican el contacto con datos que por su naturaleza deben ser tratados con la mayor confidencialidad». Desde el organismo se advierte que hay casos que «rayan la pérdida de control sobre competencias irrenunciables».
El informe aconseja a la Junta tomar «precauciones» ante el posible riesgo de caer en un supuesto de «cesión irregular de trabajadores». El organismo de control plantea la necesidad de órdenes de encargo pormenorizadas y con un informe jurídico, que incluyan, además, una definición de las tarifas, otro aspecto que actualmente brilla por su ausencia. El informe recomienda establecer un sistema de control de la ejecución de las encomiendas y que estas se encarguen a entidades con capacidad real para cumplir el cometido.
Fuente El Norte de Castilla