Se acordó la amnistía más amplia posible para los delitos políticos pero deja fuera de ese cobijo los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Para estos el acuerdo establece la creación de una jurisdicción especial para la paz que se e
Diego Sánchez Soto. Activista de derechos humanos
Hace poco más de tres años se hicieron oficiales las negociaciones que había iniciado el gobierno de Colombia encabezado por el presidente Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero, catalogado como terrorista, de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia). Negociaciones que surgen con el fin de traer la paz a este país, que está inmerso en un conflicto interno catalogado como el más longevo del hemisferio occidental. Así, lo que surgió hace tres años como un proceso visto con pesimismo por parte de la población colombiana, desconfiada tras decepcionantes fracasos del pasado en los que el conflicto se había intentado terminar por la vía del diálogo, es hoy una realidad con fecha de caducidad.
En el pasado, gobiernos como los de los presidentes Belisario Betancourt y Andrés Pastrana habían intentado llegar a un acuerdo con guerrillas de este tipo, experiencias que quedan y brillan en la historia colombiana por el fracaso, la decepción y la "silla vacía". En otras ocasiones, como el proceso de paz con la guerrilla del M-19, cuyo resultado fue su desmovilización armada y la incorporación a la vida política de algunos de los insurgentes, los resultados fueron gratificantes. De tal manera que podemos decir que, desde el principio, el proceso actual no fue una novedad, pero quizás si podemos hablar de que se consagró como el más ambicioso de todos.
El 24 de marzo fue la fecha pactada desde el año pasado para firmar el acuerdo definitivo. Sería ese el momento en el que tendrían que estar pactados los últimos aspectos en el marco de un acuerdo configurado por seis puntos fundamentales, que han sido el foco de los debates entre las delegaciones de ambas partes reunidas en la Habana y en medio de un contexto hostil en Colombia. Quedó prevista dicha fecha de caducidad como el momento en el que se haría realidad ese repetido mensaje de "nada está pactado hasta que todo esté pactado". Y es que el 19 de noviembre de 2012 se negoció que la agenda de este proceso de paz tendría que tener seis puntos, y que a pesar de que estos se fueran aprobando uno a uno era necesario llegar a un acuerdo definitivo sobre todos para completar el proceso. Así pues, de esos seis puntos de la agenda se ha conseguido llegar a un acuerdo en cuatro de ellos: Desarrollo Agrario Integral (26 de mayo de 2013); Participación Política (6 de noviembre de 2013); Drogas ilícitas (16 de mayo de 2014); justicia transicional (23 de septiembre de 2015) y víctimas (diciembre de 2015). Dado este último paso, quizás el más difícil de las negociaciones, entramos en este año con las expectativas de lo que queda pendiente. Esto es, algunos temas concretos que quedaron por resolver dentro de los acuerdos mencionados y dos puntos que cerrarían el proceso: terminación del conflicto, en que se determinarían los sitios de ubicación de los frentes guerrilleros para el desarme; y la implementación, refrendación y verificación del acuerdo definitivo.
Hay que decir también que todos esos acuerdos se concretaron en medio de un contexto hostil, es decir, sin cese al fuego. Así lo recalcó numerosas veces el presidente Santos cuando explicaba que "en la Habana se negociaba la paz como si no hubiera guerra en Colombia, y en Colombia el conflicto continuaba como si no hubiera negociaciones de paz en la Habana". Un método que se llevó a cabo para evitar errores del pasado en los que el cese al fuego o territorios de despeje militar habían favorecido a las FARC para fortalecerse y continuar sus actividades ilícitas.
Así pues, durante estos tres años hubo momentos complicados y muestras de confianza. Por un lado el cese al fuego unilateral por parte de las FARC, irrespetado en numerosas ocasiones por ellos mismos, que se suponía indefinido pero que terminó tras un operativo militar que dejó un saldo importante de bajas y capturas por parte del ejército colombiano a este grupo terrorista. Por otro lado el gobierno colombiano tomó en un momento la determinación de suspender temporalmente los bombardeos a los campamentos de las FARC. Como estos dos ejemplos, en más ocasiones el proceso de paz estuvo en peligro de suspenderse y convertirse en otro intento fracasado de terminar con este conflicto de medio siglo por la vía del diálogo.
Aunque la paz es algo que queremos todos y en principio no parecería tener ningún tipo de oposición política, a lo largo de estos tres años importantes sectores de la política colombiana se han posicionado en contra de las actuales negociaciones en razón a una supuesta "paz sin justicia". Principalmente grupos políticos vinculados al ex presidente Álvaro Uribe, quienes junto a él han denunciado lo que ellos consideran como una excesiva permisión a favor de los guerrilleros. Las principales críticas del sector uribista dirigidas al proceso de paz van relacionadas con el último punto acordado de las negociaciones, el sometimiento a la justicia. Punto en el que se acordó la amnistía más amplia posible para los delitos políticos pero deja fuera de ese cobijo los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Para estos el acuerdo establece la creación de una jurisdicción especial para la paz que se encargará de juzgar y emitir condenas. Esta jurisdicción contempla dos tipos de procedimientos, uno para quienes reconozcan verdad y responsabilidad y otro para quienes no lo hagan o lo hagan tardíamente. De tal manera que las penas a las que se verán enfrentadas los criminales varían según su disposición a contar la verdad de sus delitos y la reparación de las víctimas. Así las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de cinco años y un máximo ocho de restricción efectiva de la libertad.
Aquellos que no reconozcan la responsabilidad en los carmines del conflicto y sean encontrados culpables podrán ser condenados con penas de prisión hasta de veinte años. Esta jurisdicción especial tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno ya sean de las FARC o los agentes del Estado que estén vinculados a delitos cometidos en el contexto del conflicto interno. Además, con la firma de este punto se acordó también el plazo que tendrá la organización terrorista para dejar las armas una vez firmado el acuerdo final, el cual está contemplado en sesenta días.
Ahora, llegados a este punto, la paloma de la paz corre desesperada por alcanzar la fecha pactada. Presionada por la impaciencia de los colombianos que llevan tres años con ilusión esperando que por esta vía, porque las otras ya se han intentado, se resuelva lo que no tiene motivos para seguir existiendo. Los mismos colombianos que marchaban en el 2007 y que como una marea blanca inundaron las avenidas de las principales ciudades del país y algunas del mundo con el grito de "ya basta". Los mismos colombianos que, con el dolor de un conflicto que deja heridas profundas y difíciles de sanar, son conscientes que las lágrimas y sangre derramas han sido suficientes. Sangre y lágrimas de un número de víctimas que supera los seis millones. Un conflicto que convierte a Colombia en el segundo país del mundo con más desplazados por la violencia después de Siria con más de cinco millones.
De las víctimas de otros delitos graves podemos hablar con las siguientes cifras respectivas a las personas que sufrieron otros crímenes de guerra: más de 130.000 amenazados, más de 90.000 desaparecidos, más de 21.000 secuestrados, casi 55.000 víctimas de algún tipo de acto de terrorismo, cerca de 95.000 homicidios y más de 540.000 personas afectadas por el asesinato de un ser querido, 10.500 víctimas de minas antipersonas, 6.500 casos de tortura, casi 7.000 de reclutamiento forzado de niños y 4.000 casos de violencia sexual. Este es el saldo que deja cincuenta años de un conflicto que ahora, como nunca antes, tiene la posibilidad de terminarse por medio de un proceso de paz cuya fecha de caducidad está fijada para el próximo 23 de marzo.
No obstante y a pesar de la ardua dedicación de los negociadores del Gobierno y las FARC en La Habana para concertar los puntos pendientes, el presidente Juan Manuel Santos abrió la posibilidad de ampliar el plazo previsto. Esto en razón que es más importante un buen acuerdo que cumplir con la fecha para firmar. Así se espera que la ampliación sea moderada y por ahora nos encontramos en un indefinido sprint final del proceso.