Profesor de Derecho Penal de la Usal
La situación política que vivimos los españoles desde las últimas elecciones generales es realmente insólita y no tiene precedentes en nuestra reciente historia democrática; porque, aunque nuestros representantes en las cámaras legislativas han sido elegidos democráticamente por sufragio universal, aún no se ha otorgado la confianza a quién será el futuro presidente de gobierno y, por ende, tampoco existe un nuevo ejecutivo que dirija la política interior y exterior, la administración civil y militar y a defensa del Estado, funciones que le asigna el artículo 97 de la CE.
Mientras tanto y en una situación transitoria (aunque esta transición, que normalmente se resuelve un mes después de la celebración de las elecciones generales, dura ya 3 meses, y lo que queda) existe un gabinete en funciones que sigue gobernando y controlando el resto de las instituciones administrativas y la información de los medios de comunicación públicos. Esto, que es producto del heterogéneo mosaico parlamentario que resultó de las elecciones del pasado 20 de diciembre, y lo que es absolutamente normal en muchos países, aquí se utiliza políticamente por el Ejecutivo en funciones para transmitir a la opinión pública que la situación genera inestabilidad; porque para los miembros del PP, la estabilidad solo ellos la garantizan. "O nosotros, o el desgobierno y la anarquía". Esa es la máxima que siempre han sabido utilizar políticamente. Y para ello les dio lo mismo, en la oposición, organizar manifestaciones en contra de la regulación del sistema de plazos del aborto (que, por cierto, luego no han derogado cuando han gobernado), que de la regulación civil del matrimonio entre homosexuales (que tampoco se han atrevido a revocar, a pesar de que interpusieran en su día recurso de inconstitucionalidad).
Y ya están enseñando la "patita" de lo que hacen cuando no controlan todas las instituciones, al no querer comparecer ante el Parlamento para rendir cuentas de su gestión política. Esto no es sólo un principio básico de los regímenes políticos democráticos, sino una exigencia constitucional, como todos sabemos, regulado en los artículos 108 y siguientes de la CE. El peregrino argumento es que no tiene que comparecer ante la actual composición del Congreso de los Diputados, puesto que no fueron estos Diputados los que invistieron al presidente del gobierno que propuso el nombramiento de los miembros de este gabinete en funciones. Una interpretación muy peculiar de la Carta Magna y con ciertas connotaciones de hipocresía política. No parece sostenible que la vicepresidenta del gobierno argumente que "no es cuestión de voluntad del Gobierno, sino de estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y, sobre todo, de respeto al régimen de democracia parlamentaria"(?). El ordenamiento constitucional es meridianamente claro y, desde luego, es motivo mas que suficiente para que el Congreso lleve esta decisión ante el Tribunal Constitucional, puesto que se está gestando un conflicto institucional grave y como ha definido algún parlamentario, tenemos un gobierno "en rebeldía".
La estrategia es clara, hay que ganar tiempo, no importa lo que en su día dictamine el Tribunal Constitucional, porque, si al final no hay nuevo gobierno y tienen que convocarse nuevas elecciones para el mes de junio, no pueden permitir que el mecanismo de control parlamentario permita conocer qué hay escondido en las trastiendas de los Ministerios, no vaya a ser que se descubran nuevas operaciones "Taula", "Pokémon" o se encuentren escondidas nuevas "cajas B", que provocarían nuevos escándalos y, probablemente, un resultado electoral poco agradable para los intereses del PP (aunque después de todo lo que ha llovido, las inundaciones asustan cada vez menos). El interés del gobierno es frenar, como sea, este tipo de iniciativas.
Por otro lado, si el gobierno tiene su gestión limpia y transparente, como manifiesta la vicepresidenta, ¿por qué negarse a ser controlado por el Congreso de los Diputados, como es lógico, racional, legal, coherente y sensato en todo Estado Social y Democrático de Derecho? Quizá por las mismas razones que el Congreso frenó en la pasada legislatura (con mayoría absoluta del PP) más de un centenar de peticiones de comparecencia del presidente del gobierno.
El gobierno no puede atribuir este tipo de iniciativas a intereses partidistas de uno u otro grupo político, sino que la iniciativa es un clamor de todos los grupos parlamentarios, incluido un diputado de UPN, socio del PP, que ha manifestado que el Ministro de Defensa, que no ha comparecido, debe hacerlo.